El laborioso acuerdo parlamentario tejido por el Gobierno para garantizar un año más la aprobación de su proyecto de Presupuestos del Estado no ha cerrado sin embargo todos los flancos de incertidumbre respecto a las cuentas públicas. Para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la plataforma que representa a los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, el texto no está cerrado y ya ha empezado a maniobrar tanto ante el Ministerio de Hacienda como ante los grupos parlamentarios para conseguir incluir en el Senado una nueva disposición que comprometa al Gobierno de España con la compensación a futuro de las eventuales pérdidas recaudatorias que la nueva regulación de la plusvalía urbana pueda generar a los ayuntamiento españoles.
La FEMP asume que la solución de constituir un fondo de 1.500 millones de euros en los Presupuestos de 2022 para atender esas posibles pérdidas es más bien remota después de que el Gobierno rechazara la enmienda presentada por ERC y por mucho que la Comisión de Hacienda del Senado haya aprobado una disposición en ese sentido. La pretensión ahora de la entidad que preside el alcalde de Vigo, Abel Caballero, es introducir en el texto presupuestario un compromiso explícito por parte del Ministerio de Hacienda de buscar una solución a lo largo del próximo año que permita compensar a los ayuntamientos por las pérdidas recaudatorias que sufran por los ajustes introducidos en el impuesto para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional, según confirma el propio presidente de la FEMP.
Pese a que Hacienda sostiene que es imposible estimar el impacto que tendrá sobre las arcas municipales la nueva plusvalía urbana, las aproximaciones que baraja la FEMP constatan que tendrá con toda seguridad efectos negativos sobre la recaudación, que en el año 2019 rondó los 2.500 millones de euros. La Federación de Municipios ha terminado por entender las objeciones de Hacienda a compensar a priori a los ayuntamientos sin disponer de datos fehacientes del impacto real que tendrá la nueva regulación. El departamento que dirige María Jesús Montero les insiste en que la posibilidad de gravar las plusvalías generadas en un periodo inferior a un año compensará en buena medida la potencial pérdida de recursos que se produzca por el resto de modificaciones incorporadas al impuesto para lograr que grave de manera efectiva la capacidad económica.
También se da la circunstancia de que se trata de un impuesto de aplicación voluntaria por parte de los municipios y que podría ocurrir que hubiera ayuntamientos que vistos los problemas jurídicos que has lastrado su operatividad en los últimos años optara por eliminarlo. La FEMP ha entendido la posición de cautela en este ámbito adoptada por Hacienda, pero considera que es de justicia que el Gobierno se comprometa a habilitar a futuro un dispositivo de compensación para los casos en que los ayuntamientos salgan perjudicados por este cambio legal.
Un grupo de trabajo para encontrar una solución
El compromiso que pretende arrancar la FEMP del Gobierno es la creación de un grupo de trabajo que se encargue de hacer el seguimiento del impacto real de la reforma de la plusvalía urbana y analice las posibles soluciones que se pueden aplicar para compensar a los ayuntamientos en los casos en que pierdan recaudación. La Federación de Municipios constituyó la semana pasada un grupo de trabajo interno con el objetivo de explorar a lo largo de los próximos meses un inventario de herramientas o dispositivos para garantizar que los ayuntamientos españoles no salgan perdiendo.
Su primer encargo ha sido redactar una propuesta de enmienda que la FEMP va a circular a todos los grupos parlamentarios con el objetivo de que se incorpore al texto presupuestario en el trámite del Senado y concrete el compromiso del Gobierno con una solución. El presidente del FEMP, Abel Caballero, explicó en Vigo en el marco del Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que ya ha trasladado su intención a la ministra de Hacienda y a la secretaria de Estado de Hacienda y trasladó también su confianza en que se pudiera incorporar a los Presupuestos de 2022.
La FEMP ha dejado claro en las últimas semanas que este asunto es estratégico para los ayuntamientos españoles, para los que la plusvalía urbana supone de media el 4% de sus ingresos, y que su objetivo no es solo compensar las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la nueva ley, sino también las generadas en el pasado por el goteo de sentencias del Constitucional que obligaron a cambiar la aplicación del impuesto y se tradujeron en pérdidas para las arcas municipales.
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