Una maniobra in extremis del por entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 'salvó' a principios de este año a la Generalitat de Cataluña de tener que hacer frente a la gravosa factura -en forma de intereses de demora- de los impagos por cerca de 3.000 millones de euros en que incurrió la Administración catalana por no liquidar a tiempo las cuotas de amortización correspondientes a la financiación recibida del Estado en los años 2013 y 2015 a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el célebre FLA; y el Fondo Social, creado para garantizar a las entidades locales el cobro de los convenios y transferencias dependientes de la financiación de las comunidades autónomas.
La delicada posición de Tesorería de la Generalitat -cuyas cuentas a esas alturas aún estaban intervenidas por el Estado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución- no le permitieron atender los pagos de la cuota correspondiente al FLA de 2015 y al Fondo Social del mismo año, que vencían el 31 de enero, ni la correspondiente al FLA de 2013, cuyo pago debía atender el 19 de febrero. En total, más de 2.811 millones de euros, que en aplicación estricta de la regulación de esos fondos hubieran empezado a devengar intereses de demora hasta el momento en que se sustanciara su liquidación efectiva.
El Gobierno, que en aquel momento estaba a los mandos o como mínimo supervisando de manera estricta las cuentas de la Generalitat, hizo lo posible para que tal cosa no ocurriera. Apenas cinco días antes de que se produjera el primer fallido, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó una resolución en virtud de la cual se establecía que los vencimientos de los préstamos recibidos del Estado a cuenta de alguno de los fondos habilitados para dar liquidez a las comunidades autónomas no generarían intereses de demora, siempre que las necesidades de financiación del año en curso estuvieran cubiertas por estos fondos, es decir, siempre que se mantuviera el vínculo a la 'respiración asistida' del Estado.
La maniobra, que permitía a las autonomías que se saltaran el calendario de pagos ahorrarse la penalización -en forma de intereses de demora- prevista por impago, no sólo benefició a la Generalitat de Cataluña. Entre enero y febrero, las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha incurrieron en impagos por una cuantía de 4.667 millones de euros, según el balance hecho público por el Ministerio de Hacienda a través de las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas del ejercicio 2017.
Cataluña, la autonomía más dependiente
La Comunidad Autónoma de Cataluña es de largo la que más financiación ha recibido del Estado desde que en 2012 el Ejecutivo resolviera que el camino más directo para ahorrarse sustos que pudieran comprometer su reputación como pagador ante los mercados era apuntalar las finanzas autonómicas con la inyección de fondos estatales.
La cuantía total recibida ronda de los 60.000 millones de euros, de los que 54.454 millones de euros aún estaban pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017. La cuenta pendiente de la Generalitat con la Administración del Estado supone casi una tercera parte de la deuda total de más de 166.000 millones de euros que las comunidades autónomas deben al Estado a cuenta de la financiación que aún hoy reciben para poder atender a sus compromisos de pago.
La información que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda a través de las cuentas anuales del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas revela que la carga de deuda derivada de estos instrumentos no es el único gasto que le genera a las arcas del Estado el 'rescate financiero' de las comunidades autónomas.
El tipo de interés del 0% al que el Estado ha prestado esta financiación durante los últimos años le generó en 2017 una factura derivada de esta 'subvención' de más de 42,7 millones de euros.
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