El ingreso mínimo vital (IMV) lleva más de un año operando en España con el propósito de proteger a las familias más vulnerables y que han sufrido especialmente durante la crisis provocada por la Covid. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señala que aunque este tipo de prestaciones han aumentado, solo 900.00 personas tienen acceso a alguna, aunque son más de 3,3 millones las que sufren "carencias materiales graves".
Muchas unidades de convivencia se han visto en la necesidad de solicitar estas ayudas en el último año y el IMV proporciona una renta básica en función de los ingresos. Sin embargo, hay un detalle que dificulta aún más su solicitud. A pesar de que según la normativa del Real Decreto-ley 39/2020 de 29 de diciembre, indica que el importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) se considerará exento del IRPF, Hacienda ha obligado a estos usuarios a presentar la Renta durante la campaña 2020.
El problema surge cuando muchos de ellos han recibido la confirmación después de que se haya acabado el plazo de presentación del IRPF, provocando que tengan que hacer frente a la multa correspondiente por poner al día sus obligaciones fiscales en fechas posteriores. Esta es la situación que ha denunciado la Plataforma RMI Tu Derecho en Europa Press, y llaman al Ejecutivo y al Congreso "a tomar medidas frente a los abusos que están sufriendo las familias beneficiarias".
Infracciones evitables
La organización asegura que este es el caso de una familia de cuatro miembros con dos hijos menores sin ingresos desde 2012. Ellos solicitaron la prestación en febrero de 2021 pero no obtuvieron la confirmación hasta julio. Al presentar la declaración fuera de plazo, ya que la normativa apunta que debe realizarse cuando el IMV es concedido, se enfrentan a una sanción de 200 euros.
La familia tiene la posibilidad de alegar contra la multa indicando la fecha de recepción de la comunicación de concesión de ingreso mínimo vital. En cambio, desde la ONG creen que sería más justo para los beneficiarios simplificar estos trámites y evitar que tengan que pasar por estos procesos.
La Plataforma quiere que se valore como una situación anómala y renuncie a establecer multas para estas personas que, sin tener la obligación fiscal de declarar, se vean obligadas a hacerlo fuera de plazo por imposiciones arbitrarias de otras administraciones públicas. "Deben ofrecer soluciones diferentes que permitan evitar estas situaciones injustas y que dejen atrás a muchas familias que necesitan este respaldo social", apuntan.
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