La Agencia Tributaria se encargará de que los contribuyentes con deudas fiscales pendientes de pago que hayan desplazado su domicilio fuera de Cataluña abonen a la Generalitat hasta el último céntimo que adeuden en concepto de impuestos no pagados. Así lo han acordado ambas administraciones al rubricar un convenio de colaboración en virtud del cual la Generalitat habilita al Ministerio de Hacienda para reclamar en su nombre las cargas fiscales pendientes de pago de contribuyentes - particulares y empresas - que por unas u otras circunstancias ya no residan en el territorio catalán, según han confirmado fuentes de la Generalitat de Cataluña.
En realidad, el convenio ya existe desde el año 2006 y regula el proceso de recaudación en vía ejecutiva de una parte de los ingresos de derecho público de la Generalitat de Cataluña, cuya gestión está contratada con la Agencia Tributaria por su mayor capacidad operativa fuera del territorio catalán. La principal novedad es que hasta ahora el trabajo de la Agencia Tributaria se centraba principalmente en la parte administrativa de la gestión del ingreso, ya que la reclamación de la deuda era asumida por la Generalitat a través de un trámite bastante engorroso y escasamente eficaz a la hora de conseguir recuperar las deudas como así se reconoce en el texto del convenio. En resumen, la Agencia hacía el seguimiento de la deuda tributaria y cuando entendía que ésta se podía reclamar proponía a la autoridad tributaria catalana dictar un acto administrativo para reclamar esa deuda.
"La aplicación práctica ha demostrado que este esquema de funcionamiento resultaba ineficaz para la recuperación del crédito público (el impuesto no pagado y los posibles intereses de demora)", reconoce el convenio. Para sortear estos problemas, el nuevo marco habilita a la Agencia Tributaria para exigir la responsabilidad a quién corresponda y el pago de la deuda sin necesidad de cumplir con el requisito formal de que tenga que ser la autoridad tributaria catalana la que ejecute dichos pasos, lo que hará mucho más ágil el proceso.
Los movimientos de contribuyentes fuera de las fronteras de Cataluña ya constituían una de las principales preocupaciones de gestión de la Agencia Tributaria Catalana antes de lo sucedido tras el 1-0, pero el masivo desplazamiento de sedes fiscales de empresas a otros territorios después de esa fecha los ha convertido en una cuestión crítica para la Hacienda catalana.
El acuerdo suscrito entre la Generalitat y el Ministerio de Hacienda no se queda en reforzar la capacidad de la Agencia Tributaria para reclamar el cobro de deudas tributarias en nombre de la Administración Catalana, sino que también habilita al órgano público para rehabilitar por iniciativa propia deudas que hubieran sido canceladas en algún momento por ser consideradas incobrables, principalmente en el marco de procedimientos concursales o bien cuando se hayan solicitado aplazamientos o fraccionamientos de pago. El seguimiento del pago de estas deudas por parte de la Generalitat sobre contribuyentes con residencia fiscal en otros territorios es problemático y por ello se considera que sea la Agencia Tributaria la que pueda actuar en esos casos.
¿Un paso atrás en la Hacienda catalana?
El movimiento se produce después de que durante 2017 el departamento dirigido por Oriol Junqueras desactivara en parte los espacios de colaboración que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) mantenía con la Hacienda española, en el marco del proceso de construcción de la Hacienda catalana.
En febrero, la Generalitat anunciaba la asunción por parte de la ATC de la recaudación ejecutiva de las multas de tráfico no pagadas por los conductores catalanes, de la que hasta ese momento se encargaba Hacienda a través de un convenio que implicaba el pago de cuatro millones de euros por parte de la Generalitat. Esa cuantía, que retribuía la gestión de 300.000 expedientes anuales, suponía el 11% de los ingresos totales por esa vía.
Poco después, en el mes de septiembre y en plenas maniobras preparatorias para el referéndum del 1-O, Junqueras anunció a bombo y platillo que la Generalitat asumía la gestión directa de los impuestos cedidos por el Estado: Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en una maniobra que según la Generalitat culminaba el aprovechamiento del perímetro de actuación que el Estado daba a la Hacienda catalana.
Según el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, el convenio no altera el marco competencial actual de la Hacienda catalana y únicamente supone una actualización técnica de una serie de procesos que ya se venían desarrollando desde hace años con total normalidad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios