La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido cambiar a su peón para todo lo relacionado con la financiación autonómica en un movimiento que supone la primera salida no forzada de un miembro del núcleo duro andaluz del Ministerio, pero también un cambio de paradigma en el enfoque ministerial en relación a uno de los asuntos más enrevesados que el Gobierno deberá adoptar en la legislatura, la reforma de la financiación autonómica, según aseguran fuentes próximas al Departamento que dirige la ministra.
La primera lectura que trasladan estas fuentes es que Montero ha cambiado a un experto en el funcionamiento del actual sistema de financiación autonómica, Diego Martínez López, por una experta en el funcionamiento de los mercados de deuda, Inés de Olóndriz, responsable de los informes sobre administraciones territoriales de España y Reino Unido del Área de Finanzas Públicas Soberanas de Standard & Poor's y desde el pasado martes secretaria general de Financiación y Autonomía Local del Ministerio, en sustitución de Diego Martínez.
Las fuentes consultadas definen a Inés de Olóndriz como una experta en el funcionamiento de los mercados de deuda soberana, que conoce bien el sistema de financiación territorial, pero quizá con un conocimiento menos profundo de los vericuetos y complejos mecanismos de nivelación del mismo que su predecesor, que en los últimos años se había ganado el respeto del no muy extenso grupo de expertos en esta materia por su solvencia profesional y que en el año y medio que ha permanecido en el cargo ha conducido los trabajos técnicos para disponer del abanico de alternativas de ajuste que le había solicitado la ministra Montero.
Desde esta perspectiva se interpreta la llegada de la hasta ahora analista de S&P como un cambio en el enfoque respecto a la financiación autonómica del Gobierno. El punto de vista técnico sobre la redefinición de los diferentes aspectos del sistema se hace a un lado para abrir paso a un planteamiento más operativo, sobre cómo la financiación autonómica debe resolver el problema de endeudamiento que arrastran las CCAA.
Alrededor de 175.000 millones de euros pendientes
El problema tiene una dimensión respetable. Las comunidades autónomas arrastran un endeudamiento superior a los 300.000 millones de euros y una deuda de más de 175.000 millones de euros como consecuencia de la financiación extraordinaria recibida en los últimos años a través del Fondo de Liquidez Autonómica, conocido como FLA, el Mecanismo de Facilidad Financiera y el Fondo de Pago a Proveedores, que les ha permitido atender los compromisos de gasto adquiridos e infinanciables, y compensar la incapacidad de las comunidades autónomas para conseguir financiación en los mercados.
Los esfuerzos realizados por algunos gobiernos de CCAA en el último año por aprovechar el favorable contexto de mercado y reducir su dependencia de la financiación estatal han servido para recortar en unos 5.000 millones la cuenta pendiente de las autonomías, que aún así continúan arrastrando un pasivo con el Estado elevadísimo e insotenible, según denuncian algunos gobiernos autonómicos.
Desde algunos ejecutivos regionales como el valenciano se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de medir lo que catalogan como deuda ilegítima, por derivarse de las insuficiencias de financiación derivadas del actual modelo de financiación autonómica, y abordar una quita de la misma para normalizar la situación y habilitar el retorno de las comunidades autónomas a los mercados de deuda.
El último informe sobre la situación de las administraciones territoriales españolas elaborado por Inés de Olóndriz para Standard & Poor's asumía el argumento de la deuda ilegítima de las comunidades autónomas, al atribuir el endémico desequilibrio de las cuentas regionales incluso en un contexto de elevados crecimientos a las insuficiencias generadas por el diseño del sistema, y abogaba por algún mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica para dar oxígeno a los gobiernos regionales y permitirles asomarse de nuevo a los mercados.
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