La 'versión suave' del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades que el Gobierno se ha avenido finalmente a incluir en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, tras la fuerte presión ejercida por Unidas Podemos en las últimas semanas, evitará a las principales empresas del país tener que pagar en torno a 2.700 millones de euros extra en impuestos, según estimaciones de impacto recaudatorio que barajaba el Gobierno y a las que ha tenido acceso La Información.
Esos cálculos estimaban el potencial impacto en la recaudación del Impuesto de Sociedades del establecimiento por ley de un suelo de tributación del 15% a las grandes empresas, entendidas como aquellas que facturan más de 20 millones de euros al año, tomando como referencia su resultado contable. El acuerdo presupuestario alcanzado entre el área socialista del Gobierno y el área de Unidas Podemos prevé sin embargo, como aclaró en la tarde del martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la aplicación de ese tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, lo que le restará buena parte de su poder recaudatorio, según recalcan fuentes que han participado en el diseño de la propuesta.
No es ninguna sorpresa. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, también pactado por el Partido Socialista con Unidas Podemos cuando aún no constituían un gobierno de coalición, ya previó la implantación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre la base imponible para todas las empresas que facturaran más de 20 millones de euros. Fuentes empresariales estimaron entonces que con esa configuración el suelo fiscal solo se aplicaría sobre "una o dos empresas". El Gobierno no publicó entonces ninguna estimación oficial del impacto recaudatoria que tendría la implantación del tipo mínimo de Sociedades.
Las estadísticas de la Agencia Tributaria proporcionan una información muy significativa al respecto. Según los últimos datos que clasifican a las empresas por sus volúmenes de facturación y por el tipo efectivo que pagan, que corresponden al ejercicio de 2018, el tipo medio efectivo sobre la base imponible que pagan las grandes empresas españolas se sitúa en todos los tramos holgadamente por encima de ese 15%: las que facturan entre 20 y 60 millones pagan un tipo efectivo del 22,3%; las que están entre 60 y 100 millones, un 22%; las que facturan entre 100 y 1.000 millones, um 20,8%; y las que facturan más de 1.000 millones, un 19,3%.
La cosa cambia, sin embargo, cuando se traza la comparación sobre el resultado contable. Con esa referencia, de entre todo el universo de las grandes empresas, sólo las que tributan entre 20 y 100 millones acreditan un tipo efectivo medio superior al 15%. Las cerca de 2.000 sociedades que facturan más de 100 millones se sitúan por debajo de ese umbral, con tipos efectivos que oscilan entre el 12,4% y el 7,2%, decrecientes según aumenta el nivel de facturación. Y es ahí dónde los técnicos que han elaborado las proyecciones que ha barajado el Gobierno en los últimos años encontraban los 2.700 millones de euros extra de ingresos, que salían en sus aproximaciones de impacto recaudatorio.
Las empresas que aportan el 60% de la recaudación
Desde el área económica del Gobierno no se ha ocultado en ningún momento el rechazo a incrementar las cargas fiscales de las empresas en un momento en que éstas, incluso las grandes, están empezando a recuperarse del 'shock pandémico' y necesitan de la mayor cantidad de recursos no sólo para apuntalar su situación financiera sino también para respaldar las inversiones con fondos europeos del Plan de Recuperación del Gobierno. La implantación de un tipo mínimo sobre el resultado contable incrementaría de forma significativa - en torno a un 20% - la carga fiscal que soportan las principales empresas del país, las que están llamadas a apoyar con sus inversiones los principales proyectos del Gobierno.
La objeción está diagnosticada en el área económica del Gobierno, como también lo está el riesgo de revuelta jurídica por parte de las empresas si se les obligara a tributar por beneficios que ya han pagado impuestos en el extranjero, incumpliendo lo establecido en los convenios de doble imposición regulados por la OCDE. Un riesgo que también ha inhibido los intentos - que los ha habido - del Gobierno por aplicar el tipo mínimo sobre el resultado contable.
A falta de que el Ministerio de Hacienda revele los detalles de la medida - se había valorado la posibilidad de elevar el umbral de 20 millones de facturación que se fijó en 2019 - la recuperación del esquema de tipo mínimo que se diseñó en 2019 implicaría la sujección a ese suelo impositivo de un universo de más de 12.000 empresas, que constituyen apenas un 0,7% de la cifra total de declarantes del Impuesto sobre Sociedades, como subrayó de forma reiterada en su día la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que aportan el 60% de la recaudación efectiva del mismo.
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