El proceso empezó hace meses y se ha relanzado la pasada semana, nada más confirmarse la configuración del nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas. La ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha activado a los equipos de la Dirección General de Tributos y al laboratorio de ideas del Ministerio -el Instituto de Estudios Fiscales- para tener sobre su mesa un menú lo más amplio posible de opciones para mejorar la tributación sobre la riqueza -incluidas las rentas de capital-, uno de los objetivos señalados como prioritario en el capítulo fiscal del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, según ha podido confirmar La Información de fuentes conocedoras.
El objetivo de Hacienda con este movimiento es disponer de un abanico de posibilidades para actuar sobre la imposición de la riqueza a lo largo de la legislatura, tal y como Pedro Sánchez se comprometió con Pablo Iglesias, que en su programa electoral defendía tomar las medidas que fueran necesarias para obtener una recaudación equivalente al menos a un 1% del PIB de los patrimonios superiores a un millón de euros.
Algunas de las medidas en ese sentido ya se conocen y fueron incluidas por Hacienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que no llegó a superar la aprobación del Congreso de los Diputados. Allí se recogían, por ejemplo, la subida del tipo máximo del IRPF en dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros y en cuatro puntos para las superiores a 300.000 euros o la subida de un punto del tipo del Impuesto de Patrimonio para los que acreditaran bienes y ganancias superiores a los 10 millones de euros. También otras medidas de distinta naturaleza pero orientadas al mismo colectivo -las grandes fortunas-, como un mayor control sobre las sicavs -uno de los instrumentos de ahorro preferidos de las grandes fortunas españolas- o el gravamen especial del 15% sobre las ganancias no distribuidas por las socimis, el instrumento de inversión inmobiliaria de moda entre inversores internacionales y las grandes fortunas familiares domésticas.
Revisión de arriba abajo de la fiscalidad sobre los ricos
Estas medidas, no obstante, no son más que la parte visible de la revisión integral que el Ministerio de Hacienda tiene previsto abordar durante esta legislatura sobre las figuras fiscales que gravan a las mayores fortunas del país. La Información ha tenido la oportunidad de hablar con algunas de las personas que han participado en los últimos meses en esa suerte de 'concurso de ideas' abierto por Hacienda para revolucionar la imposición sobre la riqueza y al que ahora se ha dado un nuevo impulso coincidiendo con la configuración de nuevo Gobierno de coalición.
El menú de opciones que a día de hoy está sobre la mesa del Ministerio de Hacienda afecta a la práctica totalidad de las figuras impositivas que gravan la renta y el patrimonio personal. En materia de Impuesto sobre la Renta, por ejemplo, más allá de la más que probable revisión de tipos impositivos sobre los tramos de renta más altos -por encima de los 130.000 euros- que se incluirá en el proyecto de Presupuestos para 2020, al igual que se hizo en el fallido de 2019, Montero ha solicitado información sobre una posible reconfiguración de la imposición sobre las rentas del capital, que ahora se mueve entre el 19% y el 23% en función de las ganancias obtenidas, de cara a aproximar su tratamiento fiscal al que reciben las rentas del trabajo.
En lo que respecta al Impuesto de Patrimonio los planteamientos que han llegado al Ministerio son diversos y van desde derogar su naturaleza temporal para instaurarlo de pleno derecho como una figura más del sistema tributario, a establecer un suelo obligatorio de tributación para evitar situaciones como la que se ha generado en la Comunidad de Madrid, adónde han acudido en masa las mayores fortunas del país atraídas por la exención total de que disfruta el impuesto en la región capitalina; o en su defecto detraer los recursos a los que las comunidades autónomas renuncien por este tipo de exenciones de los fondos a que tienen derecho dentro del sistema de financiación autonómica.
La ofensiva gubernamental puede alcanzar también a los impuestos sobre sucesiones y donaciones y, en concreto, a una de las deducciones más emblemáticas de ese tributo: la que reduce la carga fiscal sobre la transmisión de los negocios familiares. El asunto ya se apuntaba en el informe del comité de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica y según las fuentes consultadas también se ha puesto sobre la mesa de la actual titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, como opción para mejorar la aportación a las arcas públicas de las mayores fortunas del país.
La redacción de la norma estatal del Impuesto sobre Sucesiones exime por defecto en un 95% la transmisión por causa de muerte de la empresa individual, el negocio profesional o las participaciones en entidades heredadas por el sucesor. La práctica totalidad de los gobiernos autonómicos han elevado esa exención hasta el 99% y la han extendido igualmente a las transmisiones 'inter vivos', que grava el Impuesto sobre Donaciones, por lo que 'de facto' el tipo impositivo sobre estas transmisiones se sitúa en el 1% en casi toda España. Las propuestas que se han llevado a la mesa del Ministerio de Hacienda abogan por modular esta exención fiscal y reservarla a los pequeños negocios familiares, estableciendo un gravamen más elevado -al menos del 5% como dicta la norma estatal- para la transmisión entre familiares de empresas con niveles de facturación más elevados.
Más datos para disponer de un diagnóstico adecuado
El actual director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, un gran estudioso del sistema fiscal español, aseguraba hace menos de un par de años en una entrevista con La Información que en España los gobiernos habían perdido la capacidad de conocer la aportación fiscal real de las grandes rentas. Desde su aterrizaje en el órgano encargado de hacer cumplir las obligaciones fiscales de los contribuyentes, Gascón ha maniobrado para disponer de nuevas fuentes estadísticas que permitan aproximar la aportación real de las mayores fortunas del país a la caja común, como la nueva estadística de IRPF por códigos postales. El Instituto de Estudios Fiscales también ha contribuido en este diagnóstico respaldando informes sobre los movimientos de población que se producen como consecuencia de las rebajas fiscales en determinados impuestos, lo que se denomina 'dumping fiscal'.
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