Irene Montero y Yolanda Díaz llegan al Gobierno de coalición para ocupar, respectivamente, las carteras de Igualdad y Trabajo. Por separado, les esperan ambiciosos retos en el horizonte, como el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género o la derogación de la reforma laboral. Pero no son menos los desafíos que encaran de manera conjunta. El tándem Montero-Díaz nace con una obsesión: erradicar la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. La agenda compartida de ambas ministras se compone de un listado de políticas feministas que vienen, en definitiva, a poner las pilas al Ibex 35.
Mujeres, feministas, defensoras de la clase trabajadora y ligadas a la ideología comunista desde su juventud. Montero (Madrid, 1988) y Díaz (Fene, A Coruña, 1971) tienen una ardua tarea durante esta legislatura. El documento programático que firmaron el PSOE y Unidas Podemos contiene un amplio apartado de políticas feministas en el que la igualdad laboral y salarial es piedra angular. Parte del listado viene a desarrollar lo que dejó pendiente el Gobierno de Pedro Sánchez en la anterior etapa.
Son muchas las tareas inacabadas, partiendo de la adopción de medidas para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que sigue sin aprobarse la prometida ley que garantice la igualdad en el ámbito retributivo. "Seguiremos trabajando para sacar adelante una Ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, a través, entre otras, de medidas como la transparencia salarial, obligando a las empresas a llevar un libro de salarios", recoge el programa.
También se comprometen a implantar de manera efectiva la obligación de contar con planes de igualdad para las empresas de 50 o más trabajadores y su inscripción en un registro "que se creará reglamentariamente". Se refieren al famoso registro que en teoría implantó por decreto el Ejecutivo socialista en una jornada tan representativa como el 8 de marzo, Día de la Mujer, pero que en la práctica nunca se desarrolló. La medida no es baladí, pues implica multas de hasta 187.515 euros para las empresas incumplidoras.
Díaz y Montero también asumirán durante sus mandatos la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad hasta las 16 semanas en 2021. La medida fue aprobada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y su implantación estaba prevista de manera gradual. Si bien deberán modificar las trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos, tal y como han firmado los socios de la coalición. También defienden el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, en el caso de personas trabajadoras con hijos o hijas, tras la reincorporación de un permiso de crianza, y hasta que los menores cumplan doce años.
Otra de las fijaciones de las titulares de Podemos es alcanzar la paridad en los consejos de administración del Ibex 35, donde actualmente solo hay un 20% de mujeres. En su artillería feminista incluyen la adopción de medidas para "garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los términos recogidos en la Ley de Igualdad 3/2007 en los organismos y órganos públicos y en los consejos de administración de las sociedades públicas y privadas, de forma progresiva en los próximo cuatro años".
Otro frente con los empresarios
Imponer la paridad por ley en los consejos de administración de las compañías es una idea que, a bote pronto, no gusta a los empresarios. El propio Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ha posicionado en público a favor de promocionar a las mujeres pero no por obligación legal. Él mismo ha incumplido el "equilibrio de género" prometido en la configuración de la cúpula de su patronal, con ocho vicepresidencias ocupadas por hombres y solo tres por mujeres.
En cualquier caso, los empresarios, por el momento, restan importancia a la agenda compartida de Igualdad y Trabajo. "Aunque lo anuncien y hagan ruido, no creemos que vayan a abrir un melón coercitivo", comenta un miembro de la Junta Directiva de la CEOE, que recuerda que "el panorama no está ahora mismo para abrir nuevos frentes con la patronal". En definitiva, bastante tienen en Diego de León 50 (la madrileña sede de la CEOE) con lidiar con la contrarreforma laboral que quieren ejecutar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En mitigar su impacto van a centrar todos sus esfuerzos en esta nueva etapa de diálogo social.
Pero Díaz y Montero van en serio con la igualdad laboral. No en vano, toca una de las políticas medulares de Unidas Podemos, el feminismo llevado a todos los terrenos, y no van a renunciar a ella. En su programa conjunto advierten de que potenciarán las inspecciones laborales, se incrementará el régimen sancionador y crearán la 'Oficina Estatal de lucha contra la discriminación', con especial atención a la que sufren las mujeres, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, para supervisar la igualdad en el acceso al empleo, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, especialmente las retributivas y en el acceso a la formación profesional, tanto del sistema educativo como para el empleo.
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