Montero impondrá fecha de caducidad a las ayudas fiscales para evitar derroches

El Ministerio de Hacienda se declaró hace poco más de tres años incapaz de evaluar si los cerca de 40.000 millones de euros que el Presupuesto del Estado asigna año tras año en forma de beneficios fiscales en los tres grandes impuestos - IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades - respondían o no a los objetivos que justificaron su aprobación. Lo hizo después de un demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre el particular que denunciaba la ausencia sistemática de estudios previos sobre los objetivos que persiguen estos incentivos, su tendencia a perpetuarse en el sistema fiscal, la carencia de indicadores para determinar si funcionaban o no e incluso la inexistencia de una reflexión previa sobre si ésa era la mejor vía para abordar la realización de esa política determinada. Por no medirse, ni siquiera se medía de forma rigurosa su coste, calculado en demasiadas ocasiones en base a estimaciones o aproximaciones.

Sorprendía tanto desinterés por un conducto por el que se desaguan un volumen ingente de recursos fiscales en un país que, según el diagnóstico del Gobierno actual, si de algo carece es de un flujo de ingresos comparable al de otras grandes economías de Europa. El asunto estaba en el punto de mira desde hace tiempo, pero ha tenido que llegar una pandemia y un Plan de Recuperación financiado desde Bruselas para que el Ministerio de Hacienda se haya decidido a dar un paso adelante y haya comprometido un plan específico para reformar la gobernanza del sistema fiscal e incrementar el control sobre los incentivos fiscales que se aprueban en las principales figuras impositivas dependientes del Estado.

El Ministerio de Hacienda, que en principio actúa como dique de contención para las peticiones de beneficios fiscales que le llegan casi siempre desde otros ministerios, pretende sembrar de peajes el camino que conduce a la aprobación de nuevos incentivos fiscales. Según el mecanismo de toma de decisiones incluido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, la idea es obligar al ministerio impulsor de cualquier nueva ayuda fiscal a presentar una memoria de los objetivos que se quieren alcanzar con la medida y el periodo temporal acotado durante el que ésta debe estar vigente para alcanzar ese objetivo de política económica.

Los análisis internos realizados por los servicios del Ministerio de Hacienda han concluido, al igual que el realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que la eficacia de los incentivos fiscales decae con el paso del tiempo. Una ayuda puede tener la capacidad de fomentar una determinada toma de decisiones por parte de los contribuyentes en el corto plazo, pero si se perpetúa en el sistema pierde ese impulso y su operatividad se diluye. Esa certeza no ha impedido que la mayoría de las ayudas fiscales se hayan consolidado en el sistema fiscal como un derecho adquirido.

Un proceso de borrón y cuenta nueva

En los próximos años, el Gobierno pretende hacer un proceso de borrón y cuenta nueva. Por una parte, dará carrete al proceso de evaluación de los incentivos fiscales realizado en su día por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y que de momento se ha traducido en la reducción de los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales y la supresión del tipo reducido de IVA para las bebidas azucaradas. Un grupo de trabajo constituido por técnicos de la Dirección General de Tributos, la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales pondrá bajo el microscopio 15 de los incentivos fiscales más gravosos del sistema para valorar, al fin, si cumplen o no con los objetivos para los que fueron creados y si procede su supresión, su reforma o en su caso su mantenimiento.

El fin de este camino está de alguna forma predeterminado. Los informes previos recibidos de la Airef permitieron al Gobierno perfilar una primera poda de incentivos fiscales que según sus propios cálculos podría 'liberar' hasta 5.000 millones de euros de ingresos fiscales. La ejecución de ese plan, que llegó a remitirse a la Comisión Europea en el marco del Plan Presupuestario, se pospuso en principio por la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos y posteriormente por el impacto sobre la economía de la pandemia. Pero la idea del Gobierno, y así se le ha transmitido a Bruselas, es abordarla en 2023.

La otra parte de la estrategia es restringir la aprobación de nuevos incentivos fiscales a futuro para evitar continuar drenando recursos de la necesitada cuenta de ingresos de las arcas públicas. Ahí entra ese nuevo sistema de gobernanza con la exigencia de un examen previo, el establecimiento de un periodo limitado de vigencia de los nuevos beneficios fiscales y también la implantación de un sistema de evaluación a posteriori, a realizar en los dos o tres años siguientes a la aprobación del incentivo, para determinar si éste ha cumplido los objetivos previsto, si ha tenido un coste asumible y si el análisis de ambos elementos justifica su mantenimiento.

¿Era necesario este ejercicio? Un ejemplo. El año pasado el Ministerio de Hacienda actualizó y mejoró el mecanismo a partir del cual se estimaba el coste para las arcas públicas de una veintena de incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta. El ejercicio arrojó como resultado que la estimación antigua venía infraestimando en nada menos que 1.800 millones de euros el coste real de este incentivo fiscal para el presupuesto del estado.