"En la Administración del Estado hay brecha de género, aunque el Gobierno no la quiera ver". Con esta contundencia se despachaba hace poco más de un año la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO con el entonces portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, por unas declaraciones en las que proclamaba la inexistencia de brecha de género en la Administración Pública por la garantía de igualdad que tienen todos los procesos de acceso a un puesto en la Administración. El de CCOO no es un posicionamiento aislado. Los otros dos sindicatos mayoritarios en la Administración - UGT y CSIF - coinciden en la persistencia de un brecha de género, que no nace de las tablas salariales - iguales para empleados y empleadas públicas - sino de aspectos más sutiles, vinculados a la promoción interna, las reducciones de jornada o la concentración de los peores complementos retributivos en los puestos más feminizados.
La certeza de que existe una discriminación latente también en la Administración Pública es la que ha alentado la demanda por parte de las centrales sindicales de una auditoría interna que permita detectar y combatir este tipo de situaciones. CCOO incluso ha ido un paso más allá y hace un año abrió una negociación con el Gobierno para destinar una parte de los fondos adicionales previstos en el acuerdo para la mejora de la situación de los empleados públicos al cierre de esas brechas de género dentro de la Administración, de las que la única noticia acreditada es un informe realizado en el ámbito del Ministerio de Fomento que detectó diferencias retributivas de hasta 6.000 euros (un 19%) entre los funcionarios y las funcionarias de ese departamento.
Las expectativas creadas por la llegada del Partido Socialista al Gobierno tampoco se han visto satisfechas en este ámbito. El Gobierno ha impuesto por decreto a las empresas de capital privado la obligación de auditar sus políticas salariales para evitar brechas de género en su seno, pero no ha actuado con la misma diligencia en el ámbito público: no ha abordado la auditoría salarial interna en la Administración del Estado que exigen los sindicatos desde hace años para tener un diagnóstico preciso del asunto y tampoco ha impulsado ninguna actuación similar en el ámbito de las empresas públicas.
Gobierno: no hay brecha salarial en la AGE
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene sus motivos. "No existen brechas salariales en la AGE", aseguran. "En la Administración del Estado el mismo puesto tiene la misma remuneración, lo ocupe un hombre o una mujer", subrayan, negando también que durante la negociación sobre la distribución de los fondos adicionales - negociación que los sindicatos niegan - se haya planteado la opción de destinar parte de esos fondos a reducir la brecha salarial.
¿Por qué se dan entonces esas diferencias que denuncian los sindicatos y que puso de manifiesto el informe del Ministerio de Fomento? "Sí puede existir en determinados sectores que pueda suceder que las ocupaciones masculinas están mejor pagadas, pero no es discriminación por razón de sexo, es una cuestión de que ese sector concreto está más masculinizado", explican desde el Ministerio.
Se llame discriminación, distorsión o circunstancia, el caso es que el asunto se identificó como problemático ya en el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado de 2015, se consignó una estrategia para resolverlo -promover una mayor concurrencia de mujeres a puestos ocupados mayoritariamente por hombres- y se incumplió, como se puso de manifiesto en este informe de balance del sindicato CSIF. Se trata por tanto de una cuenta pendiente de la Administración.
El sindicato UGT también identificó este fenómeno como una de las causas de la brecha salarial en la Administración e instó al Gobierno a ponerle solución, "mejorando las condiciones laborales en los sectores más feminizados, reduciendo la elevada incidencia del empleo precario y neutralizando decisiones que acaban alimentando la brecha salarial como complementos salariales, clasificación profesional, promociones...".
El Ministerio tampoco cree que se pueda catalogar como discriminación el hecho de que haya más hombres que mujeres en los puestos directivos de la Administración del Estado. "Desde el Ministerio se observa que con motivo del desarrollo de la carrera profesional, sí es cierto que en determinadas edades las mujeres acceden menos a puestos directivos, no porque haya brecha salarial sino porque, por razones de conciliación, optan más por conciliar. Eso no representa una brecha salarial en el sentido de que el hecho de que ocupe un puesto una mujer o un hombre signifique una diferencia retributiva".
Función Pública explica que, en este sentido, ya se han puesto manos a la obra para "fomentar que las políticas de conciliación no sean incompatibles con puestos de dirección y por tanto se pueda aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos".
El oscuro reparto de la productividad
Otro de los frentes en los que los sindicatos sospechan que se arraiga la brecha salarial dentro de la Administración es el reparto de las productividades, un ámbito caracterizado por la oscuridad y por la ausencia de una metodología o un criterio público, salvo en casos muy contados en la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. El Ministerio que dirige Meritxell Batet también niega discriminaciones en este campo: "las productividades y su reparto son competencia de Hacienda y de las distintas subsecretarías en función del rendimiento de los empleados y empleadas públicos, y se distribuyen por sus funciones en el puesto de trabajo, no en razón de sexo".
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene sus razones, pero éstas no convencen a los sindicatos que como mínimo exigen un diagnóstico. Un diagnóstico que, hasta hoy, los sucesivos gobiernos ni han realizado ni han facilitado.
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