Exigen un criterio claro para evitar litigios

Montero se mete en un lío con el Ibex por el trato al sueldo de los consejeros

Grandes empresas trasladan su malestar al jefe de la Agencia Tributaria por una campaña de actuaciones contra la forma de tributar por los vehículos de empresa y la retribución de los administradores.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
EP

Algunas de las principales empresas del país han trasladado al director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, su malestar por una serie de actuaciones llevadas a cabo por el organismo en empresas cotizadas contra las deducciones que éstas se aplicaban en el Impuesto de Sociedades por las retribuciones abonadas a sus consejeros con funciones ejecutivas. Se quejan de que el Fisco se ha amparado para estas actuaciones en una sentencia del Supremo referida al tratamiento fiscal que deben tener esas retribuciones en las empresas no cotizadas y afean al organismo no haber definido un criterio de forma clara antes de abalanzarse a golpe de regularización contra las empresas en las que se entendía que se había tributado mal por ese concepto.

El principal punto de controversia es la deducibilidad o no en el Impuesto de Sociedades de las retribuciones que abonan las empresas a sus administradores y saltó de nuevo a la agenda de los grandes despachos de asesoría jurídica a principios de 2018 tras una sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a la Agencia Tributaria en su pelea contra la aplicación con carácter general del principio de que ese gasto era deducible para la empresa...en las sociedades no cotizadas. Sin embargo, grandes empresas que cotizan en España se encontraron durante 2019 con notificaciones del Fisco que les obligaba a reintegrar en el erario público las deducciones practicadas por las retribuciones que abonan a sus consejeros con funciones ejecutivas.

El asunto se puso sobre la mesa en la última reunión del Foro de Grandes Empresas, un ágora que reúne a la cúpula directiva de la Agencia Tributaria con los responsables fiscales de la mayoría de las grandes empresas del país, según se recoge en el acta de la reunión que se acaba de hacer pública.  Las empresas solicitaron a la Agencia Tributaria "una mayor claridad en el criterio sobre este asunto", ya que entendían que la sentencia del Supremo que sostenía jurídicamente las actuaciones de la Agencia contra las empresas afectadas no alcanzaba a las sociedades cotizadas y que de hecho se estaba a la espera de una respuesta de la Dirección General de Tributos a una consulta para aclarar el alcance de dicha sentencia sobre las cotizadas.

La sentencia del Supremo del año 2018 dejó sentado que para poder deducirse las retribuciones de los administradores debía constar de manera explícita en los estatutos de la empresa el carácter retribuido del cargo de administrador y no sólo eso sino que se debería reflejar la cuantía cierta de esa retribución. En caso contrario, la retribución del administrador o del consejero con funciones ejecutivas se considera una 'liberalidad' de la empresa y, por tanto, no está sujeto a deducción. El director del Departamento de Inspección admitió en esa reunión que la Agencia Tributaria había recibido varias consultas de empresas sobre esa cuestión y que de hecho los servicios jurídicos de la Agencia estaban analizando aún la trascendencia de la misma, y se estaba a la espera de fijación de criterio por parte de la Dirección General de Tributos. Un espacio de incertidumbre que no ha impedido la exigencia de regularización a las empresas afectadas.

Tal vez por ello el malestar de las empresas con la Agencia Tributaria no se limita a las actuaciones de regularización en sí sino que va más allá y alcanza a lo que las grandes empresas ven como un desequilibrio en los principios de la relación cooperativa entre contribuyentes y Administración Tributaria, que están en el origen de la constitución del Foro de Grandes Empresas y que se han concretado en acciones como el Código de Buenas Prácticas al que ya están adheridas 140 grandes empresas del país o los informes de transparencia en virtud de los cuales 27 grandes empresas del país han puesto luz y taquígrafos sobre toda su operativa fiscal. Los responsables fiscales de las empresas entienden que del mismo modo que están actuando dentro de sus organizaciones para conseguir aumentar la transparencia de su desempeño fiscal estaría bien que la Agencia Tributaria les comunicara sus criterios de actuación respecto a asuntos controvertidos como el de la deducibilidad de las asignaciones a los consejeros ejecutivos antes de actuar a golpe de regularizaciones contra ellas.

No es la primera vez que las grandes empresas reclaman de forma explícita al director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, poder en virtud de ese principio de relación cooperativa conocer de antemano los criterios de las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria bajo el argumento de que esa referencia reduciría la conflictividad y la litigiosidad sobre las actuaciones de la Inspección. Según fuentes tributarias, no terminan de entender por qué la Agencia Tributaria les endosa regularizaciones sobre asuntos de los que han pedido de forma explícita un criterio a la Dirección General de Tributos para saber cómo afrontar, como sucedía en este caso, según admitieron también los directivos de la Agencia Tributaria en esa reunión del grupo de grandes empresas.

Las discrepancias de criterio no se referían tan solo al derecho o no a deducirse las retribuciones de sus consejeros sino también a otros aspectos como la tributación en IVA e IRPF de los vehículos asignados por las empresas a sus directivos, que se ha convertido, aseguran las empresas, en un foco de constante litigiosidad con la Agencia Tributaria. El problema, en este caso, se focaliza en el IRPF y el IVA, ya que el Fisco no suele poner problemas para que las empresas se deduzcan las inversiones realizadas en la adquisición de vehículos de empresa.

En el caso del IRPF, el beneficiario debe demostrar la afectación total del vehículo a la actividad empresarial, lo que en la mayoría de los casos es complicado ya que ese mismo vehículo se utiliza con frecuencia para usos particulares. No obstante, es el IVA el principal 'campo de batalla' de las empresas con Hacienda. En las grandes empresas, en muchas ocasiones ese vehículo forma parte de la retribución en especie del empleado y éstas acostumbran a deducirse el IVA del vehículo, lo cual ha dado lugar a no pocas actuaciones de la Inspección que cuestiona esas deducciones.

Mostrar comentarios