Las tan enrevesadas como controvertidas cuentas de la operación de absorción por un euro del Banco Popular por parte del Banco Santander se enfrentan estos días a un examen inédito, el de los funcionarios de la Agencia Tributaria, que han recibido el encargo de verificar la robustez de las cifras declaradas por la entidad presidida por Ana Botín antes de atender a la solicitud de devolución de 1.000 millones de euros en créditos fiscales formulada por el Santander a cuenta de la operación.
El asunto no tiene precedentes. El propio Banco Santander ingresó 400 millones de euros en créditos fiscales correspondientes a esta misma operación en el año 2017 sin tener que someterse a control alguno por parte de la Agencia Tributaria, ya que hasta este mismo año la verificación de la contabilidad no era competencia de Hacienda.
Si un equipo de la Agencia Tributaria está estos días chequeando las cifras de la operación es porque el Grupo Parlamentario de Ciudadanos negoció con éxito con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una enmienda a los Presupuestos de 2018 en virtud de la cual se facultaba a la Agencia Tributaria para "comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes de la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración, en particular las pérdidas contables", que son las que dan derecho a estos créditos fiscales.
El objetivo del retoque introducido en el artículo 131 de la Ley del Impuesto de Sociedades es, según los promotores de la medida, impedir que ninguna entidad pueda 'monetizar' los activos fiscales puestos de manifiesto por alguna de las causas que establece la ley sin que antes la Agencia Tributaria tenga la posibilidad de verificar la fiabilidad de los asientos contables que generan ese derecho.
Según han confirmado a La Información fuentes gubernamentales, el Ministerio de Hacienda ha decidido hacer uso de este cauce y ha ordenado a la Agencia Tributaria examinar las cuentas de la operación de adquisición del Popular por parte del Banco Santander para determinar hasta qué punto es procedente la solicitud realizada por la entidad y ponderar, al cabo, si procede o no abonar esos 1.000 millones en DTA.
Más de 12.000 millones en pérdidas
El origen de la cuestión está en los más de 12.000 millones de euros en pérdidas que el Santander atribuyó al Popular en el momento de la absorción, y en la disposición por parte del banco desaparecido de una bolsa de 3.143 millones de euros en activos fiscales diferidos, de los cuales algo más de 2.000 millones eran monetizables, los llamados DTA.
Según la cuenta trasladada por el ex consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, en la presentación de los resultados de la entidad correspondientes a 2017 el banco confía en disponer en conjunto de un volumen de créditos fiscales de 4.000 millones de euros a cuenta de la absorción del Banco Popular.
Sin embargo, un velo de incertidumbre y oscurantismo continúa rodeando todo lo que envolvió la resolución del Popular. Alguno de los accionistas más significativos de la entidad liquidada, la familia Luksic, ha tirado precisamente de este hilo argumental para sustentar su condición de perjudicados por una solución que, en su opinión, fue precipitada y desmesurada. De hecho, han presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no hacer público el informe definitivo que precipitó la intervención de la entidad.
Dudas alimentadas también por la afirmación de Deloitte de que realizó su informe de valoración - clave en la resolución de la entidad - de manera urgente y sin disponer de toda la información y por la aceptación pública por parte de la presidenta del Santander, Ana Botín, de que adoptaron la decisión de absorber el Popular sin disponer de toda la información que hubiera sido conveniente para cerrar la operación.
Una nube de dudas que los funcionarios de la Agencia Tributaria deberán desbrozar en las próximas semanas para determinar hasta qué punto el Santander tiene derecho a percibir esos 1.000 millones de euros en créditos fiscales monetizables a los que se considera acreedor.
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