Francia fue el primer país en abrir la veda. En 2019 se decidió a instaurar por su cuenta un impuesto para gravar con un 3% determinados servicios prestados por los grandes gigantes digitales (Google, Amazon, Facebook), aquellos con una facturación superior a los 750 millones de euros, que hasta entonces tributaban cantidades irrisorias en el país gracias a sus esquemas para localizar sus beneficios en territorios de baja tributación. La medida, defendida por la OCDE como un imperativo de justicia fiscal, provocó la airada reacción de la Administración Trump que tras una tortuosa negociación comercial optó por imponer aranceles de hasta el 25% sobre 63 partidas de productos 'made in France', algunos tan emblemáticos como cosméticos o complementos de moda, y terminó forzando al gabinete Macron a sacar la bandera blanca y buscar una solución negociada.
Por si la respuesta de la Casa Blanca no hubiera sido suficientemente rotunda, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) decidió abrir una investigación a otra veintena de jurisdicciones que o bien ya habían implantado un impuesto similar o estaban en vías de hacerlo, entre ellas la Comisión Europea y España, bajo la amenaza de imponer nuevos aranceles si de la misma se desprendía que dichos esquemas fiscales perjudicaban los intereses comerciales de los Estados Unidos. La ministra de Hacienda y portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, impulsora de la implantación de la denominada 'tasa Google' en España, salió a la palestra al poco de trascender la extensión del conflicto para advertir que ni España ni la Comisión Europea aceptarían ningún tipo de amenaza por la orientación de su política fiscal, sin embargo cuando ha llegado el momento de defender ante el Gobierno de los Estados Unidos los intereses y la soberanía de la política fiscal española el Ministerio de Hacienda ha dado un paso a un lado y ha dejado el asunto en manos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Reyes Maroto.
Fuentes del Gobierno confirman que ha sido el ministerio dirigido por Maroto el que ha asumido el 'papelón' de defender ante la Administración Trump la iniciativa del Ejecutivo de establecer un impuesto sobre los gigantes digitales en el marco del proceso de investigación abierto por la USTR, que como se advierte en los informes elaborados por la Embajada de España en Estados Unidos "en caso de constatar que dichas tasas tienen un componente discriminatorio o restringen el comercio, podría imponer medidas de represalia equivalentes al comercio afectado".
El Gobierno de España tenía hasta el pasado 15 de julio, según confirman a La Información fuentes gubernamentales, para presentar sus alegaciones en la investigación abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y ha sido la Secretaría de Estado de Comercio la que se ha encargado de transmitir la posición del Gobierno español. Fuentes del Ejecutivo atribuyen este 'traspaso' a la dimensión comercial del litigio abierto por la Administración Trump, cuyas consecuencias no afectarían de forma directa en ningún caso al proyecto legislativo impulsado desde el Ministerio de Hacienda sino al coste de entrada de las exportaciones españolas en Estados Unidos. Desde el Ministerio de Hacienda se limitan a asegurar que es un asunto "que le corresponde a Comercio" y que han colaborado en la elaboración de las alegaciones. No hacen comentarios, sin embargo, ni sobre el sentido de las alegaciones ni de los argumentos esgrimidos en defensa del impuesto español y su presunto carácter neutro sobre los intereses comerciales de EEUU en España.
Dudas en el Congreso de los Estados Unidos
Al Ministerio de Industria le espera un arduo trabajo por delante. Presionado ya por la decisión de la Administración Trump de mantener los aranceles a toda una serie de productos españoles, especialmente del sector agroalimentario y con especial incidencia sobre el aceite de oliva envasado, ahora se juega en la negociación la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos decide apretar aún más las tuercas a las exportaciones españolas al país con nuevas cargas. La política proteccionista de la Presidencia de Donald Trump ha tenido efectos devastadores sobre la balanza comercial de España con Estados Unidos. En 2019, los 13.740 millones de euros que sumaron las exportaciones españolas al país, después de experimentar un desplome del 7,5% por el efecto de los nuevos aranceles y las medidas antidumping introducidas por Washington, apenas alcanzaron para cubrir el 88,5% de las importaciones de bienes, que sumaron 15.534 millones tras tener un crecimiento por encima del 17%.
La amenaza implícita de la investigación abierta por la Administración Trump es la imposición de una serie de aranceles para compensar el eventual impacto que la célebre 'tasa Google' tendría sobre las operaciones comerciales de los grandes gigantes tecnológicos estadounidenses. Hay que recordar que el Gobierno de España confiaba en ingresar entre 800 y 1.000 millones de euros con este nuevo impuesto y la mayoría de esos ingresos se obtendrían a costa de los Google, Facebook y compañía.
El Gobierno puede contar en este pulso con un inesperado aliado. El informe del servicio de investigación del Congreso, una suerte de órgano independiente que ofrece una evaluación no partidista de las iniciativas del Gobierno, sobre la ofensiva comercial del Gobierno de Washington contra los impuestos digitales que se están imponiendo en todo el mundo desarrollado deja en el aire la pregunta de si Estados Unidos debería meterse en una batalla comercial que puede acabar en un arbitraje de la OMC o en una espiral de medidas comerciales punitivas hacia las exportaciones estadounidenses por parte de los países afectados.
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