Lunes, 19.08.2019 - 10:04 h
Fue una promesa electoral del PP

Montero ordena el blindaje de Sucesiones para evitar su eliminación en Andalucía

El Ministerio de Hacienda trabaja ya en buscar una solución legal para vetar una eventual derogación del impuesto, como comprometió el PP en campaña.

Fotografía María Jesús Montero abraza a Susana Díaz / Parlamento de Andalucía
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abraza a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz / Foto: Parlamento de Andalucía

El Ministerio de Hacienda trabaja desde hace días en la configuración de una solución legal que impida una eventual eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía en el caso de que un futuro Gobierno andaluz liderado por el Partido Popular y Ciudadanos la pusiera encima de la mesa, como así se prometió durante la campaña electoral.

Fuentes del área de Hacienda del Ministerio han confirmado a La Información que se está trabajando en un nuevo marco regulatorio para blindar los tributos cedidos a las comunidades autónomas - entre los que figura este impuesto sobre las herencias y otros sobre los que el Gobierno pretende actuar, como el de Patrimonio - y que el resultado de las elecciones andaluzas ha acelerado estos trabajos para conseguir llevar una propuesta a los grupos de trabajo con las comunidades autónomas antes de que pueda plantearse una eliminación de ese impuesto.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones aporta apenas 365 millones de euros sobre los más de 15.000 millones que cada año ingresa el Gobierno de la Junta de Andalucía por todos los conceptos - participación en los impuestos estatales a través del sistema de financiación autonómica, impuestos propios, impuestos cedidos y tasas - y tampoco supone la mayor parte de los más de 2.000 millones de recaudación por impuestos cedidos, situándose por debajo del de Transmisiones Patrimoniales.

Quizá por ello tanto el PP como Ciudadanos se han alineado con su supresión, bajo el argumento de que genera más distorsiones de las que resuelve. De hecho, la formación liderada por Juan Marín ya forzó sendas rebajas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones durante el periodo que respaldó al Gobierno de Susana Díaz, hasta desfiscalizar casi por completo las herencias y donaciones por debajo del millón de euros.

Ambas rebajas tuvieron que ser asumidas y defendidas en su día por la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entonces consejera andaluza de Hacienda. Sin embargo, su criterio sobre el asunto no ha variado y lo ha dejado claro cada vez que ha tenido la oportunidad.

Montero entiende que los gobiernos autonómicos deben tener un margen de maniobra para subir y bajar los impuestos que tienen cedidos pero no hasta el punto de desactivarlos, como ha hecho la Comunidad de Madrid con el Impuesto de Patrimonio y como pretenden hacer PP y Ciudadanos en Andalucía, a juzgar por sus declaraciones en la campaña electoral.

Según fuentes de Hacienda éso es precisamente en lo que se está trabajando: en una fórmula que permite establecer un rango en el que las comunidades autónomas puedan mover los tipos y las tarifas de los impuestos cedidos, pero sin permitir su desactivación completa, en línea con lo planteado por buena parte de los expertos en financiación autonómica que reunió Cristóbal Montoro en su día y con la opinión mayoritaria entre los presidentes regionales, que no quieren renunciar a los ingresos que les proporciona esta figura.

La iniciativa tiene la oposición clara de la Comunidad de Madrid, que no está dispuesta a permitir en ningún caso que se desmonte el espacio fiscal que ha creado en la región y que le ha permitido en los últimos años convertirse en un auténtico imán para los grandes patrimonios

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha estado en el centro del debate político andaluz durante los últimos años. Principalmente, a cuenta de las situaciones creadas por la mayor presión fiscal comparativa en Andalucía respecto a otras regiones que hacía por ejemplo que un joven andaluz pudiera pagar cien veces más impuestos que en la Comunidad de Madrid por heredar o 120 veces más que en Canarias y que convirtió a la autonomía en la cuna del movimiento social 'Stop Impuesto de Sucesiones', que exige su eliminación en toda España.

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