La negociación colectiva verde se cuela en la agenda de la presidencia del Consejo UE

La transición ecológica atraviesa todos los aspectos de la vida, por lo que el trabajo no es ajeno a los retos que plantea el cambio climático. Yolanda Díaz es consciente de ello y así lo recalcó en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSO) de la Unión Europea, donde apuntó que el diálogo social figura entre las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE que se extenderá durante el segundo semestre del año. "Ha llegado el momento de reforzar la negociación colectiva verde, que ayude a gobernar las transiciones entre diferentes sectores", sostuvo hace algo más de una semana la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, abriendo una nueva veda en las conversaciones que mantienen patronales y sindicatos. 

El Consejo Social y Económico Europeo (CESE) ya ha comenzado a trabajar en un dictamen que aborda esta materia, a petición de la próxima presidencia de turno, España, que se espera que sea aprobado en el pleno de junio. La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, forma parte de ese órgano y recalca en conversación con La Información la importancia de esta iniciativa desde el plano comunitario, ya que sentará un marco común para todos los trabajadores de los estados miembro, frente a las diferencias que se aprecian en la actualidad. "Hemos detectado que cada vez se introducen más cláusulas en los convenios que hacen referencia a la protección de los trabajadores por el impacto de la crisis climática sobre el empleo", explica, puesto que el cambio climático tiene efectos en las empresas, la producción y los puestos de trabajo. 

Barrera define la negociación colectiva verde como el canal fundamental con el que cuentan empresas y trabajadores para encontrar soluciones a los retos que incorpora la crisis climática al ámbito del trabajo. Las conversaciones mantenidas entre empresarios y representantes sindicales dan lugar a diferentes cláusulas que son incorporadas después al convenio, ya sea sectorial o específico de la empresa. En ellos se hace referencia al impacto de la actividad de las empresas en el medioambiente, la protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático como las temperaturas extremas, la transformación de las empresas que demandan nuevos perfiles, que además son cambiantes y hacen necesaria la formación continua, por lo que también se entra a valorar los nuevos costes asociados a esta transición verde. 

"Hasta ahora no tiene un gran desarrollo"

"Hasta ahora no tiene un gran desarrollo, pero hemos podido recoger un compendio de las cláusulas que hay a nivel europeo y comienza a haber un número bastante importante, no solo de cláusulas de negociación colectiva, sino también de acuerdos en el marco del diálogo social que reconocen el impacto que está teniendo en el entorno laboral el cambio climático", apunta la representante de la Unión General de Trabajadores. Francia es un ejemplo de estos avances, ya que han definido e introducido en el código de trabajo el reto que esta coyuntura representa para el empleo, lo que sirve de impulso para que esta cuestión entre en las negociaciones mantenidas entre empresarios y trabajadores. 

Para Barrera, el papel que pueden jugar los estados para fomentar que se aborde el reto climático en el marco de las empresas es fundamental, un rol que también puede adquirir la Comisión Europea. Por ello, destaca la importancia de que el Gobierno de España haya querido poner en marcha una iniciativa legislativa que siente las bases de la negociación colectiva verde a nivel europeo, a través de la facultad de orientar la política comunitaria que le otorga ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante la segunda mitad del año. No obstante, es probable que esos seis meses no sean suficientes para cerrar un resultado en forma de directiva, si bien entiende que, de entrada, el planteamiento es muy positivo por el gran seguimiento que tendrá esta cuestión. 

En España, el reto climático ha sido abordado en la Estrategia de Salud y Seguridad Laboral 2023-2027 que firmaron hace apenas unas semanas Gobierno, patronales, sindicatos y comunidades autónomas y que dará pie a la apertura de una mesa de negociación para actualizar la normativa en materia de riesgos laborales, que es de la década de los 80. Además, empresarios y representantes de los trabajadores trabajan actualmente en un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sirva de marco hasta el año 2025, por lo que se espera que los efectos del cambio climático también jueguen un papel en estas conversaciones. Mientras que desde el Ministerio de Trabajo; Díaz ha apostado por un "nuevo laboralismo democrático" que cuide al trabajador en este proceso de transición ecológica.