A estas alturas aún nadie se atreve a asegurar a ciencia cierta dónde puede acabar el déficit publico en este tortuoso año 2020. El Gobierno pronosticó en mayo que ese agujero equivaldría al 10,34% del PIB, algo así como 115.000 millones de euros, pero entonces ni se esperaba un desplome de la magnitud del que la economía española sufrió en primavera ni se auguraba una posible segunda ola de contagios en la segunda mitad del año. Ya con algunos elementos más de juicio en la mano, el consenso de los analistas elevó esta cifra hasta el 11,9% en el panel de Funcas del pasado mes de julio, confiando en el tirón de la campaña turística y en el control de los eventuales rebrotes, en tanto que el FMI lo llevó hasta el 13,9%. Lo que ocurra a final de año señalará el punto de partida a partir del cual la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá construir una senda de consolidación fiscal que devuelva las cuentas públicas lo antes posible a niveles razonables y probablemente también el 'umbral del dolor' que le tocará soportar a la sociedad española, en forma de más impuestos o ajustes en el gasto.
Montero aterrizó hace ya dos años en el histórico edificio del número 5 de la calle Alcalá sin el 'pedigrí' de la pertenencia a uno de los cuerpos superiores de funcionarios del Estado que históricamente han dirigido los destinos del Ministerio, pero con el aval de sus éxitos en materia de control del déficit como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Tras los 'años duros' de la gestión de Cristóbal Montoro, en los que la búsqueda de recursos para rebajar el déficit público se puso por delante de cualquier otra consideración - en ocasiones hasta por delante de los límites constitucionales, como ocurrió con la amnistía fiscal - el nombramiento de esta licenciada en Medicina sevillana de 54 años perseguía dar un tono más social al tradicional relato de contención del gasto asociado al Ministerio.
Tras un bienio manejándose con los últimos presupuestos diseñados por Cristóbal Montoro y tributando un apoyo más virtual que real a las ambiciosas políticas de gasto que se proponían desde el resto de los ministerios, la implacable gestora de las arcas públicas que se adivinaba por su gestión de la Hacienda andaluza ha aflorado con la pandemia. María Jesús Montero se ha alineado con Nadia Calviño para racionalizar en el ajuste fino algunas de las medidas más gravosas planteadas desde los ministerios de gasto - Trabajo, Industria, Políticas Sociales, Inclusión y Seguridad Social...- dentro del 'escudo social' desplegado por el Gobierno durante la crisis. En el tamiz de Hacienda han embarrancado medidas como la prestación especial por cuidado de hijos prometida por el ministro Escrivá, que ahora ha vuelto a la mesa de negociación; y han salido rasuradas otras como el Ingreso Mínimo Vital, la cobertura estatal a los préstamos del ICO o los subsidios a colectivos especialmente afectados por las restricciones a la actividad.
Apenas un aperitivo de lo que le va tocar lidiar en los próximos meses. La ministra de Hacienda se ha cansado de reiterar en sus intervenciones públicas que la salida de esta crisis no se hará como se hizo en 2011 "donde se aplicaron medidas de austeridad que perjudicaron a los trabajadores y a las familias". La mayoría de los analistas, sin embargo, coinciden en señalar en que será complicado devolver las cuentas públicas al equilibrio si no se abordan aspectos peliagudos como la reforma del sistema de pensiones, la flexibilización del mercado laboral y la racionalización del gasto para eliminar gastos improductivos, como los que viene señalando la Airef desde hace tiempo. En los próximos meses le tocará desarrollar esa receta mágica que, sobre el papel, permite reducir de forma drástica el déficit público sin sacar la tijera para recortar las políticas de gasto.
La prueba de fuego de los Presupuestos de 2021
La primera prueba la tiene a la vuelta de la esquina. Hacienda empezó a trabajar hace semanas en el armazón que sostendrá las cuentas públicas de 2021 y que, en buena medida, ya venía definido por los proyectos presupuestarios fallidos de 2019 y 2020. Pero la parte más endemoniada está todavía por definir: las subidas de impuestos que se pondrán sobre la mesa, las necesarias medidas de racionalización del gasto que no quedará más remedio que aplicar y, sobre todo, el encaje de la parte del 'bazuka' europeo de 140.000 millones de euros que el Ejecutivo opte por movilizar ya en 2021. De las reformas que se apliquen en 2021 y del tono de la política fiscal, más o menos expansivo, el próximo año dependerá la credibilidad de la propuesta española en Europa y la mayor o menor confianza de los socios europeos en nuestra capacidad para reconstruir la economía reduciendo el déficit.
La misión de Montero es particularmente difícil. En primer lugar porque le tocará conciliar los anhelos de una veintena de ministerios que aspiran legítimamente a llevarse su parte del pastel de los fondos provenientes de Europa para desarrollar su agenda política. Una tarea ardua por la doble circunstancia de que se trata de un gobierno de coalición y que, por tanto, tendrá que equilibrar el reparto entre los propios y los ajenos, y de que en el área de Unidas Podemos están íntimamente convencidos del poder sanador del gasto público para superar las crisis. Un convencimiento alejado del estándar que genera tranquilidad en Bruselas.
La capacidad de María Jesús Montero para contener lo que el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, denominó en su día como 'el comando del gasto' será una de las claves de su éxito o fracaso en los próximos meses. Bruselas ya advirtió al Gobierno de España que las ayudas sólo se proporcionarán para programas que permitan avanzar en el a día de hoy incompleto desarrollo del inventario de recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, no para desarrollar una agenda de reformas ajena a esa hoja de ruta...pero que el bloque de Unidas Podemos exige como parte de su acuerdo de Gobierno.
Para terminar de enrevesar el panorama un nuevo actor ha aparecido en este folletín presupuestario: Ciudadanos. El Gobierno cosecha el apoyo de los naranjas para no verse maniatado en muchos aspectos por unas cuentas apoyadas únicamente por los socios de la investidura: Unidas Podemos y nacionalistas. La negociación con la formación liderada por Inés Arrimadas sitúa la pelota en un terreno delicado: el de las subidas impositivas. La hoja de ruta inicial del Gobierno hasta hace semanas pasaba por mantener las subidas de impuestos previstas y posponer cualquier otra medida adicional a que la situación económica se estabilizara. La irrupción en el mapa de Ciudadanos está haciendo que el Gobierno se replantee esta posición.
Con todas esas piezas complicando el puzzle presupuestario y Bruselas más al acecho que nunca por la presión de los frugales, la titular del Ministerio de Hacienda aparece como una figura clave en el camino de la reconstrucción de la economía española y del saneamiento de sus cuentas públicas. No faltan las voces tanto dentro como fuera del Ministerio que cuestionan que sea la persona más adecuada para este empeño. Sospechan de su capacidad para manejar una situación que, entienden, exigiría de un mayor conocimiento tanto del marco tributario como del presupuestario, recuerdan que Bruselas ha formulado objeciones sobre los dos ejercicios presupuestarios cerrados por su equipo y recalcan que más allá de las ideas formuladas en público y los proyectos impositivos presentados su balance de gestión en términos reales después de dos años es insuficiente. Además desconfían de que la portavoz del Gobierno esté dispuesto a adoptar las medidas impopulares que, entienden, no va a quedar más remedio que adoptar en los próximos meses.
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