Desde el traslado de grandes cargas de material sanitario procedente de China para cubrir las necesidades del sistema nacional de salud que ha operado Inditex de manera totalmente gratuita a iniciativas más pequeñas como la red de voluntarios 'Covid Fifhters' para canalizar pequeñas donaciones y dirigirlas adónde más se necesitan, pasando por la célebre campaña de Pau Gasol y Rafa Nadal a través del programa 'Cruz Roja Responde' para levantar 11 millones de euros a base de donaciones de deportistas de élite para adquirir todo tipo de material para paliar los devastadores efectos de la Covid-19. Las donaciones, grandes y pequeñas, han irrumpido en esta crisis como una vía mediante la que la sociedad civil ha arrimado el hombro para contribuir a frenar la pandemia, hasta el punto de que el propio Gobierno de España decidió abrir una cuenta en el Banco de España para tratar de canalizar esa corriente de solidaridad a través del Tesoro Público, aunque los resultados de esta iniciativa aún no se conocen.
El esfuerzo realizado de forma filantrópica por empresas y particulares en las últimas semanas para aportar su granito de arena en la lucha contra la Covid-19 no tiene precedentes y se cuenta en cientos de millones de euros. Desde organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) se ha solicitado en los últimos días al Gobierno y en particular a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una respuesta de las autoridades fiscales a la altura de esta demostración de solidaridad. Y esa respuesta finalmente ha llegado. Lo ha hecho a través del Real Decreto de medidas de apoyo al sector cultural y se ha quedado bien lejos de lo que en apariencia la situación merecía.
En concreto, el Gobierno ha aprobado un retoque de la Ley del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo en virtud del cual se amplía del 75% al 80% la deducción en el Impuesto de la Renta sobre los primeros 150 euros donados en base a esa ley -que regula, por ejemplo, las donaciones en metálico o en especie a las Administraciones Públicas y, por tanto, las realizadas al Sistema de Salud en la lucha contra el coronavirus- y del 30% al 35% sobre el resto de las cantidades donadas. Permanece, sin embargo, la cautela que impide desgravarse cualquier donación que supere el 10% de la base imponible declarada, lo que, según precisa Aedaf, supone que un particular con una base de 60.000 euros no podrá desgravarse por cualquier donación que vaya más allá de los los 6.000 euros.
Un marco que mejora el trato de las microdonaciones ciudadanas y también de las grandes donaciones de particulares cuyo trato en el IRPF se equipara al del Impuesto de Sociedades evitando sesgos.
Al menos en el IRPF se ha mejora el tratamiento fiscal de las donaciones, cosa que no ha ocurrido en el Impuesto de Sociedades. Las en algún caso generosísimas donaciones realizadas por empresas tanto en material sanitario como en servicios a lo largo de esta crisis tendrán el mismo tratamiento fiscal que recibían las realizadas por cualquier otro motivo en ejercicios anteriores: una deducción del 35% sobre los donaciones dinerarias o sobre el valor contable de las donaciones en especie en el momento de la transmisión....ni un euro más.
Un trato fiscal que queda lejos del tributado en otros países de nuestro entorno más inmediato como Francia, donde este tipo de donaciones permiten desgravarse hasta el 66% de lo aportado, según precisa José Pedreira, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y coordinador del Grupo de Expertos en materia de IRPF de Aedaf, y lejos también de lo que esta organización solicitó por carta a la ministra Montero, que fue ampliar de forma excepcional esa deducción hasta el 50% de lo aportado para las donaciones realizadas en el contexto de la crisis de la Covid-19.
Las reticencias de Hacienda a la hora de plantear un 'premio fiscal' para los grandes donantes de esta crisis contrastan con la diligencia con que se ha empleado la Administración Tributaria en otros casos, como cuando se aceptaron las leoninas condiciones impuestas por la UEFA para que Madrid acogiera la última final de la Champions League o Bilbao varios partidos de la aplazada Euro 2020, o cuando se dispuso a toda velocidad un pequeño 'oasis fiscal' para alentar el patrocinio privado de la última Cumbre del Clima celebrada en Madrid.
También contrasta con la generosidad que muestra la Administración Tributaria, no sólo bajo el actual gobierno socialista sino también con otros gobiernos del PP, hacia los denominados 'acontecimientos de excepcional interés', una relación de eventos deportivos, religiosos y culturales identificados en los Presupuestos Generales del Estado y cuya 'promoción oficial' permite a sus patrocinadores desgravarse hasta el 90% de las aportaciones directas realizadas para su celebración. La ley establece que el tipo de desgravación es del 15%, pero como éste se aplica sobre la promoción publicitaria realizada del evento y en ésta se incluye la inclusión del logo del mismo en cualquier campaña publicitaria a lo largo de todo el año, permite a las empresas patrocinadoras desgravarse hasta el 90% de las aportaciones directa realizadas al evento, según indican las fuentes consultadas, que sitúan de forma oficiosa -no hay datos oficiales sobre el particular- la factura anual derivada de estas ayudas fiscales entre los 300 y los 500 millones de euros.
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