Vislumbra una dura negociación política

Montero perfila unos PGE de transición y deja algo de caja para ganarse apoyos

Con las cuentas de gastos e inversiones ya comprometidas por la ejecución de los fondos UE y las reformas previstas, y la reforma fiscal programada para 2023, Hacienda se prepara para la 'batalla' parlamentaria.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 25 de marzo de 2021. Durante esta sesión, marcada por la elección del presidente de RTVE, se debatirán, entre otras cuestiones, un proyecto de Ley por la que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico; así como medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.
25 MARZO 2021;CONGRESO;SESION PLENARIA;RTVE;ELECCION
E. Parra. POOL / Europa Press
25/3/2021
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso.
Europa Press

Los Presupuestos Generales del Estado acostumbran a ser el fruto de una trabajadísima y agotadora negociación política...dentro del propio Gobierno, que luego se expone a un número limitado - aunque por lo general muy ruidoso - de modificaciones en el trámite parlamentario. Así suele ser con independencia de que el Ejecutivo sea monocolor, como ha sucedido en España hasta el año 2020, o sea el resultado de una coalición de partidos, como sucede ahora, y también tiende a ser así aún cuando el Ejecutivo no disponga de una mayoría parlamentaria clara. Se vio en la negociación de los Presupuestos de 2021, cuando el pulso interno entre PSOE y Unidas Podemos sobre las políticas a sufragar fue mucho más ajetreado que la posterior negociación parlamentaria a pesar de la exigencia ineludible de incorporar socios adicionales para sacar adelante las cuentas públicas que tenía el gabinete de Pedro Sánchez.

Hacienda, sin embargo, encara esta vez la definición y posterior tramitación del proyecto de Presupuestos para 2022 - proceso ya iniciado de manera más formal que real antes del verano pero que se retomará ya a partir de esta semana - bajo unos parámetros bien distintos. Fuentes internas conocedoras de los trabajos que se están llevando a cabo en el Ministerio avanzan que al contrario de lo que sucediera con el proyecto de cuentas públicas para 2021 todo apunta a que esta vez la pelea no estará tanto en la definición del proyecto gubernamental sino en las exigencias que planteen los potenciales socios del Gobierno para brindar su apoyo a las cuentas públicas.

Unidas Podemos ya ha mostrado su satisfacción por la decisión de Hacienda de situar el techo de gasto para 2022 en 196.142 millones de euros, una cifra que supera en poco más de 45 millones de euros el techo presupuestario definido para 2021, pero que mantiene el sobreesfuerzo del gasto público pese a la previsible retirada de buena parte de las medidas de estímulo puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia y que, además, permite a la formación morada seguir presumiendo de los niveles récord de gasto alcanzados desde su aterrizaje en la estructura del Gobierno de España.

La capacidad de maniobra del Gobierno a la hora de ajustar ese techo presupuestario estaba en realidad muy limitada. La condicionaban los 26.355 millones de euros de fondos europeos y la ya comprometida inyección de 18.396 millones de euros para cubrir los denominados gastos impropios de la Seguridad Social que se contemplan en el acuerdo de pensiones. La reducción del déficit público hasta el entorno del 5% que espera el Gobierno en 2022 vendrá de la capacidad de generar nuevos ingresos fiscales de la recuperación económica - se espera un crecimiento del 7% - y si no es por ahí vendrá de quedarse por debajo de ese techo de gasto.

En guardia ante el debate sobre la reforma fiscal

El principal nubarrón que asoma en un horizonte aparentemente despejado es el debate fiscal. En los últimos meses la ministras del área económica del Gobierno, Nadia Calviño y María Jesús Montero, se han encargado de dejar bien claro que la gran reforma fiscal comprometida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no llegará hasta el año 2023 y de hecho así se ha dejado negro sobre blanco en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas. Incluso la ministra de Hacienda ha dejado abierta la puerta a retrasarla más allá de esa fecha si la recuperación económica impulsada por los fondos europeos no alcanza el vigor esperado por el Gobierno.

Desde la formación que dirige Ione Belarra ya han avanzado que no están dispuestos a esperar tanto. En principio se ha tomado como bandera para la negociación presupuestaria la fijación ya para 2022 de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, una medida respaldada por la Comisión Europea y los grandes organismos internacionales como la OCDE o el FMI, pero que los países avanzados están intentando acompasar para aprovechar el proceso para definir una base imponible común en el impuesto a nivel global. No obstante ya se han dejado caer como urgentes la adopción de medidas fiscales para acabar con el presunto 'dumping fiscal' que hace la Comunidad de Madrid y para elevar la presión fiscal a los más ricos. De telón de fondo, asimismo, la posibilidad de adoptar medidas fiscales de carácter permanente para abaratar el recibo de la luz a través del IVA.

"Probablemente habrá alguna medida fiscal, pero en ningún caso de la relevancia y la magnitud de las aprobadas en los Presupuestos de 2021. Para la reforma fiscal habrá que esperar a 2023", aseguran las fuentes gubernamentales consultadas.

Margen de maniobra para la negociación parlamentaria

La principal inquietud tanto en Moncloa como en el Ministerio de Hacienda viene de la negociación parlamentaria. La endeble mayoría sobre la que se sustenta el Ejecutivo bicolor PSOE-Unidas Podemos expone el proyecto presupuestario a los vaivenes que se pueden derivar ya no sólo del mayor o menor acuerdo respecto a las medidas incluidas en los PGE sino de cualquier circunstancia política exógena que pueda contaminar la negociación parlamentaria y encarecer la factura del apoyo parlamentario de determinados grupos políticos.

Fuentes del Ministerio admiten que a día de hoy ésta es la mayor preocupación respecto a la tramitación de los Presupuestos de 2022. Otras fuentes del Gobierno consultadas sobre el particular aseguran que el proyecto presupuestario será la suficientemente flexible como para permitir que la negociación de esos apoyos se puede conducir a buen puerto. En el Ministerio de Hacienda, en cualquier caso, se confía en que este año se pueda cumplir el calendario ordinario para la tramitación de los Presupuestos y que el proyecto pueda estar listo para llevar al Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre. 

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