El Ministerio de Hacienda está dispuesto a tocar todas las teclas para mejorar los ingresos fiscales del Estado. La ambiciosa previsión oficial trasladada a Bruselas prevé 5.678 millones de euros en nuevos ingresos y éstos no sólo saldrán de los ajustes introducidos en el IRPF o el Impuesto de Sociedades, o de los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y la economía digital, sino también de diferentes medidas de gestión y lucha contra el fraude fiscal.
Y ahí, el departamento que dirige María Jesús Montero está dispuesto a poner toda la carne en el asador. El Ministerio de Hacienda pretende mejorar de forma muy significativa los incentivos que ya existen para que los contribuyentes no litiguen con la Agencia Tributaria y para que liquiden sus deudas fiscales por la vía rápida. El objetivo declarado del Ministerio es buscar "una mejora en la recaudación y una disminución del coste financiero derivado de un menor retraso en el pago de las sanciones tributarias"
Para conseguirlo María Jesús Montero planea ofrecer a los contribuyentes inmersos en una inspección por fraude fiscal la posibilidad de librarse del 65% de la sanción solicitada por los servicios de Inspección de la Agencia Tributaria siempre que se avengan a firmar un acta con acuerdo con el Fisco o, dicho de otro modo, siempre que renuncien a litigar por el asunto con la Inspección de Hacienda. Así se recoge en el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
El incentivo no es nuevo y, de hecho, ya se prevé en la redacción actual de la Ley General Tributaria. En su formulación presente los contribuyentes pueden ahorrarse la mitad de la sanción propuesta por la Agencia Tributaria si se acogen a la opción de firmar un acta con acuerdo. El incentivo funciona hasta cierto punto, ya que esta posibilidad solo se prevé cuando se trata de un procedimiento de resultado incierto, ante el que Hacienda está dispuesta a renunciar a una parte de la sanción a cambio de asegurarse el cobro de una parte de la misma.
Para que el esquema resulta todavía más atractivo para los contribuyentes, Hacienda también prevé elevar del 25% al 40% la reducción por pronto pago de las deudas tributarias, ahí sí con el claro objetivo de desembalsar lo antes posible el ingente volumen de deuda tributaria pendiente de cobro, que ronda los 30.000 millones de euros.
Hacienda entiende que este esquema tal vez se pueda traducir en una pérdida puntual de recaudación a corto plazo, pero que a medio y largo plazo generaría beneficios a la Administración Tributaria tanto por una eventual mayor agilidad a la hora de cobrar las deudas como por una reducción de los litigios tributarios.
Hacienda penalizará menos los retrasos de los contribuyentes
El proyecto de lucha contra el fraude del Gobierno también prevé un 'caramelo' para los pequeños contribuyentes, que en los últimos años han visto como la Administración Tributaria ha endurecido su esquema de sanciones por incumplir plazos u obligaciones formales con objetivos presumiblemente recaudatorios.
El Gobierno prevé suavizar de forma significativa los recargos aplicados por presentar una declaración fiscal fuera del plazo previsto. En el esquema actual, retrasarse unos días en el cumplimiento de las obligaciones fiscales se penaliza con un recargo del 5% sobre el importa a ingresar de la declaración, pasarse entre tres y seis meses con un 10% y tardar entre seis meses y un año, con un 15%.
El plan del Ministerio de Hacienda es implantar un recargo-base del 1% por presentar una declaración fuera de plazo, que se irá incrementando en un punto porcentual por cada mes que supere el plazo legal. El recargo por pasarse más de doce meses pasaría del 20% al 15%.
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