Las cuentas de la recuperación

El Gobierno presupuesta 1.010 millones para comprar vacunas para la Covid-19

Montero anuncia que los Presupuestos del Estado darán respuesta a las necesidades de los sectores más golpeados por la crisis como el turismo o la hostelería.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda portavoz del Gobierno
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.
EFE

"Reforzar el tejido productivo y mejorar el estado del bienestar". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que las cuentas públicas diseñadas por el Gobierno de coalición de las izquierdas para 2021 van a conseguir el doble objetivo de dar cobertura a las lagunas que el Gobierno dice haber detectado en la estructura del estado del bienestar como consecuencia de la crisis sanitaria, al tiempo que supondrán el mejor blindaje para el castigado tejido productivo doméstico, algunos de cuyos sectores más emblemáticos como el turismo o la hostelería aseguran estar desangrándose sin remisión por las restricciones impuestas a la actividad productiva para contener la propagación de la pandemia.

Montero ha avanzado dará cobertura financiera a los planes sectoriales que los diferentes ministerios han venido trabajando durante las últimas semanas para paliar la situación de los sectores más afectados por la crisis, que "van a encontrar en los Presupuestos la respuesta a su situación".

El Gobierno va a afrontar el año 2021 con el presupuesto más potente de la historia de España. Nada menos que 383.542 millones de euros al servicio de una recuperación económica incierta, pero que el Ejecutivo quiere acelerar sea como sea en un intento por aprovechar la inyección de fondos en forma de transferencias a fondo perdido que llegarán de Europa. De hecho, el Ministerio de Hacienda cuenta con emplear 26.334 millones de euros de fondos europeos el año que viene, igual que cuenta con transferir a las Administraciones Territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, 31.882 millones de euros para alentar su capacidad para gastar.

El argumentario oficial ha optado por poner el acento en el gasto social, que en efecto alcanzará cifras históricas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha situado en 239.765 millones de euros. La cifra tiene sus asteriscos, ya que está determinada en buena medida por el gasto asociado a la red de seguridad que todos los países europeos han dispuesto para evitar un impacto más severo de la crisis sobre empresas y trabajadores, en un intento de evitar el desplome que se produjo en la gran crisis financiera de hace ahora una década y que una huella tan profunda dejó en la economía.

Pero este paraguas también amparará, se destaca desde el Gobierno, una apuesta decidida del Gobierno que se traducirá por ejemplo en la actualización de las pensiones conforme al IPC previsto, 0,9%; la subida de las prestaciones no contributivas de un 1,8%; la elevación del gasto en dependencia hasta los 2.000 millones de euros, también un máximo histórico; o un crecimiento esfuerzo en políticas contra la pobreza infantil o de financiación de becas para estudiantes.

Más de 7.000 millones para gasto sanitario

El Ejecutivo aprovechará también el impulso de los fondos europeos para reforzar su infraestructura sanitaria con 7.330 millones de euros, de los cuales el 75,3% se financiarán con fondos europeos. Con estos recursos, se invertirá en la mejora de la obsoleta dotación tecnológica del sistema nacional de salud, se reforzarán las políticas de Salud Pública y también el funcionamiento de la atención primaria, que ha irrumpido en esta crisis como la clave de bóveda del futuro sistema sanitario.

Pero esos recursos servirán asimismo para preparar el sistema sanitario para la lucha contra el coronavirus, ya que financiarán la compra de las vacunas que el Ministerio de Sanidad  adquiera para proteger a la población de la Covid-19 - en la que el Ejecutivo tiene previsto gastar 1.010 millones de euros, la adquisición de los medicamentos críticos para la atención de los enfermos hospitalizados por esta dolencia para la constitución de una reserva estratégica que asegure que ningún ciudadano se quede sin el tratamiento médico adecuado y la inversión en dispositivos de rastreo dentro del área de atención primaria.

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