Premio al buen ahorrador. Los ayuntamientos con superávit podrán reinvertir sus excedentes de forma inmediata: desde este mes de abril y hasta la primavera del año que viene, antes de la elecciones municipales. La medida hace inminente el RD de 23 de marzo por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales, tras el acuerdo entre el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para dar solución a una vieja batalla entre el Gobierno y los ayuntamientos por los límites de la regla de gasto impuestos a las corporaciones y que ha llevado a notables enfrentamientos entre el Ejecutivo y gobiernos como el de Madrid.
Con este anuncio ha respondido Cristóbal Montoro a una pregunta de la senadora de Foro Asturias Rosa Domínguez en la sesión de control del Senado sobre si el Gobierno va a flexibilizar la aplicación de esa norma. El responsable último de la reforma de la financiación local ha rescatado que el decreto fue fruto del acuerdo "por encima de ideologías" y ha recordado a la senadora que para llegar a acuerdos "hay que ceder" y el decreto aprobado fue producto de la negociación con la FEMP.
El superávit de los ayuntamientos es una cuestión que ha traído cola y que ha adquirido tintes gruesos con el Ejecutivo que dirige Manuela Carmena. Montoro ordenó intervenir las cuentas del consistorio madrileño a finales de 2017, por incumplir la regla de gasto y utilizar su superávit, lo que se calificó de guerra frontal entre el Ministerio y Madrid. En cálculos de Hacienda, este RD liberará recursos por valor de 5.000 millones de euros, de los más de 20.000 millones de euros excedentes en depósitos y que hasta la fecha se prohibía invertir.
Las entidades locales tienen superávit presupuestario desde 2012. En 2016, este remanente alcanzó el 0,6% del PIB tras un esfuerzo de consolidación fiscal desde 2011 de 11.180 millones de euros, de los que 5.671 han sido por reducción del gasto. A falta de que Hacienda ofrezca las cifras exactas, varias corporaciones locales han comenzado a hacer públicos sus superávit. Así, el Ayuntamiento de Valencia ha colgado en su página web que el excedente del año pasado asciende a 62,2 millones, mientras que Sevilla lo ha cifrado en 50 millones; Zaragoza, en 43,5 millones; Valladolid, en 22; Ibiza, en 17; Vigo, en 12; Salamanca, en 10,7; León, en 7,4; Toledo, en 7; Soria, en 4,5; y Barcelona, 1,3 millones, muy lejos de los 1.120 millones del Ayuntamiento de Madrid.
También Madrid es el ayuntamiento más endeudado, con un pasivo de 3.424 millones de euros. Mientras, el de Barcelona la mantuvo prácticamente igual en 839 millones en el cuarto trimestre de 2019. Eso sí, Madrid la redujo un 2,5% a nivel trimestral, mientras que Barcelona la elevó un 5% entre octubre y diciembre del año pasado, según los últimos datos del Banco de España.
En la defensa de la convalidación del decreto, que se votará al final de la sesión plenaria, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que la norma es fruto de una negociación "sincera, leal y constructiva" entre el Gobierno y las entidades locales. Montoro también ha hecho un reconocimiento expreso al "excelente trabajo" del municipalismo en España y al diálogo constructivo con la FEMP), cuya Junta Directiva "con diferentes ideologías ha antepuesto los intereses de sus provincias al servicio del bien común".
Montoro también se ha referido a los "profetas" que hace unos años querían reducir el déficit cerrando los ayuntamientos. "¿Dónde están todos aquellos profetas de la reducción de nuestro déficit que abogaban por el cierre de infraestructuras administrativo-políticas que son esenciales?", ha preguntado.
'Ley Montoro'
Hasta la fecha, lo que ahora autoriza este Real Decreto estaba prohibido por la conocida como 'Ley Montoro' (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) que impone un tope de déficit público, otro de deuda y, por último y una regla que establece un techo de gasto. Pero este Real Decreto solo regirá durante los años 2018 y 2019, a fin de que la ausencia a estas alturas de una ley de Presupuestos Generales del Estado no dificulte el desarrollo y la prestación de servicios de estas corporaciones.
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