El 28 de febrero es la fecha límite en la que el comité de expertos tiene que presentar al Gobierno el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Es la antesala, la guía, que el Ministerio de Hacienda tendrá para presentar cambios en el sistema fiscal para "hacerlo más eficiente y modernizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI", según el propio Ejecutivo. No obstante, el Libro Blanco llegará a las manos de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, antes de que la Comisión Europea presente su propuesta para reformar el Pacto de Estabilidad, después de activar la cláusula de escape y dejar en suspenso los objetivos de déficit y deuda.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, confirmó en una entrevista en un medio alemán que la institución presentará su propuesta para unas nuevas normas fiscales entre finales de mayo y principios de junio, después de que se celebren elecciones presidenciales en Francia, previstas para finales de abril. Hasta entonces, la Comisión analizará las exposiciones recibidas a través de la consulta pública cuyo plazo acabó el pasado 31 de diciembre.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos mantienen que la propuesta del Gobierno, con respecto a las reglas europeas, es que se establezcan cuanto antes, pero que tengan en consideración la situación económica de los países. En el caso de España, con datos todavía provisionales, la deuda pública superó el 121% en 2021 y el déficit se estima en el 8%; ambos datos se sitúan muy por encima del 60% de deuda sobre el producto interior bruto (PIB) y el 3% de déficit que fijaba el Pacto de Estabilidad, antes de suspenderse por la pandemia. En septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hizo hincapié en que las nuevas reglas dejen margen para la inversión.
Otro de los asuntos que está sobre la mesa es el de establecer objetivos de deuda y déficit por países. Es decir, que el punto de partida de cada economía nacional se tuviera en cuenta para fijar un porcentaje de deuda y déficit a lograr. Las fuentes consultadas no confirman si el Ejecutivo vería con buenos ojos esta opción y añaden que es un asunto que todavía se está debatiendo y no se ha llegado a cuestiones tan concretas. Moncloa pretende abordar estos temas en los equipos de trabajo de la Comisión Europea, en los próximos meses.
Las nuevas normas relativas a los objetivos de déficit y deuda tendrán en cuenta la emergencia climática y las inversiones digitales, pero también los niveles actuales de deuda. El comisario económico, Paolo Gentiloni, explicó que "la emergencia climática se agudiza al mismo tiempo que el apoyo fiscal durante la pandemia ha llevado los niveles de deuda a ratios muy altas". Por ello, Bruselas dibujará un marco fiscal diferente al anterior pero que recupere la disciplina presupuestaria.
Transición ecológica y economía digital
El comité de expertos que reúne a economistas, expertos en derecho y hacienda pública evalúa "la suficiencia, equidad y eficiencia del sistema, las tendencias internacionales -sobre todo en fiscalidad verde y digital- y sus consecuencias en el modelo territorial y en el proceso de integración europeo". Asimismo, deberán estudiar "la capacidad de los impuestos para acelerar transformaciones y fomentar la innovación, así como su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social o de género". En concreto, el grupo de trabajo está centrado en la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada; la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, así como la aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial.
Montero ya ha puesto en marcha parte de la reforma: establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades o gravar las transacciones financieras (Tasa Tobin) y determinados servicios digitales (Google). Sin embargo, se espera que del análisis de los expertos se extraiga un rediseño de las distintas figuras tributarias, así como de los beneficios fiscales, sobre los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha puesto la lupa. Tampoco se descartan nuevos impuestos relativos a la emergencia climática y a la economía digital.
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