El Gobierno ha querido esperar a la antesala del inicio de la campaña de las fundamentales elecciones autonómicas para el Gobierno de la Comunidad de Madrid para anunciar la constitución de su Comité de Expertos para la Reforma Fiscal y, aún más importante, para desvelar su intención de abordar ya de cara a 2022 la controvertida armonización de los impuestos autonómicos sobre la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio), a la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular se oponen de plano, y la imposición del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, sin esperar al documento final que alumbren los 17 expertos seleccionados por el Gobierno para trazar la hoja de ruta del futuro del sistema fiscal español.
En realidad, lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes no es que se vaya a hacer al margen de los expertos, sino que se les va a pedir que empiecen su trabajo por estos dos flancos para tener en cuenta sus reflexiones, pero también ha dicho que su idea es que ambas reformas estén ya operativas en 2022, lo que implica que haya aportación preliminar o no de los expertos el Ejecutivo tiene en mente abordar esos dos aspectos del marco fiscal para tenerlos operativos el año que viene sí o sí. De hecho, en el acto de constitución del grupo de expertos, que ha tenido lugar este lunes en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, la ministra les ha pedido que "vayan anticipando algunos de los trabajos en las figuras tributarias" con la idea de incorporarlos en los Presupuestos de 2022 y en los trabajos para la reforma de la financiación autonómica.
La armonización del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, reclamada desde numerosos gobiernos autonómicos que acusan al de la Comunidad de Madrid de 'robarles' contribuyentes a golpe de rebajas fiscales, es una línea roja para el Partido Popular y para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ve la intención gubernamental como una injerencia del ámbito competencial autonómico y de la corresponsabilidad fiscal. En los últimos 15 años, los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid han llevado una política sistemática de rebajas fiscales cuyo elemento más emblemático es la bonificación del 100% de la cuota fiscal del Impuesto de Patrimonio, por la que renuncian a 1.000 millones de euros de recaudación, pero que ha convertido la región en un destino predilecto para los grandes patrimonios.
El asunto no sólo ha planteado un agitado debate de filosofía fiscal, ya que una parte imoprtante de ese ahorro beneficia a contribuyentes con una posición más que acomodada, sino que también ha alentado un agrio enfrentamiento institucional entre territorios por el supuesto desplazamiento de rentas hacia la Comunidad de Madrid que ha generado.
Varios informes académicos han acreditado el desplazamiento de contribuyentes de los rangos más altos de renta desde otras comunidades autónomas, principalmente Andalucía y Cataluña, hacia la Comunidad de Madrid atraídos por su favorable tratamiento no sólo al patrimonio sino también a las transmisiones patrimoniales tanto en vida (donaciones) como tras el fallecimiento del titular (sucesiones). El fenómeno, amparado por el impulso de la corresponsabilidad fiscal, ha provocado la reacción de varios gobiernos autonómicos que acusan al Gobierno de la Comunidad de Madrid de aprovechar las ventajas de la capitalidad y de los ingresos fiscales extra que ésta le proporciona para ofrecer estas rebajas fiscales, e incluso ha provocado una competencia fiscal a la baja, que la ministra Montero siempre ha considerado rechazable.
El asunto ha permanecido en el foco de la actualidad durante meses, pero el Gobierno ha esperado a la presentación pública de su Comité de Expertos, cuya composición estaba definida desde hace más de dos meses, para anunciar su intención de abordar este asunto de manera inmediata para que esté resuelto ya en 2022 justo un día antes de revelar el contenido del Plan de Reformas e Inversiones que se remitirá a Bruselas y a apenas unos días de que arranque la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. La idea es, según la ministra, es modificar las figuras "vinculadas a la riqueza" para evitar que la descentralización fiscal deje determinados impuestos "vacíos de contenido",, según informa EFE.
Un grupo de 17 académicos para definir el sistema fiscal
El Ministerio de Hacienda ha optado por dejar la definición del futuro del sistema fiscal en manos de 17 académicos, dejando de lado la opción de incluir algún profesional de la asesoría o la consultoría fiscal que pudiera contribuir a bajar el terreno las eventuales propuestas que salgan del grupo. Según la ministra Montero, su objetivo será imagina un futuro en el que las figuras tributarias logren legitimidad y aporten recursos suficientes para sufragar las políticas públicas e impulsar la transformación del sistema productivo, al tiempo que cierran la brecha de recaudación con la UE.
El presidente del Comité será el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta, que ha destacado que su labor consistirá tanto en hacer un diagnóstico de la situación como de "proponer alternativas viables de reforma", informa EFE. El Comité estará formado, además, por un secretario -el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca- y 15 vocales: Fran Adame, Antonio Agulló, Olga Cantó, Laura de Pablos, Santiago Díaz de Sarralde, Xavier Labandeira, Santiago Lago, Guillem López Casasnovas, Julio López Laborda, David López Rodríguez, Carlos Monasterio, Saturnina Moreno, Violeta Ruiz-Almendral, María Teresa Soler y Marta Villar.
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