Presupuestos 2018

Montoro prorroga Patrimonio por sexta vez y blinda 1.300 millones para las CCAA

El Gobierno decreta su mantenimiento tras constatar su intensiva utilización como fuente de generación de ingresos por los ejecutivos regionales

Gráfico Recaudación patrimonio
Gráfico Recaudación patrimonio / Nerea de Bilbao

Como adelantó La Información el pasado 21 de febrero el Gobierno ha optado finalmente por prorrogar por sexta vez la vigencia del Impuesto de Patrimonio, cuya caducidad se fijó para el año 2012 cuando el Gabinete Zapatero lo 'resucitó' en 2010 pero que ha logrado consolidarse de nuevo en el sistema tributario español, a pesar de su desaparición en más de media Europa y su supresión en la Comunidad de Madrid.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este martes lo que ya se preveía, que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 incluirá la prórroga del Impuesto de Patrimonio para este ejercicio. De hecho, en las últimas semanas la única duda era si esta decisión se tramitaría vía Presupuestos o bien mediante otro vehículo legal. El anuncio permitirá respirar algo más tranquilos a los consejeros de Hacienda de al menos trece comunidades autónomas de régimen común, que habían configurado sus presupuestos para este ejercicio sobre el bien entendido de que habría Impuesto de Patrimonio pero que no disponían de ninguna evidencia de que ello fuera a ser así.

El Impuesto de Patrimonio aportó en 2016, último ejercicio para el que existen datos oficiales, 1.257 millones de euros en recaudación y en los últimos años se ha convertido en una de las principales armas de las comunidades autónomas para generar ingresos, especialmente a costa de los grandes patrimonios. Desde su reimplantación en 2011 más de la mitad de las comunidades autónomas de régimen común han introducido modificaciones en el impuesto orientadas a incrementar su potencial recaudatorio, bien elevando los tipos del impuesto, bien reduciendo los mínimos exentos, lo que se ha traducido en que desde entonces el número de contribuyentes obligados a pagar el Impuesto de Patrimonio se ha incrementado un 40%.

La incertidumbre sobre la supervivencia del Impuesto de Patrimonio de cara a 2018 se disparó a raíz de la decisión del Gobierno de no incluir su prórroga en los siete decretos con medidas fiscales aprobados en los primeros días del año. Había motivos para no hacerlo. Utilizar un Real Decreto para modificar una ley - en este caso, la que establece la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio, es decir, su virtual eliminación - abriría una inquietante puerta a una eventual impugnación judicial de la decisión con la incertidumbre sobre los ingresos generados por esa vía que ello acarrearía. 

La presumible tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado ofrece al Gobierno un cauce más regular para sustanciar el asunto sin potenciales problemas legales. Para este año 2018, dos gobiernos autonómicos ya habían decidido cambios en el impuesto: Cantabria elevará su tarifa autonómica por encima del estándar fijado en la ley estatal en busca de más ingresos y La Rioja elevará la bonificación sobre la cuota del impuesto del 50% al 75% en el penúltimo paso para su supresión definitiva en el año 2019.

Hacienda 'mima' a las autonomías con 2.300 millones de euros

No es la única medida fiscal de los Presupuestos que redundará en beneficio de las arcas autonómicas, que pese a haber finalizado 2017 con un déficit inferior al establecido en su senda de consolidación presupuestaria, aún tienen un duro camino que recorrer hasta llegar al equilibrio presupuestario, previsto para el año 2019. Si por la acción del Gobierno de prorrogar el Impuesto de Patrimonio las comunidades autónomas se han garantizado en torno a 1.300 millones de euros en ingresos; por la omisión de no cargar a las comunidades autónomas el 50% de la factura de la rebaja fiscal operada en el IRPF, los gobiernos regionales se ahorrarán otros 1.000 millones de euros.

El ministro de Hacienda precisó este martes que el Estado asumirá el coste total por 2.000 millones de euros de la reforma del IRPF que eximirá de tributación a las rentas de entre 12.000 y 14.000 euros y reducirá de forma progresiva la imposición a las que se sitúen entre 14.000 y 18.000 euros. No siempre se ha hecho así y el hacerlo implicará que las autonomías recibirán este año 1.000 millones de euros más como compensación por el coste para sus cuentas de ingresos del efecto de la rebaja fiscal.

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