El plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid para alistar como rastreadores a personal de las mutuas de accidentes de trabajo ha entrado en vía muerta. Según el planning trazado desde la Consejería de Sanidad, este pasado lunes era el día marcado en rojo para que una veintena de profesionales sanitarios de las mutuas -entidades colaboradoras del sistema de Seguridad Social- recibieran una 'formación de formadores' del Servicio Madrileño de Salud con el objetivo de que este mismo martes formaran a un grupo más extenso de compañeros y que ya con ese pequeño cursillo realizado éstos se incorporaran ya este miércoles 19 al equipo de rastreadores de la Comunidad de Madrid.
El asunto sin embargo ha quedado pospuesto 'sine die', según han confirmado a La Información fuentes sindicales y del sector. El cursillo de formación de formadores previsto para este lunes no ha llegado a convocarse y ni siquiera hay fecha prevista para el mismo, aseguran estas mismas fuentes, y lo que a finales de la semana pasada se daba como cosa hecha - la incorporación de un grupo más o menos nutrido de profesionales sanitarios de las mutuas a la plantilla de rastreadores de la Comunidad de Madrid - se observa ahora como una posibilidad remota.
Las dudas de las entidades del sector sobre la solidez del soporte jurídico enarbolado por la Comunidad de Madrid - una orden emitida por la Consejería de Sanidad el pasado 28 de julio - para impulsar esta iniciativa aparecen en las conversaciones con fuentes del sector como la principal causa de esta paralización, por el momento temporal. Existen dudas sobre que la Comunidad de Madrid pueda disponer libremente del personal de las mutuas fuera de un contexto excepcional como el que sí se dio durante el estado de alarma, también sobre que ello pueda hacerse sin la autorización expresa del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, del cual dependen funcionalmente las mutuas de accidentes de trabajo; pero es que incluso hay dudas sobre que la orden de la Comunidad de Madrid habilite al Sermas para incorporar a sanitarios de las mutuas como rastreadores. "La orden hace referencia a la posibilidad de recurrir de forma excepcional y en un caso de emergencia sanitaria grave a recursos del sector privado y de las mutuas", explica Noelia García-Baltasar, responsable de mutuas del sindicato UGT en la Comunidad de Madrid, "pero especifica que se hará cuando los recursos no alcancen para garantizar una adecuada asistencia sanitaria y en este caso no se está requiriendo al personal de las mutuas para dar apoyo a la asistencia sanitaria, sino para realizar tareas de rastreo de contactos, que es un servicio de prevención".
Por lo pronto, el sindicato ha solicitado a sus servicios jurídicos que analicen la situación, para determinar hasta qué punto las mutuas estarían obligadas a atender a un eventual requerimiento de la Comunidad de Madrid. "No es que desde las mutuas no queramos colaborar, ya lo hicimos en los peores momentos de la pandemia reforzando la asistencia sanitaria que se prestaba desde el Sermas e incluso reforzando la plantilla de las residencias", explica la portavoz de UGT, "pero hay que garantizar que se hace con una base legal clara y sin alentar incoherencias como que se haya estado semanas sin contratar rastreadores y ahora se quiera hacer labores de rastreo con personal sanitario de las mutuas a coste cero".
Con un marco jurídico difuso y sin pronunciamiento alguno sobre el asunto por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que ha optado por guardar un perfil bajo en este asunto, las mutuas más concernidas por el llamamiento de su patronal AMAT y del Gobierno de la Comunidad de Madrid - entre las que se encuentran muchos de los principales 'players' del sector como Fremap, Asepeyo, Fraternidad-Muprespa o Ibermutua - han optado por responder al mismo, pero con cautela. Según las fuentes consultadas, el grupo de 19 mutuas requeridas por el Gobierno regional por disponer de dependencias en la Comunidad de Madrid han ofrecido a un total de 19 profesionales para realizar la formación de formadores y han trasladado a la patronal AMAT, que les remitió un documento excel para que detallaran el número de profesionales que cada uno tendría disponible para apoyar en esas tareas de rastreo, que para el periodo del 19 de agosto hasta el 13 de septiembre podrían ceder entre 13 y 21 profesionales, poco más de un empleado por mutua.
Según estas mismas fuentes, las entidades habrían trasladado a su patronal que una vez finalizado el periodo vacaciones y normalizada la presencia normal de la plantilla esa cifra podría ampliarse por encima del centenar de profesionales, pero también han puesto especial hincapié en subrayar que el hecho de estimar esa disponibilidad de personal no implica que pudieran poner todos esos profesionales a disposición de la Comunidad de Madrid si el Gobierno regional optara por requerir su presencia, ya que deben garantizar en primer lugar la apertura de sus centros y la prestación del servicio.
Una maniobra extraña
Fuentes del sector de las mutuas ya advertían a mediados de la semana pasada que las entidades no iban a hacer nada si no mediaba una autorización expresa del Ministerio de Seguridad Social. Durante los últimos días muchas entidades se han sentido entre la espada y la pared. La falta de una respuesta contundente sobre el asunto del Ministerio, las urgencias con las que la patronal AMAT les instó a responder al requerimiento de la Comunidad de Madrid en cuestión de horas y la certidumbre de que el Gobierno regional estaba decidido a incorporar en apenas una semana a decenas de sus empleados les puso en estado de guardia. Las entidades se veían ante un escenario en el que tenían que responder a un requerimiento formulado por una Administración autonómica sin saber a ciencia cierta si debían o no poner a sus trabajadores a disposición de la misma.
Una fuente del sector resume cuál era el estado de ánimo general. "Había disposición a enviar al personal a los cursos de formación, pero no tanta a enviar al personal a ejercer como rastreadores para el Sermas". Algunas entidades incluso llegaron a instar a la patronal AMAT a aclarar el grado de obligatoriedad del requerimiento del Gobierno regional ante la evidencia de que ésta no les había remitido el mensaje original enviado por la Consejería de Sanidad sino que les había trasladado el espíritu...Según las fuentes consultadas no ha sido hasta este lunes cuando la patronal AMAT ha aclarado que no se trataba de un requerimiento formal exigiendo el cumplimiento de una norma regional, sino de una mera prospección para conocer los recursos disponibles para realizar esta tarea.
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