La ambición no disimulada del Govern de Cataluña de volver a financiarse en los mercados y romper con la dependencia que le ata desde hace casi una década a la asistencia financiera del Gobierno Central tendrá que esperar hasta 2021. A una semana escasa de que se cierre la ventana habilitada por el Ministerio de Hacienda (el próximo 30 de noviembre) para que las gobiernos autonómicos que así lo deseen soliciten la autorización del Estado para acudir a los mercados en 2020, la Generalitat está abocada a quedarse un año más fuera de ese 'juego' después de que Fitch y Moody's -las dos grandes agencias de rating que aún califican la deuda de la Generalitat- hayan mantenido la calificación de la deuda catalana como 'bono basura' en sus últimas evaluaciones.
La ubicación de los títulos de deuda de la autonomía de turno en alguno de los escalones que se consideran como inversión recomendable o libre de riesgo es uno de los requisitos que exige el Gobierno para dar luz verde a la salida de una comunidad autónoma al mercado, y es el único que tanto el año pasado como éste no ha cumplido Cataluña. Esos requisitos quedaron fijados por el nuevo Gobierno socialista en un acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 5 de julio de 2018, que pretendía eliminar cualquier umbral de discrecionalidad a la hora de determinar si una comunidad autónoma podía salir o no al mercado y establecer una serie de criterios objetivos para ello: haber salido del sistema de 'respiración asistida' del Fondo de Liquidez Autonómica, tener las cuentas en orden -lo que implica cumplir con los objetivos de déficit y deuda y con la regla de gasto-; no incumplir el plazo legal para pagar a sus proveedores (30 días); y que la calificación de sus títulos de deuda estén en rango de 'grado de inversión'.
Según fuentes gubernamentales, estos requisitos no han variado y continúan siendo exigibles a todo gobierno autonómico que quiera asomarse a los mercados, lo que deja fuera 'de facto' de esa posibilidad a la Generalitat de Cataluña, que a preguntas de La Información no ha querido comentar si solicitará o no esa posibilidad al Ministerio.
A día de hoy esa puerta está cerrada, como reconocen fuentes oficiales, si bien desde el ámbito de la política se matiza que ese esquema "no está grabado en piedra" y que al estar fijado por un acuerdo político del área económica del Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, podría variarse en cualquier momento con cierta facilidad.
La factura de la 'incertidumbre política'
La Generalitat ha intensificado sus esfuerzos en los últimos meses por proyectar una imagen de estabilidad financiera a los mercados. La presentación que ha utilizado en sus últimos encuentros con inversores incidía en la fuerte reducción del déficit conseguida en los últimos años -con el horizonte de alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020-, en las medidas de generación de ingresos y ajuste de gastos realizadas y en la configuración de un esquema de devolución de sus deudas más sostenible, pasando compromisos a corto a un plazo más largo, en concreto los 2.774 millones que el Estado le autorizó a refinanciar.
La gestión financiera del departamento dirigido ahora por Pere Aragonés y antes por Oriol Junqueras ha servido a Cataluña, con la inestimable ayuda del favorable contexto de mercado, para recuperar algo de crédito entre los inversores de capitales, lo cual se ha traducido en un aumento del precio que se paga por sus títulos en el mercado secundario, especialmente por los de largo plazo. Sin embargo, no ha sido suficiente para desactivar la percepción de riesgo que proyecta la permanente sensación de turbulencia social y política en la región.
Moody's mencionó el asunto en su último informe de evaluación sobre Cataluña y advirtió de que continuaría monitorizando la situación de turbulencias políticas y su posible impacto sobre el desempeño económico de la región. Fitch puso el foco, por su parte, en las tensiones políticas entre las Generalitat y el Gobierno de España cuya evolución es esencial sobre la estabilidad financiera de Cataluña. No hay que olvidar que de los cerca de 80.000 millones de euros de deuda que reconoce la Generalitat de Cataluña, más de 72.000 millones están financiados por el Gobierno de España y que el calendario de pagos que afronta el Govern está condicionado de forma decisiva por esta situación.
Más allá de estos factores, un informe a inversores de Fitch ya advirtió hace unos meses del pernicioso impacto de la presión política, la inestabilidad y lo impredecible del contexto catalán sobre los resultados de la evaluación de la agencia.
Un instrumento más de incidencia política para el Govern de Torra
La Generalitat también aprovecha sus relaciones puntuales con los inversores para tratar de transmitir su singular perspectiva sobre la situación política en Cataluña. La presentación a inversores de la Generalitat de Cataluña incluye una página completa que bajo el epígrafe 'El déficit fiscal español sólo puede ser entendido desde una perspectiva general' se dedica a poner de manifiesto las dificultades que el marco normativo, y más en concreto el sistema de financiación autonómica, implican para la normal gestión financiera del gobierno catalán.
"Los analistas no podrían emplear suficiente tiempo en llegar a entenderlo", espeta la Vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat sobre el actual modelo de financiación autonómica, del que dice que en cualquier caso no es un modelo sostenible y está condenado a la renegociación. El Govern se queja asimismo de tener que sufragar el derecho básico a la sanidad y a una educación universal y gratuita sin tener margen alguno de reforma normativa, al igual que sucede con otros ámbitos como la dependencia, el medio ambiente, las subidas salariales...
La Generalitat transmite a los inversores que, al cabo, el Gobierno Central tiene capacidad de decidir sobre el 90% de los ingresos de Cataluña, determina el 90% de los gastos que sufraga el presupuesto autonómico y goza de las atribuciones regulatorias sobre la reestructuración de los sectores. Un marco que lleva al Govern a asegurar que "Cataluña no tiene un problema financiero estructural" ya que tiene un nivel de gasto per cápita por debajo de la media y una capacidad de generar ingresos fiscales muy superior al resto de comunidades autónomas.
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