Las deudas son una situación complicada a la que se pueden enfrentar algunos usuarios y que pueden marcar su futuro financiero. De hecho, las entidades bancarias suelen considerar la capacidad de endeudamiento de cada cliente para evitar situaciones de impago.
Es habitual que los bancos comprueben la solvencia mediante justificantes del nivel de ingresos, contratos laborales, antigüedad del trabajo u otros documentos que demuestren que podrán pagar. Por tanto, la recomendación general es que esos créditos pendientes no superen entre un 30 y un 35% de los ingresos para evitar riesgos.
A pesar de todas estas comprobaciones la situación puede cambiar, de manera que los clientes terminen debiendo una parte a las compañías que tengan contratadas. Algunos optan por la reunificación de deudas para facilitar el pago, mientras que otros prefieren hacer uso de la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora, el Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia sobre este aspecto.
Multa por los gastos de cobro
El organismo ha establecido una cuota fija de 4o euros que tendrán que pagar los deudores por cada una de las facturas que no se hayan abonado a tiempo. Una sentencia del pasado miércoles 19 de mayo en la sala de los Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, dictaminó que el importe tendrá carácter automático y sin recordatorios con el fin de luchar contra la morosidad.
Por tanto, esta cantidad se aplicará en concepto de gastos de cobro y añadirá presión a los deudores. Además, también se reconocerá el derecho del acreedor a reclamar una indemnización por los costes que hayan sufrido una vez finalizado el plazo establecido.
El caso real
Esta sentencia se debe a un caso ocurrido en el Servicio Extremeño de Salud, que debían hasta 5.000 facturas retrasadas a más de 28 empresas distintas. Las empresas cedieron los derechos de cobro a una entidad que las agrupó en una única reclamación y finalmente fueron pagadas fuera del plazo establecido en el contrato.
Sin embargo, el Tribunal ha atribuido la responsabilidad a la Administración y ha determinado que deberán abonar esa cantidad extra por las molestias de demora provocadas a cada empresa.
