El Gobierno ha optado por no incluir en la información presupuestaria remitida este lunes a Bruselas la factura millonaria que se derivará para el presupuesto público del cumplimiento de la sentencia del Supremo que declara ilegales las retenciones practicadas en el IRPF sobre las prestaciones de maternidad disfrutadas por en torno a un millón de madres, según han confirmado a La Información fuentes del Ministerio.
Hacienda ha decidido no incluir estimación alguna sobre el potencial coste para las cuentas públicas de 2019 de esta sentencia judicial en tanto no finalicen las estimaciones de coste que están realizando los técnicos del Ministerio, a partir de la información que ya ha proporcionado la Seguridad Social, y no se determine por la Abogacía del Estado la senda a seguir para sustanciar las devoluciones obligadas por la misma y que según algunas fuentes podrían rondar los 1.000 millones de euros.
Lo ha hecho pese a que el impacto presupuestario del asunto puede ser relevante. De concentrarse la devoluciones en el ejercicio de 2019 la factura podría suponer una décima extra de déficit público. El Ministerio de Hacienda estudia, no obstante, la posibilidad de habilitar un canal exprés para acelerar estas devoluciones e incluso poder sustanciar algunas de ellas este mismo año.
Una vez fuera del brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo, el control reforzado sobre los presupuestos que prevé Bruselas cuando su desequilibrio se sitúa por encima del 3% del PIB, la aparición de déficits puntuales en los presupuestos por cuestiones no recurrentes se ve con cierta comprensión desde la Comisión Europea, que centra el foco de manera más intensa sobre la parte más estructural del Presupuesto, aquellos ingresos y gastos consolidados.
Cientos de millones de menos ingresos
Más sorprendente es que no se haya tenido en cuenta el asunto en la detallada previsión de ingresos que se ha remitido a Bruselas y que sí estima, por ejemplo, el potencial flujo de nuevos ingresos derivados de figuras presupuestarios que aún no están en el ordenamiento fiscal doméstico como el Impuesto sobre Transacciones Financieras o el Impuesto sobre Servicios Digitales, el célebre impuesto sobre los gigantes tecnológicos.
La obligación de no retener porcentaje alguno sobre las prestaciones por maternidad, que la Agencia Tributaria se ha apresurado a confirmar que respetará, supondrá de forma automática una reducción de ingresos para la Hacienda Pública, que dejará de ingresar los recursos procedentes de dicha retención fiscal.
Habrá que esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos del Estado para 2019, que el Ejecutivo pretende presentar entre finales de noviembre y principios de diciembre, para conocer el detalle el impacto presupuestario real de la controvertida sentencia del Supremo.
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