La próxima reforma fiscal será verde y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere acomodar la composición del Comité de Expertos que definirá la hoja de ruta del futuro de la fiscalidad en España a esa circunstancia. Y qué mejor forma de hacerlo que fichando para el grupo al fiscalista de referencia en la materia en España , Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, director del 'think tank' Economics for Energy y representante español en el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU.
El de Labandeira es uno de los nombres que ha figurado desde el minuto uno en la lista de fiscalistas que maneja el Ministerio de Hacienda desde hace semanas para configurar su Comité de Expertos y, según fuentes conocedoras de los trabajos para la configuración de este grupo, su presencia en el Comité se da por hecha en el seno del Gobierno. Le acredita su carácter referencial en el ámbito de la fiscalidad verde, su prestigio internacional y según las fuentes consultadas también su papel como inspirador de algunas de las nuevas figuras tributarias de carácter ambiental que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha impulsado en los últimos meses, como el impuesto al diésel - ahora comprometido en el trámite de enmiendas a los Presupuestos de 2021- o el impuesto a los plásticos de un solo uso que el Ministerio de Ribera incluyó en el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
Ya dijo María Jesús Montero en la presentación del proyecto presupuestario en el Congreso que "la fiscalidad del siglo XXI pasa por la fiscalidad verde" y la intención de Hacienda es que el economista gallego aporte las ideas que den contenido a ese planteamiento. Algunas de las que Labandeira ha venido defendiendo ya las ha comprado el Gobierno de antemano como la implantación de un impuesto sobre el transporte aéreo, para compensar sus emisiones contaminantes, o la posibilidad de ajustar la fiscalidad sobre el combustible a las emisiones de cada tipo de vehículo, penalizando a los automóviles más contaminantes.
El despliegue de la fiscalidad verde tiene un carácter estratégico para el Gobierno. Por una parte, porque desde el primer momento Pedro Sánchez ha convertido la transición hacia una economía menos contaminante en una prioridad política de su gabinete hasta el punto de dar a su máxima responsable el rango de vicepresidenta en el último gobierno. Por otro, porque tanto la Comisión Europea como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han identificado en los impuestos verdes el mayor filón a disposición del Gobierno de España para conseguir nuevos ingresos. Un informe de la Airef sobre el particular difundido hace ahora algo más de un año señalaba que España podría recaudar cerca de 7.000 millones de euros extra si se pusiera al nivel del resto de Europa en lo que se refiere a la fiscalidad verde, aunque hay algún escenario elaborado en Bruselas que indica que se podrían llegar a recaudar hasta 12.000 millones más.
El Gobierno apenas si ha empezado a cerrar esa brecha con Europa. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 descuenta que el próximo año la fiscalidad verde aportará algo más de 1.800 millones de euros al necesitado capítulo de ingresos de las cuentas públicas, gracias a la aún incierta reducción de la bonificación fiscal de la que aún disfruta el diésel (450 millones en 2021 y 50 millones más en 2022) y a la esperada entrada en vigor de dos medidas fiscales procedentes de proyectos normativas de la Vicepresidencia de Transición Ecológica: la nueva tasa sobre residuos (861 millones) y el impuesto a los plásticos de un solo uso (491 millones).
Moncloa quiere meter a 'sus expertos'
El proceso de selección de los expertos en fiscalidad que constituirán el Comité comprometido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado mes de octubre, en parte también para justificar el retraso de buena parte de las medidas fiscales que PSOE y Unidas Podemos habían pactado en su Pacto de Gobierno, está siendo algo más ajetreado de lo que se preveía. La idea inicial de Hacienda era resolver la configuración del grupo de expertos con cierta rapidez a partir de un listado de nombres en el que, según las fuentes consultadas, figuraban colaboradores habituales del Instituto de Estudios Fiscales - el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda -; académicos de prestigio, algunas de la 'celebrities' con un perfil más público por su exposición mediática y varios de los expertos de cabecera de los que suele tirar el PSOE para configurar sus propuestas tributarias.
Hacienda se ha encontrado, no obstante, con la intervención inesperada de Moncloa en el proceso. Varias fuentes consultadas del sector tributario dan cuenta de la intervención de Presidencia del Gobierno en la configuración del grupo de expertos, tanto para vetar determinados nombresr como para aportar algunas opciones que no figuraban en la lista inicial elaborada por el Ministerio de Hacienda.
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