El Gobierno continúa ampliando el paquete de ayudas para empresas y trabajadores afectados por la crisis sanitaria y económica del coronavirus. El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a varias medidas, entre ellas dos importantes en el ámbito económico-laboral que han sido demandadas con insistencia tanto por parte de los sindicatos como de las organizaciones patronales. Por un lado, se ha aprobado una moratoria de seis meses para las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y pymes y, por otro, se ha habilitado un subsidio extraordinario para los parados que no tengan acceso a la prestación de desempleo por no acumular el periodo cotizado exigido.
En concreto, el Ejecutivo ha aprobado un subsidio de desempleo excepcional, sin exigir requisitos de carencia, para los trabajadores temporales cuyo contrato finalizó tras la declaración del estado de alarma y no tengan la cotización necesaria para acceder a otra prestación. Esta prestación alcanzará el 80% del IPREM, es decir, unos 440 euros, según ha adelantado el vicepresidente Pablo Iglesias durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Esta medida viene a dar respuesta a la avalancha de extinciones de contratos sin renovación que se está produciendo al margen de la oleada de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Además se crea un subsidio especial para empleadas del hogar, de manera que por primera vez en España estas trabajadoras (el 98% son mujeres) van a estar protegidas en situación de desempleo con una prestación temporal que pueden solicitar si han sido despedidas o han visto reducidas sus horas de trabajo, de modo que esta ayuda económica es compatible con el mantenimiento de una parte de la actividad laboral. Las beneficiarias tendrán que estar dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y la cuantía del subsidio alcanzará el 70% de la base reguladora.
Por su parte, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha sido la responsable de explicar el paquete de medidas destinadas a las empresas. En concreto, ha confirmado que finalmente el Gobierno ha habilitado a la Seguridad Social para dar una moratoria en el pago de las cotizaciones sociales tanto para autónomos como para pymes durante los próximos seis meses. A la espera de que se concreten en el BOE los requisitos para acogerse a esta moratoria, que no será generalizada, Calviño también ha adelantado que se permitirá el aplazamiento del abono de deudas con la Seguridad Social hasta el próximo 30 de junio de 2020.
Según ha explicado la vicepresidenta del área económica, el catálogo de medidas aprobadas hoy, que ascienden a medio centenar, contiene iniciativas de hasta once ministerios, siguiendo las recomendaciones de la autoridades sanitarias y recogiendo las sugerencias de los agentes sociales. Precisamente las organizaciones empresariales habían venido reclamando la suspensión temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, especialmente los autónomos a los que hoy mismo se les ha cargado el recibo de la cuota del mes de marzo. En este sentido, Calviño ha avanzado que se facilitará una moratoria sin intereses de la cuota correspondiente a los días trabajados en marzo.
La vicepresidenta ha aclarado que los autónomos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota de marzo que no les corresponda pagar en este caso. Además, para facilitar a las empresas y a los autónomos la realización de las gestiones con la Seguridad Social se va a permitir el acceso al Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED) para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y todos los trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos.
Además, el real decreto ley aprobado por el consejo de ministros y que se plasmará en el BOE en las próximas horas rebaja las exigencias a las empresas que se están acogiendo a ERTE. Concretamente, respecto a la obligación de mantener las plantillas durante los seis meses posteriores a la recuperación de la actividad, se precisan las situaciones que no se considerarán destrucción de empleo, como por ejemplo la finalización de un contrato temporal para el que acabe la obra o servicio.
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