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Montero ordena una auditoría de gastos para pasar a la UE la factura de la Covid

Circula una instrucción a ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos para que clasifiquen los gastos vinculados a la respuesta al coronavirus para certificarlos ante Europa.

La ministra de Hacienda
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, activa el proceso para tener la ayuda de la UE
EFE

En los próximos días el área de Presupuestos del Ministerio de Hacienda empezará a recibir informes de los distintos ministerios, de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales con el detalle y el monto total de los gastos en que han incurrido para hacer frente a la Covid-19. El departamento que dirige María Jesús Montero ya les ha hecho llegar las instrucciones pertinentes para que así lo hagan, según confirman fuentes ministeriales, y de esta forma ha activado el proceso para que el Gobierno de España pueda solicitar ante Bruselas la compensación de una parte de la factura en la que ha incurrido en la lucha contra el cororonavirus a través de los distintos canales de ayuda que se han acordado en Europa.

El objetivo es aprovechar al máximo el dispositivo de emergencia de más de medio billón de euros habilitado por Bruselas, que se activará en las próximas semanas y que, lógicamente, exige a los países certificar los gastos en que se ha incurrido. En éste se encuadra por ejemplo los 240.000 millones de euros en créditos blancos que el Mecanismo Europeo de Estabilidad - el célebre Mede - pondrá a disposición de los países para sufragar la gigantesca factura que la lucha contra la pandemia ha supuesto para los sistemas de salud de los 27 y que en principio reserva en torno a 24.000 o 25.000 millones de euros para España

Las estimaciones iniciales realizadas por organismos oficiales como el Gobierno y el Banco de España apuntan a que la factura hasta la fecha ronda los 4.400 millones de euros, que se descompondrían en 2.800 millones de euros para las comunidades autónomas - titulares de la gestión del sistema público de salud -, 1.000 millones de gasto extra del Ministerio de Sanidad principalmente en material de protección, 600 millones que se han transferido a autonomías y corporaciones locales para garantizar la atencion sanitaria a los más vulnerables y 30 millones de euros para investigación. La factura, sin embargo, puede dispararse en los próximos meses tanto por la necesidad de dotar una reserva estratégica de material de protección ante la eventualidad de un rebrote como de abordar inversiones para preparar de forma permanente al sistema para un repunte de los contagios. 

Para agilizar el procedimiento de remisión a Bruselas de la información necesaria para sufragar esta factura, el Ministerio de Hacienda ha actuado en dos niveles. Por una parte, la Intervención General del Estado ha dado instrucciones a los ministerios para aislar de manera específica el 'gasto Covid' dentro de la contabilidad presupuestaria a efectos de poder certificar esa gasto ante Bruselas y poder recurrir a los mecanismos de financiación dispuestos a nivel europeo. Por otro, se ha habilitado un procedimiento especial para que autonomías y ayuntamientos identifiques en el gasto asociado a la lucha contra la pandemia en la remisión mensual de información presupuestaria que pasan a Hacienda. El objetivo es que ni un solo euro destinado a la lucha contra la pandemia quede sin identificar y sin poder ser financiado a través de los mecanismos de financiación barata que tanto ha costado negociar en Europa.

La gravosa factura de los ERTE

Al margen de la factura sanitaria, la otra gran cuenta de gasto que el Gobierno pretende sufragar al menos en parte con la ayuda de Europa es la de los ERTE. Según las proyecciones del propio Gobierno, el gasto previsto en la que probablemente pase a la historia como la medida más emblemática del llamado 'escudo social' contra la pandemia antes de la prórroga que extendió la vigencia de esta figura hasta el 30 de junio - ahora nuevamente pendiente de extensión - era de en torno a 18.000 millones de euros. Todo indica a que ésta se irá a niveles mucho más gravosos si como parece los ERTE por causa de fuerza mayor se extienden hasta después del verano o incluso hasta final de año como plantean entre otros CEOE y el sindicato UGT.

España negoció a brazo partido en Bruselas para arrancar un fondo de mutualización del gasto vinculado a estos mecanismos de protección del empleo - el llamado SURE - que estará dotado con 100.000 millones de euros, de los cuales hasta 20.000 millones de euros podrían llegar a España. La hoja de ruta del Ejecutivo, sin embargo, no es agotar ese margen sino solicitar en torno a 15.000 millones de euros para abaratar la factura de este instrumento para las arcas públicas, un factor que probablemente no es ajeno a los problemas que se están presentando para pactar la prórroga de esta figura El primer paso para ello no obstante es aclarar las cuentas de los ERTE, un procedimiento no sencillo a la vista de que según los sindicatos del SEPE aún quedan un puñado de miles de ERTE por tramitar y decenas de miles de prestaciones por reconocer y abonar.

Los ministerios de Trabajo e Inclusión y Seguridad Social han sido instados también por el Ministerio de Hacienda a clasificar ese gasto a efecto de certificarlo ante la Comisión Europea en el momento en que el SURE se active a todos los efectos. Hasta la fecha, al Gobierno no le ha quedado otro remedio que salir a los mercados para abonar esa factura, a un coste significativamente superior al que tendría de financiarse con el MEDE.

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