El número de directivos en nómina de la constelación de empresas públicas, entidades dependientes del Estado, organismos autónomos, fundaciones, etcétera, que dependen de la Administración del Estado, es una de las zonas de sombra más recalcitrantes del sector público. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y el Gobierno de Mariano Rajoy apenas dos años después, exigidos ambos por la necesidad de rebajar el gasto público fuera como fuera, dieron en su momento un pequeño paso adelante a la hora de arrojar luz sobre este enigma con la creación y posterior desarrollo del Registro de Personal Directivo de la Administración del Estado, una base de datos que aspiraba a hacer inventario de todos los directivos no funcionarios con condiciones fuera de convenio - normalmente, mejores que las que se acuerdan en los convenios - que anidaban en los organismos estatales.
El registro se activó en el año 2014 y desde entonces nunca ha alcanzado el tamaño que alcanzó el año pasado, en 2020. Según los datos de la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, el año pasado el sector público dependiente del Estado comunicó la existencia de 507 directivos en organismos públicos, una cifra sin precedentes desde que existe el registro y que supera en más de un centenar los que había al cierre de 2019, sólo un año antes. Hacienda niega que este repunte se deba a que se ha abierto la mano con la contratación de directivos al calor del nacimiento del nuevo Gobierno de coalición y de la ya tradicional rotación en estos puestos cuando hay un cambio de gobierno. "No se ha autorizado ningún incremento de puestos de personal directivo. Las variaciones en las cifras se debe exclusivamente al momento en que se ha remitido la información", aseguran desde el Ministerio.
Los datos proporcionados por Costes de Personal avalan la explicación. Mientras en 2019 fueron únicamente 121 entidades dependientes del Estado las que remitieron información sobre sus directivos en nómina al Ministerio de Hacienda, el año pasado esta cifra se elevó hasta 134, lo que justificaría de algún modo el repunte en la cifra. Pero hay más. Hacienda señala que respecto a 2019 se han incorporado al registro 66 personas con puestos directivos en el Instituto Cervantes que hasta la fecha no aparecían en el mismo y que han empezado a figurar en el registro como consecuencias de varias advertencias al respecto formuladas por el Tribunal de Cuentas.
Fuentes del Ministerio aseguran, asimismo, que hay un puñado de consorcios y entidades públicas empresariales que no comunicaron la información sobre los puestos directivos existentes en sus organigramas en el año 2019, pero que sí lo hicieron en 2020 después de que en el ejercicio anterior la Dirección General de Costes de Personal hiciera constar su inquietud no sólo porque hubiera entidades que esquivaran la obligación legal de proporcionar esa información sino porque muchas de las que sí la proporcionaron lo hicieron de una manera inadecuada. Los 'toques' del organismo han servido para que una docena de entidades más hayan remitido su información en 2020 y también para que ésta se haya remitido según los procedimientos establecidos, según se refleja en la Memoria de la Dirección General de Costes de Personas correspondiente al año pasado.
Pese a que la normativa reguladora del registro deja bien claro que en el mismo debe aparecer todo "el personal que tenga tal condición (la de directivo) cuando le corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas de máximo nivel de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos", las entidades del sector público continúan tratando de esquivar este obligación. En 2020 cerca de una treintena de estas entidades (28, en concreto) no incluyeron en el registro a directivo alguno, bien porque consideraron que no tenían en su organigrama a ningún directivo que cumpliera los requisitos para figurar en el registro bien porque declararon que el personal directivo en sus estructuras no percibía ninguna clase de remuneración.
Desde Hacienda se admite que el Registro comenzó siendo un instrumento de grabación de datos y control de la naturaleza de las plantilla del sector público, pero que ha evolucionado hacia una fórmula de contención de gasto lo que también explica por qué las entidades tratan de esquivar su aplicación.
Fluctuaciones al ritmo de la política
En su corta vida desde 2014 el registro ha oscilado entre el mínimo de 403 directivos marcado en 2019, por las lagunas de información desde varias entidades públicas como se aclara desde Hacienda, y los 507 de 2020, en el que se han incorporado 66 directivos del Instituto Cervantes que hasta la fecha no se consideraba que debieran estar en el mismo. No obstante, sí se perciben movimientos vinculados a la tradicional rotación en los puestos directivos de la Administración del Estado y alrededores que se producen cuando un cambio político.
Los datos de la Dirección General de Costes de Personal muestran como durante 2016 y 2017 el registro se estabilizó junto en el medio centenar de directivos, cayendo a 450 en 2018, el año del cambio de Gobierno por la moción de censura. En 2020 el inventario de directivos volvió a escalar hacia el entorno del medio millar
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios