La polémica transposición que el Gobierno de España ha realizado de la no menos controvertida directiva europea DAC 6, que obliga so pena de sanción a los asesores fiscales a comunicar al Ministerio de Hacienda las operaciones de sus clientes cuando se entienda que éstas se apoyan en un esquema de 'planificación fiscal agresiva' y que tiene en pie de guerra al colectivo por entender que dinamita el principio del 'secreto profesional' que consideran debe regir las relaciones con sus clientes, no sólo mejorará de forma sustancial el control que el Fisco va a poder ejercer sobre las operaciones con consecuencias tributarias más inciertas sino que va a abrir una nueva fuente de recursos para las necesitadas arcas de la Administración del Estado.
Así lo admite el propio Ministerio de Hacienda en la documentación oficial que acompaña a su proyecto normativo, en la que admite que las modificaciones introducidas en la Ley General Tributaria como consecuencia de la adaptación a la legislación española de la directiva europea tendrán en general "un efecto positivo sobre el erario público". Hacienda rechaza estimar el impacto concreto en recaudación que la activación de la DAC6 tendrá sobre las cuentas del Estado, por la incertidumbre en relación al volumen de operaciones 'sospechosas' que se comunicarán y a las potenciales consecuencias que se pueden acarrear de dichos informes, pero no oculta que espera un impacto más o menos relevante en los ingresos de este entramado regulatorio.
La ofensiva internacional que en el plano fiscal se desencadenó tras la Gran Crisis de hace una década, cuando los ingresos fiscales de los países cayeron a plomo, tuvo como consecuencia un cambio de enfoque de las Administraciones Tributarias hacia estas prácticas elusivas de los contribuyentes, que pasaron de considerarse una práctica legítima, una economía de opción, a verse como un recursos abusivo y muy dañino para la justicia fiscal...y las arcas públicas.
Las expectativas de recaudación extra del Ministerio de Hacienda se asientan básicamente en dos vectores. Por una parte, se espera que el nuevo flujo de información que se obtendrá de los reportes de los asesores sobre ese segmento de operaciones más controvertidas en las relaciones de los contribuyentes con el Fisco aportará un material que la Inspección de Hacienda podrá explotar a efectos de control tributario y que originará la reclamación de nuevas deudas tributarias. Conviene recordar aquí que los esquemas de 'planificación fiscal agresiva' de los que habla la directiva europea no tienen porqué constituir una acción ilegal o contraria a la normativa tributaria, sino que más bien se sitúan al filo de la misma o en los ángulos muertos que toda ley se deja.
Ahí reside, de hecho, una de las principales objeciones que asociaciones de asesores fiscales como Aedaf han realizado al proyecto del Gobierno. Acusan al Ejecutivo de ir más allá de lo que exige la Directiva y establecer un esquema mucho más estricto para los profesionales tributarios y más agresivo para los contribuyentes del que existe en otros países, lo que puede desembocar en que muchos grandes clientes opten por contratar los servicios de despachos de otros países para evitar ese exceso de celo que denuncian en España.
La otra fuente de ingresos que adivina Hacienda es la derivada del régimen sancionador establecido para los eventuales incumplimientos de las obligaciones formales de información que pesan sobre los intermediarios tributarios. El régimen sancionador ha experimentado un endurecimiento en el camino desde el proyecto inicial planteado por el Gobierno hasta el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros, en el que la sanción pecuniaria fija por cada datos o conjunto de datos ignorados en las declaraciones informativas se ha duplicado desde los 1.000 euros iniciales a los 2.000 euros del proyecto definitivo, así como la sanción mínima que ha pasado de 3.000 a 4.000 euros.
En parte esta circunstancia ha sido alentada desde el Consejo de Estado que en el preceptivo informe que evacuó sobre este proyecto legal ya advirtió de que en una comparativa internacional "la cuantía de las sanciones es en estos países superior, cuando no muy superior, a la establecida en el anteproyecto de ley". El Gobierno le ha escuchado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios