Montero reduce a la mitad la partida para pagar las demandas del céntimo sanitario

  • Recorta de 500 a 261 millones la rúbrica destinada a responder con el patrimonio del Estado por las batallas perdidas por Hacienda en los tribunales.
Fotografía de gasolinera / EP
Fotografía de gasolinera / EP

La primera reacción del Ministerio de Hacienda cuando el Tribunal Superior de Justicia de la UE declaró ilegal el recargo sobre el Impuesto de Hidrocarburos conocido como 'céntimo sanitario' y condenó al Gobierno de España a devolver a los transportistas los 2.000 millones de euros que éstos reclamaban por el pago ilícito de este impuesto fue intentar esquivar el pago de esa factura.

El Tribunal Supremo determinó que dado que el impuesto había sido declarado ilegal por Europa y que los transportistas podían acreditar los pagos realizados correspondía compensarlos. Desde ese momento la cosa ha avanzado a trancas y barrancas. Hacienda apenas reembolsó poco más de un millón de euros a los perjudicados en 2016 y el año pasado, ya con el sistema de 'devolución exprés' habilitado por la Agencia Tributaria en marcha, la cantidad reintegrada fue de poco más de 38 millones de euros, según los datos oficiales facilitados por Hacienda.

Poco se sabe de lo devuelto efectivamente el año pasado, más allá de que Cristóbal Montoro habilitó el año pasado una partida de 500 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Hacienda para hacer frente a la factura de estas reclamaciones y de algunas más nacidas de litigios de Hacienda con terceros en los que los tribunales determinaron la responsabilidad patrimonial del Estado. 

De cara al año 2019, el departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido recortar de forma drástica la partida destinada a este tipo de contingencias, que tan solo contará con 261, 14 millones de euros. Se sabe, eso sí, que el principal destino de esos recursos -se ejecuten en el grado que se ejecuten- será las reclamaciones de transportistas y particulares por la aplicación ilegal del céntimo sanitario.

Cerca de 7.000 reclamaciones resueltas en dos años

Así lo especifica el proyecto presupuestario. "Para el año 2019, se mantiene como línea básica de actuación la tramitación y pago de los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)".

El objetivo que se ha planteado el Gobierno para 2019 es sustanciar a lo largo del año la resolución y pago de 3.500 reclamaciones. Los precedentes dicen que en 2017 se presupuestó la resolución de 2.600 demandas y acabaron tramitándose 3.072, mientras que el año pasado se estimó un flujo de resoluciones de 3.100, y finalmente se resolvieron 3.514, una vez más por encima de la estimación oficial.

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