Un ex alto funcionario del Ministerio de Hacienda con más de una decena de proyectos presupuestarios a sus espaldas resumía el asunto de forma contundente: "El proyecto de Presupuestos Generales del Estado no es más que el resultado de un gran mentira". La realidad le da la razón. Basta con comparar al azar cualquier proyecto de Presupuestos de los últimos años con su ejecución a final de ejercicio para ver que la distancia entre lo prometido y lo ejecutado suele ser sideral.
Partidas de gasto infladas a sabiendas de que no se van a ejecutar en su totalidad - lo de la inversión en I+D suele ser palmario en este sentido -, previsiones de ingresos imposibles de cumplir, objetivos de déficit definidos con un criterio más cosmético que real y 'capítulos comodín' que se dotan en exceso para disponer de un colchón ante posibles imprevistos, como la de gasto por intereses de la deuda, constituyen maniobras habituales a la hora de cuadrar los Presupuestos.
A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha tocado este año diseñar unos Presupuestos del Estado pensados para tener un déficit del 1,5% (1,8% sumando el de comunidades autónomas y ayuntamientos), pero que sobre el papel solo podrán consentir una desviación del 1,2% (1,3% en total) por aquello de que al PP no le termina de convencer eso de 'abrir el paso' a las cuentas de Pedro Sánchez e hizo uso de su mayoría en el Senado para vetar la senda de déficit del Gobierno.
El asunto ha obligado a Hacienda a ajustar en torno a 3.500 millones de euros respecto al esqueleto presupuestario que envió a Bruselas en octubre, ya que el Estado dispondrá de una décima menos (algo más de 1.000 millones de euros) para gastar y la Seguridad Social tendrá dos décimas menos de déficit. Y, claro, algunas costuras han saltado por el camino. Lo que se aprecia en la escasa información proporcionada este viernes tras el Consejo de Ministros es que el Gobierno ha tirado por la calle de enmedio.
Manual básico para cuadrar unas cuentas públicas
El Ejecutivo no ha renunciado a una sola de las medidas pactadas con Podemos o incluidas por iniciativa propia y ha optado por cuadrar las cuentas a golpe de truco contable, al más puro estilo Montoro.
El anterior ministro de Hacienda se ganó una enorme fama entre los diputados de la Comisión de Presupuestos por su supuesta maestría y creatividad a la hora de idear nuevos vericuetos para cuadrar las cuentas públicas, hasta el punto de que en sus últimos Presupuestos, los de 2018, llegó a colar más de 2.000 millones de euros en compromisos presupuestarios de gasto sin dotarlos de su consiguiente soporte en forma de ingresos para el Estado.
Dentro de esa cuantía figuraban 1.300 millones de euros que en una maniobra inédita el Estado transfirió de forma directa a la Seguridad Social, una operación que algunos analistas tacharon de ilegal, para sufragar la factura de la subida de las pensiones pactada con el PNV.
Montero ha tirado de la misma estratagema para cubrir una parte de las dos décimas de déficit extra que ha perdido la Seguridad Social a la hora de cuadrar sus cuentas de 2019 y este viernes ha reconocido que el Estado realizará una inyección extra de 850 millones al organismo que gestiona las pensiones para alinearse con el déficit aprobado en su día por el PP. El resto del ajuste vendrá, supuestamente, de las medidas de ingresos aprobadas por decreto el pasado 28 de diciembre.
La décima extra de déficit perdida en las cuentas del Estado se sufragará, por su parte, con 1.500 millones de euros de nuevos ingresos que no aparecían por ningún lado en el extenso y detallado pack de medidas fiscales presentado el pasado mes de octubre ante Bruselas. Hacienda lo justifica ahora con una compleja maniobra contable arbitrada para que la operativa del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA afecte a las cuentas de las comunidades autónomas.
El ajuste se suma a una ya controvertida previsión de ingresos que prevé generar 20.000 millones de euros más respecto a 2018 y que se sustenta en supuestos, como mínimo, controvertidos: un incremento recaudatorio sin precedentes de casi todas las principales figuras impositivas y el potencial éxito de dos impuestos de nueva creación cuya capacidad de generar recaudación es una incógnita, el impuesto sobre las transacciones financieras y el impuesto sobre los servicios digitales.
Nada nuevo bajo el sol. El Gobierno del Partido Popular no consiguió cumplir sus previsiones de ingresos ni uno solo de los años en que gobernó entre 2012 y 2018. Ni siquiera este año lo hará. Según el avance de liquidación revelado este viernes por el Gobierno, los ingresos tributarios de 2018 se quedaron en 207.610 millones de euros cuando se habían presupuestado 210.015 millones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios