Montoro resuelve prorrogar Patrimonio y sopesa la vía más adecuada para hacerlo

  • Hacienda analiza el mejor vehículo legal para mantener la vigencia del impuesto ante la posibilidad de que no se pueda hacer con los Presupuestos
Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro

El tiempo corre y la ventana para que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018 cada vez es más estrecha. Ante esta eventualidad, el Ministerio de Hacienda ha comenzado a analizar las posibilidades legales de que dispone para mantener vivo el Impuesto de Patrimonio, suspendido de facto desde el pasado 1 de enero - cuando venció la prórroga de un año prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 -, pero cuya vigencia durante 2018 Cristóbal Montoro ya ha decidido prolongar, según ha podido confirmar lainformacion.com.

El Impuesto de Patrimonio es un instrumento fiscal clave para la mayoría de las comunidades autónomas, que en 2016 ingresaron en conjunto 1.257 millones de euros a través de este cauce y que han diseñado sus presupuestos para este año sobre la base de esos ingresos fiscales. Prescindir de esta vía de ingresos supondría un duro golpe para las arcas de los gobiernos autonómicos a los que aún les queda un par de años de ajustes hasta llevar sus cuentas al equilibrio, previsto para el año 2019. Conviene recordar que la Comunidad de Madrid tiene bonificado el impuesto al 100%, es decir, que en Madrid no se paga por Patrimonio; y que La Rioja, también lo tiene bonificado, aunque en este caso al 50%.

La incertidumbre sobre la supervivencia del Impuesto de Patrimonio de cara a 2018 se disparó a raíz de la decisión del Gobierno de no incluir su prórroga en los siete decretos con medidas fiscales aprobados en los primeros días del año. Había motivos para no hacerlo. Utilizar un Real Decreto para modificar una ley - en este caso, la que establece la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio, es decir, su virtual eliminación - abriría una inquietante puerta a una eventual impugnación judicial de la decisión con la incertidumbre sobre los ingresos generados por esa vía que ello acarrearía. El Gobierno confiaba entonces en sustanciar el asunto a través de la futura Ley de Presupuestos del Estado, pero ahora esa posibilidad parece remota.

Si no hubiera Ley de Presupuestos, el Gobierno tiene varias opciones, según apuntan las fuentes familiarizadas con el funcionamiento del Ministerio de Hacienda. La más arriesgada es la vía del Real Decreto, ya utilizada por cierto en 2017, un instrumento que solo puede utilizarse en casos de urgente y extrema necesidad y potencialmente impugnable si no se acredita ésta de forma suficiente. "Lo más seguro es hacerlo a través de un Decreto Ley o, más aún, a través de la primera Ley que se apruebe en el Parlamento, aunque no tenga nada que ver con asuntos fiscales", explican las fuentes consultadas. En el primer caso ese 'vicio de legalidad' por la ausencia de los principios de urgente y extrema necesidad quedaría paliado por la necesaria convalidación parlamentaria; en el segundo, se modificaría una ley con otra ley, lo que, aunque la ley no tenga relación directa con temas fiscales, permite cumplir el trámite formal sin riesgos adicionales.

El futuro del Impuesto de Patrimonio

Decidida ya la prórroga, al menos para 2018, del Impuesto de Patrimonio, Montoro deberá decidir ahora entre las opciones legales que sus servicios jurídicos le pongan sobre la mesa para ejecutar la misma. La decisión vuelve a aplazar el debate sobre el futuro de un impuesto en el disparadero, que nació en 1977 como una figura temporal, que se consolidó posteriormente en el sistema fiscal y cuya supresión entre 2009 y 2011 ha terminado por resultar fugaz...salvo en el caso de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid decidió en 2011 mantener la bonificación al 100% para la cuota del impuesto cuando el Gobierno de Zapatero se vio empujado a reimplantarlo ante la urgencia de obtener ingresos fiscales con los que atenuar los recortes presupuestarios. Desde entonces, la región se ha convertido en la punta de lanza del movimiento en defensa de la supresión definitiva del Impuesto de Patrimonio, que maneja entre otros argumentos su desaparición práctica en el panorama europeo. El último país en eliminarlo fue Francia hace apenas un año.

Las aspiraciones de los abolicionistas chocan, de momento, con la economía real. La que dice que los Gobiernos autonómicos no sólo no han avanzado en su supresión sino que en los últimos años han tomado medidas para incrementar su capacidad para generar ingresos, agarrados a la bandera de incrementar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. En realidad la espiral no sólo ha afectado a éstas. El número de contribuyentes obligados a pagar el impuesto se ha incrementado un 43% desde 2011 y la cuota media se ha incrementado más de un 10% los dos últimos años.

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