El Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación, los dos mecanismos de nivelación ideados por el Gobierno socialista en la reforma de la financiación autonómica de 2009 para cubrir las aspiraciones de nuevos recursos exigidas desde Andalucía y Cataluña, desaparecerán de la faz del sistema de financiación autonómica en el futuro modelo que el Ministerio de Hacienda ya ha comenzado a negociar con los gobiernos de catorce de las quince comunidades autónomas de Régimen Común (Cataluña se ha autoexcluído de las negociaciones).
Ésta es una de las dos únicas certezas sobre el futuro sistema de financiación regional que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se animó a deslizar en su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Hacienda para explicar el estado de situación de las negociaciones para la reforma del modelo de financiación autonómica. La otra es que el Gobierno del Estado está dispuesto a plantearse alguna fórmula para abordar la reestructuración de la deuda autonómica y aliviar el peso asociado a los 250.000 millones de euros que las autonomías adeudan al Estado a cuenta de la financiación percibida en los últimos años, para compensar su incapacidad para financiarse en los mercados.
Montoro utilizó el altavoz de su comparecencia parlamentaria para fijar el terreno de juego en el que el Gobierno pretende que se desenvuelvan las negociaciones sobre la financiación autonómica. Éstas son sus prioridades: simplificar el sistema, limpiándolo de todos aquellos mecanismos de nivelación que persigan contribuir a la convergencia real entre comunidades autónomas; y devolver a las autonomías a la casilla de salida desde el punto de vista financiero, descargándolas en la medida de lo posible de las cargas heredadas de una crisis financiera que les ha golpeado más que a ningún otro nivel de la Administración Pública.
Para cumplir el primer objetivo, el de la simplificación del sistema, el titular del Ministerio de Hacienda dejó bien claro que la intención del Gobierno es liquidar los denominados Fondos de Convergencia, creados en su día con el objetivo declarado de promover la convergencia entre autonomías en términos de renta per cápita y de financiación por habitante ajustado, un criterio que buscaba incorporar al sistema el coste asociado al mayor número de habitantes y a la mayor dispersión en la distribución de éstos por el territorio.
Más allá de la justificación técnica había una justificación política. Y es que el sistema de financiación autonómica tal y como estaba concebido en principio no beneficiaba particularmente ni a Andalucía ni a Cataluña, dos territorios que a la altura de 2009 tenían una singular influencia sobre el Gobierno y que, como mínimo, aspiraban a mantener el 'statu quo' adquirido tras la reforma de 2002. El asunto se sustanció con la creación de dos fondos de nivelación, el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación, que al margen de otras consideraciones vinieron a mejorar la parte del pastel que a Cataluña y Andalucía les correspondió en la distribución de los 11.000 millones de euros de nuevos recursos que supuso la puesta en marcha de la reforma del sistema.
El arreglo se percibe de forma bastante evidente en los balances anuales de distribución de fondos del sistema. Según el estudio elaborado por el director de Fedea y presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, Ángel de la Fuente, sobre la distribución de los fondos asociados al sistema en 2015, Cataluña fue la región que más recursos recibió del Fondo de Competitividad en dicho ejercicio: 873 millones sobre los 2.994 millones distribuidos por el fondo. Del mismo modo, Andalucía fue la que percibió un mayor volumen de recursos de Fondo de Cooperación: 474 millones sobre un total de 2.178 millones.
A vueltas con la reestructuración de la deuda autonómica
El otro punto que Montoro ha resuelto que se debe sustanciar en el nuevo sistema de financiación es qué hacer con el ingente volumen de deuda acumulado por las comunidades autónomas tras la crisis, la mayoría a pagar al Estado. El ministro ha abierto, una vez más, la puerta a una posible solución señalando la necesidad de calcular qué volumen de la deuda autonómica se debe a la insuficiencia de financiación generada por el actual sistema, lo que implica la aceptación implícita de que una parte de ese endeudamiento no es imputable a 'alegrías' en la gestión.
El debate en este asunto es doble. Por una parte, está el asunto de la cuantía susceptible de reestructuración. La Comisión de Expertos abría la puerta a una posible reestructuración de la deuda pero rechazó solicitar una quita, como pedían los expertos de no menos de media docena de comunidades autónomas. El voto particular de Francisco Pérez García, el experto designado por la Comunidad Valenciana, consideraba susceptible de reestructuración toda la deuda acumulada en el periodo 2009-2016, (más de 190.000 millones de euros), por imputarla a la insuficiencia del sistema para financiar los servicios esenciales que prestan las comunidades autónomas.
El otro flanco es cómo abordar dicha reestructuración. Hacienda descarta la posibilidad de una quita, pero ya ha instado a los grupos de trabajo constituidos con las comunidades autónomas a plantear posibles opciones para aliviar el peso de la deuda autonómica. En el seno de la Comisión de Expertos se debatió la opción de ampliar el plazo para la devolución de la financiación recibida del Estado por las comunidades autónomas y fijar un tipo de interés reducido para evitar que esas cargas se convirtieran en un lastre. Desde Hacienda, por otra parte, ya se ha planteado en más de una ocasión la posibilidad de mutualizar la deuda autonómica para facilitar su acceso a los mercados al mismo coste que el Estado y con la garantía del rating del Reino de España.
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