El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es un escenario habitual de la siguiente frase: "Hay que cambiar el sistema de financiación autonómica". La queja suele producirse en el turno de ruegos y preguntas, ése momento de la reunión que los consejeros regionales aprovechan para reivindicarse ante el Ministerio de Hacienda.
Porque hace tiempo que en una reunión entre Estado y autonomías no se habla oficialmente (si por ello se entiende como punto en el orden del día) de una modificación en el modelo. Pero, de un tiempo a esta parte, y con la crisis de por medio, se ha vuelto a mirar al sistema como culpable de los números rojos autonómicos.
La más insistente suele ser en los últimos tiempos Murcia, una región donde el PP acumula varias mayorías absolutas y desde la que vino la primera queja de un presidente popular sobre las competencias asumidas.
Aunque el terreno del CPFF es distinto porque se trata del órgano que pone de acuerdo a las administraciones en materia económica. Según fuentes que asisten a estas reuniones, a Murcia se le sumó el pasado jueves en su reivindicación otras dos regiones en manos del PP: Comunidad Valenciana y Galicia.
Y no es una cuestión de que son las más ahogadas financieramente hablando. Vale que Murcia está en la parte alta de las que incumplen el déficit y la Comunidad Valenciana lidera la ratio de deuda sobre su PIB, pero Galicia es de las regiones con una situación más estable (dentro del deterioro generalizado).
Las tres, en resumen, lo tienen claro: el sistema de financiación no responde adecuadamente a las necesidades que cada autonomía se ve obligada a cubrir. Sobre todo, en cuanto los ingresos fiscales se desploman (como está ocurriendo con la crisis) y el gasto se ha mantenido estable (e incluso creciente) a lo largo de los años.
Con todo lo que tiene encima de la mesa, el Gobierno de Mariano Rajoy elude meterse en el debate sobre el sistema (pese a que Esperanza Aguirre subiera la apuesta hace poco) y prefiere incorporar nuevas medidas de inyección a las CCAA en función de sus necesidades.
En ese sentido se aprobó el mecanismo de pago a proveedores (por el que las autonomías empezarán a pagar sus deudas el 30 de junio), se amplió el tiempo de devolución al Estado de la deuda que las CCAA mantienen con él, se adelantaron pagos de la financiación y se estudia un sistema por el que el Estado respalde la emisión de deuda autonómica.
El problema es el sistema, le recuerdan desde Murcia y, desde la semana pasada, con mayor insistencia desde Galicia y Comunidad Valenciana.
Antes del 15 de junio habrá de nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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