La prórroga del decreto anticrisis no introducirá cambios en la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Hacienda ha cerrado definitivamente la puerta a modificar el esquema de ayudas al carburante en la línea de introducir una mayor progresividad acotando los potenciales beneficiarios a las familias con un menor nivel de renta. Se trata de un planteamiento defendido por el flanco de Unidas Podemos dentro del Gobierno e impulsado por la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero la responsable del control del gasto y de la recaudación se ha impuesto en este punto de las negociaciones tumbando cualquier posibilidad de tocar las condiciones por la complejidad técnica y práctica que ello implicaría.
Díaz ha criticado la medida tomada por su propio Gobierno por considerar que no es del todo justa y, a tenor de los datos, no ha logrado bajar de forma efectiva la factura de los usuarios en las gasolineras. "No es correcto seguir subvencionando sin sesgo de renta y seguir subvencionando combustibles fósiles", aseguró el pasado martes. No solo la vicepresidenta, también el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha peleado en las negociaciones con el PSOE para introducir cambios en la bonificación de la gasolina que permitan que efectivamente llegue a los más vulnerables. E incluso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha expresado que lo razonable sería centrar el esfuerzo fiscal en las familias con menos renta, en lugar de optar por subvenciones universales.
El debate ha sido intenso en el seno del Ejecutivo, pero finalmente se ha impuesto la visión de la ministra de Hacienda, que considera conveniente que la clase media, que es la que proporcionalmente más impuestos paga, también se beneficie de la bonificación del combustible. Así lo defienden fuentes de su departamento que esgrimen también la gran "complejidad técnica y práctica" que supondría incorporar una distinción por renta. "¿Cómo van a justificar sus datos fiscales los clientes ante los responsables de las estaciones de servicio? ¿Van a presentarles su declaración de la renta? Es imposible", zanjan desde el equipo de Montero.
Vincular el descuento a los carburantes a la renta de los ciudadanos no es una tarea sencilla, tal y como argumentan desde el Ministerio de Hacienda. De hecho, los técnicos de Hacienda (Gestha) reconocen que, aunque "en un plano teórico, sería posible", la forma de gestionarlo "sería muy complicado". Desde Gestha ya advirtieron que se trataba de una medida "regresiva" y que la continua subida de los carburantes "reduciría el efecto de la ayuda". Esta situación se ha producido en las últimas semanas, ya que el incremento de los precios ha absorbido parte de los 20 céntimos de bonificación que aprobó el Gobierno. Además, los técnicos critican que el descuento impulsa, en cierto modo, el consumo de carburantes, algo que consideran "contradictorio con el compromiso de descarbonización" que marca la agenda del Ejecutivo.
Los inspectores de Hacienda (IHE) plantean algunas fórmulas para que el descuento estuviera relacionado con los recursos de cada ciudadano. En primer lugar, creen que una opción podría ser "vía impuesto negativo en la declaración de la renta". De esta forma, las personas que consuman carburante y que tengan unas rentas inferiores al umbral que determinase el Gobierno podrían deducirse la bonificación al presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). La otra posibilidad que ofrecen es la de dar "una acreditación a las familias, cuyos titulares tendrían que mostrarlo en las gasolineras para obtener la rebaja". Los inspectores consideran "razonable" esta opción porque se asemeja a la que se aplica con el bono eléctrico.
Pero Montero ha descartado todas las opciones y finalmente mantendrá la rebaja lineal de 20 céntimos por litro de combustible en la primera prórroga del decreto antiinflación, que inicialmente se extenderá hasta el 30 de septiembre. Unidas Podemos han pedido al socio mayoritario del Gobierno mantener el escudo social y mejorarlo, incorporando nuevas medidas adicionales al tope del 2% a las subidas del alquiler o a la mejora del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Hay acuerdo en la aceptación de que la situación obliga a dar una vuelta de tuerca a las medidas aprobadas en marzo y convalidadas en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de Bildu porque la guerra en Ucrania continúa y la escalada de precios no cesa.
Entre otras medidas, UP ha pedido subir las pensiones no contributivas un 15%, medida que incorporará el decreto gracias al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá y Bildu a cambio de su abstención en la nueva regulación de los fondos de pensiones. Derechos Sociales también está promoviendo una reducción de todas las modalidades de abono de transporte público hasta los 10 euros, para lo que se crearía un fondo de 560 millones de euros. También se está negociando una modificación del bono social para ampliar su alcance a dos millones de familias y una ampliación del escudo social para prohibir los cortes de suministros, tanto de luz y gas como de agua.
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