Guiño a los empleados públicos

Montoro 'regala' el 8 de diciembre a los funcionarios para librar cuando quieran

Aprovecha una norma de 2012 para dar al personal de la Administración del Estado un día de permiso a cuenta de esa festividad, que cae en sábado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Para la inmensa mayoría de la fuerza laboral de este país el sábado, 8 de diciembre, tendrá la consideración de día festivo de ámbito nacional, de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las comunidades autónomas, es decir, que éstas no lo podrán desplazar a otra fecha para garantizar su disfrute. Así se establece en la Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se publica el Calendario Laboral de 2018, que contiene las fiestas laborales que se disfrutarán durante el ejercicio.

Pero eso será para la inmensa mayoría de la fuerza laboral, no para el personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda fechada el pasado 20 de febrero acaba de sancionar el derecho de los empleados públicos adscritos a la Administración del Estado a disfrutar de un día extra de permiso en 2018 a cuenta de que la tradicional festividad de la Inmaculada, el 8 de diciembre, que caerá este año en sábado.

Hacienda ha tomado esta decisión amparada en una resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de 28 de diciembre de 2012, en virtud de la cual se habilita al Ministerio "a incorporar a los calendarios laborales, cada año natural, como máximo un día de permiso cuando alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido, no recuperables y no sustituibles por las comunidades autónomas coincidan en sábado durante este año", con el único requisito previo de que la Secretaría de Estado competente dicte una resolución al efecto y lo haga antes del 28 de febrero de año en curso.

La resolución no establece la obligación de hacerlo, sino simplemente la posibilidad. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, no es la primera vez que se hace uso de esta competencia y ya en 2015 el Ministerio resolvió otorgar un día extra de permiso a los empleados de la Administración del Estado cuando la festividad del 15 de agosto cayó también en sábado. Sin embargo, en la web del Ministerio no se recoge ninguna otra resolución sobre este asunto, más allá de la actual y la adoptada en 2017 para compensar el hecho de que tanto el 24 como el 31 de febrero cayeran en domingo.

Según la resolución dictada por Hacienda el pasado día 20 de febrero, el día extra de permiso podrá disfrutarse individualmente o acumularse a los días de vacaciones disponibles para 2018 o a los días de asuntos particulares. Hacienda advierte, asimismo, que el permiso adicional deberá ser tenido en cuenta por los subsecretarios de los diferentes ministerios, los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas y los delegados de gobierno a la hora de aprobar los calendarios laborales de sus respectivos ámbitos.

Ofensiva del Gobierno para 'ganarse' a los funcionarios

La decisión se produce en medio de la negociación con los sindicatos para cerrar un acuerdo salarial y de condiciones de trabajo para el próximo trienio 2018-2020 y en el marco de lo que parece una ofensiva del Ejecutivo para ganarse el favor de los funcionarios tras varios años de ajustes en sus salarios y recortes en sus beneficios laborales.

En los apenas dos meses que llevamos de año, el ministro de Hacienda ya se ha comprometido a estudiar la aplicación de las 35 horas de manera restringida en determinados ámbitos de la Administración, a subir el sueldo a los funcionarios haya o no Presupuestos Generales del Estado, a equiparar el salario de los policías y los guardias civiles al de otros cuerpos de seguridad autonómicos y a replantearse las penalizaciones en los sueldos de los empleados públicos por bajas laborales introducidas en 2012 en pleno plan de ajuste presupuestario.

El ministro de Hacienda encara ahora una dura negociación salarial con los sindicatos para conseguir un acuerdo para los próximos tres años, que permita recuperar a los empleados públicos parte del poder adquisitivo perdido por éstos en los años de la crisis (entre un 13% y un 20%, según la fuente sindical que se tome como referencia) sin comprometer las finanzas del Estado y en un contexto en el que no está claro que haya Presupuestos los próximos años.

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