El 40% de las cajetillas de tabaco que venden los estancos españoles se adquiere en las máquinas expendedoras de los bares, en lo que el sector denomina segundo canal. Y ahí es donde el Ministerio de Hacienda ha decidido actuar para garantizar el cumplimiento del nuevo marco jurídico europeo contra el contrabando y por la seguridad de los productos de tabaco. La Directiva europea nada dice sobre el control de este segmento de comercialización, pero el Gobierno de España ha decidido ir un paso más allá animado por la singular relevancia de ese canal de comercialización en España y también por el puñado de casos de fraude detectados en el mismo.
Lo que ha hecho el departamento de María Jesús Montero, básicamente, es emitir una orden ministerial que convierte a los estanqueros no sólo en comercializadores sino en operadores económicos - un rango en principio reservado a productores y distribuidores - y les obliga a informar al Comisionado del Mercado del Tabaco de los flujos de entrada y salida de cajetillas hacia las máquinas expendedoras, las facturas asociadas a este flujo y también los cobros efectivos por esta actividad.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda el objetivo de esta norma no es otro que garantizar la trazabilidad total del producto desde el momento de su fabricación hasta su adquisición por el consumidor final, se produzca ésta en el estanco o en una máquina expendedora, para evitar todo lo posible la introducción de productos ilegales en el proceso de comercialización del tabaco. El problema, según el presidente de la Amett, Ramón Pérez, es que esa trazabilidad ya está garantizada en el momento que el producto llega al estanco y las obligaciones que impone esta Orden amenazan con generar a las expendedurías unas cargas económicas y administrativas que incluso pueden dejar de hacer rentable la operativa de este 'segundo canal' para "un buen número de estancos".
Amett ha optado directamente por llevar la Orden Ministerial de la discordia a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con la intención de anular la disposición que convierte a los estancos en operadores económicos y de paso librarles de la obligación, en su opinión absurda, de tener que 'marcar' las cajetillas que distribuyen a las máquinas expendedoras. "Las máquinas expendedoras son, de hecho, una extensión de los estancos. La ley obliga a que los establecimientos que quieran instalar una máquina de este tipo opten por uno de los tres estancos más cercanos a su ubicación para proveerse de cajetillas, cuando uno compra tabaco en una máquina se puede saber de qué estanco viene, incluso el recargo por venta de 15 céntimos está fijado por la normativa. No hablamos de es un mercado libre es un mercado totalmente regulado.", explica Ramón Pérez, para explicar la, en su opinión, nula necesidad de establecer ese control de 'última milla'.
Las quejas del sector se centran en las nuevas responsabilidades de registro que la norma les impone y que les obligarán, en primer lugar a adquirir en la Fábrica de Moneda y Timbre un Código Identificador de Operador Económico antes del próximo 1 de octubre, a actualizar sus programas informáticos y, sobre todo, a dedicar muchas más horas al cumplimiento de sus obligaciones administrativas. El presidente de la Asociación de Madrid de Expendedores de Tabaco y Timbre (Amett), Ramón Pérez, lo resume así: "A los estancos que provean a un centenar de bares con máquinas expendedoras no les quedará más remedio que contratar a alguien, ajustar unos márgenes ya muy estrechos y seguir adelante, pero a los que solo tengan dos o tres les resultará más rentable dejar ese canal de comercialización que asumir el coste que se derivará de estas nuevas obligaciones".
Otro paso en la lucha contra el contrabando de tabaco
Una de las cuestiones que más incomoda a los estanqueros es tener que actuar de este modo cuando su respaldo a la Directiva europea es total. "En la Asociación recogemos la satisfacción generalizada de todos los estanqueros con la implantación del sistema de trazabilidad, que dificultará más la laboral de los amigos de lo ajeno, traficantes y piratas, pero no estamos de acuerdo con que la trazabilidad llegue hasta las máquinas. Con que el tabaco trazado llegara hasta el estanco es suficiente para realizar el control sobre el contrabando, las falsificaciones, los maquinistas piratas, etcétera", señalan una nota interna a sus asociados.
El exceso de celo del Ministerio de Hacienda, que niega que estas medidas sobre los estancos respondan al objetivo de controlar de forma más estrecha el contrabando, viene justificado por el agujero recaudatorio que la venta de tabaco ilegal genera al erario público y que la CEOE estimó en su día en unos 1.000 millones de euros, un 10% de la recaudación fiscal potencial que podría generar este producto.
Los estanqueros recuerdan que si bien el hecho de que el 16% del tabaco que se consume en España provenga del canal ilegal perjudica de forma clara a las arcas públicas también lo hace, y de forma no menos evidente, al canal regulado, en el que los estancos son el principal actor.
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