Montero espera sacar 400 millones de 1.070 empresas con el tipo mínimo

El Ministerio de Hacienda espera obtener 400 millones de euros extra con la implantación a partir del año 2022 del tipo mínimo del 15% sobre la base imponible en el Impuesto de Sociedades, según ha concretado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La medida afectará a 1.070 empresas, del universo de más de 12.000 a las que se podría aplicar potencialmente por acreditar una facturación superior a 20 millones, aunque la ministra no ha cerrado la puerta a replantear el alcance de la medida en función de las conclusiones que obtenga el Comité de Expertos o de los consensos que se vayan alcanzando a nivel internacional sobre el asunto, una vez que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo ha situado como prioridad de la fiscalidad internacional para los próximos años.

La ministra ha especificado que el Gobierno se ha decantado finalmente por incluir en los Presupuestos la versión del tipo mínimo que ya se incluyó en el proyecto de Presupuestos de 2019, que el Congreso rechazó y que por tanto nunca vio la luz, y por tanto se aplicará a las entidades que facturen más de 20 millones de euros y se calculará - como ya había avanzado la ministra-  sobre la base imponible, y no sobre el resultado contable, lo que impedirá que esa recaudación extra se vaya hasta los 2.700 millones de euros, según los cálculos que baraja a nivel interno el propio Gobierno.

La estimación trasladada este jueves por el Gobierno implica que el millar de empresas a las que afectará este tipo mínimo experimentarán una subida media de su carga fiscal de más de 373.000 millones de euros.

La ministra de Hacienda ha advertido, además, que el Gobierno no cierra la puerta a replantear este tipo mínimo en función de las conclusiones que alcance el Comité de Expertos o de la orientación que tome el debate global sobre el asunto, que ha alineado nada menos que a 130 países en el objetivo de adaptar sus impuestos de sociedades para impedir que las grandes multinacionales esquiven la acción de las administraciones tributarias. 

La introducción en la legislación española de un suelo tributario para los impuestos que pagan las empresas, pese a su escaso potencial recaudatorio, que según grandes empresas y fiscalistas será aún menor que esos 400 millones pintados por el Gobierno, será la principal novedad tributaria de 2022. María Jesús Montero ha recordado que la gran reforma fiscal se abordará en 2023 y ha precisado que más allá del tipo mínimo, el paquete fiscal de los Presupuestos se limitará a prorrogar el sistema de módulos del IVA y del IRPF "en línea con lo solicitado por las organizaciones de autónomos", ha dicho, y una nueva vuelta de tuerca a las desgravaciones por planes de pensiones, que se reducirán algo más para los planes de aportación individual y se ampliará un punto más para los planes colectivos de empleo.

Más ingresos para reducir el déficit

La ausencia de medidas fiscales no impedirá una generación más que significativa de ingresos. La parte de ingresos del Presupuesto de 2022 aumentará un 8,1%, lo que Montero - escaldada por las críticas que han cosechado sus previsiones de ingresos en anteriores versiones de las cuentas públicas - ha calificado como prudente en un marco en el que el PIB nominal crecerá un 8,6%, es decir, más que la previsión de ingresos.

Esos ingresos extra servirán para sostener un objetivo de reducción del déficit que prevé su rebaja desde el 8,4% con el que se espera cerrar 2021 hasta el 5% presupuestado para 2022...a pesar de que el Gobierno no dará este año que viene ni un solo paso atrás en materia de gasto. Los miles de millones que se liberarán por el repliegue de las medidas del escudo social - ERTE, cese de actividad, moratorias...-, la reducción del desempleo y la reducción en un 4% de los gastos financieros derivados del servicio de la deuda servirán para financiar otras políticas de gasto como el bono cultural, el bono joven para acceso a la vivienda, la subida de las pensiones, la subida de los funcionarios...

Todo un abanico de medidas que ensanchan la carga de gasto estructural del Presupuesto, precisamente aquello sobre lo que Bruselas no deja de advertir a España, a la que pide aprovechar los fondos europeos para impulsar la inversión - algo que los Presupuestos de 2022 hacen con una inversión récord de 40.000 millones de euros prevista para el año que viene -, pero también contener sus gastos de funcionamiento, algo que el Gobierno no se ha planteado en sus cuentas del año que viene.

Los 'presupuestos de la recuperación justa' mantienen la intensidad de los años de la pandemia en cuanto a niveles de gasto, con niveles históricos de gasto en pensiones, becas, ayudas sociales..., y fían el ajuste de las cuentas del Estado a la generación de ingresos que vendrán de la recuperación económica y de la aplicación de los fondos europeos, que en un volumen superior a los 27.000 millones esperan ejecutarse el año que viene.