Lunes, 17.06.2019 - 13:29 h
La morosidad, enquistada

Ni con ayuda: la mitad de las CCAA aún pagan sus facturas fuera del plazo legal

El Banco de España advierte del riesgo para las pymes y la estabilidad presupuestaria de la elevada deuda comercial de las administraciones públicas.

Periodo medio pago
 

De poco han servido los esfuerzos por reforzar el marco legislativo de control de la deuda comercial de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas, al menos, en lo que a la morosidad se refiere. Prueba de ello es que todavía más de la mitad de las comunidades autónomas incumplen el plazo legal de 30 días para pagar sus facturas a las empresas proveedoras.

Si bien las medidas puestas en marcha desde 2012 han permitido reducir tanto el stock de la deuda comercial, desde el 3,4% del PIB en 2011 hasta el 1,1% en 2017, como el periodo medio de pago a los proveedores, la mayor parte de las AAPP continúan presentando todavía plazos de pago superiores a los que contempla la ley, con desviaciones significativas en el caso de algunas corporaciones locales de menor tamaño.

Son algunas de las conclusiones de la última nota de análisis que ha elaborado el Banco de España a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y que pone negro sobre blanco las serias consecuencias que implica la morosidad de la administración no solo para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, sino especialmente para la viabilidad de las empresas españolas, en particular de las pequeñas y medianas.

En concreto, el supervisor advierte de que una cuantía elevada de deuda comercial, junto con un retraso excesivo en el periodo medio de pago (PMP), puede acarrear consecuencias negativas sobre las empresas proveedoras, sobre todo en el caso de España, teniendo en cuenta que una inmensa parte del tejido empresarial (en torno al 99%) está constituido por pymes, que se enfrentan a mayores dificultades de financiación.

Entre las consecuencias más graves, el texto detalla que las compañías podrían verse obligadas a "ajustar su estrategia de producción y retrasar las decisiones de inversión y contratación". Es más, si finalmente la administración acaba no resarciendo sus facturas pendientes, "el impacto podría ser aún más significativo (...) llegando incluso a poner en peligro su viabilidad"

En este contexto, el Banco recuerda la puesta en marcha de medidas como la ley de control de la deuda comercial en el sector público, que incluyó el cumplimiento del límite del PMP entre los objetivos de estabilidad presupuestaria, la publicación de nuevas estadísticas y el apoyo financiero recibido del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP). Este mayor control ha permitido reducir el nivel de deuda comercial y los retrasos en el abono de las facturas de las AAPP, sin embargo, todavía estamos a medio camino.

Pero además, no hay que olvidar que desde el pasado mes de abril, y en virtud de un Real Decreto aprobado en diciembre de 2017 que adapta la normativa española a la europea, las Administraciones Públicas tienen de manera efectiva 30 días como máximo para abonar las facturas a sus proveedores, y no un plazo real de 60 días de que disponían según la metodología fijada en su momento por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.

Ahora, la Ley de Morosidad permite que ese plazo máximo se supere una vez de forma ocasional, pero si se rebasa durante dos meses seguidos la Administración de turno se enfrenta a sanciones de hasta 819.780 euros, en función de la gravedad de la situación. No obstante, la proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que contempla este régimen sancionador lleva varios meses estancada en el Congreso.

Cantabria, la más morosa

La amenaza de sanciones pone contra las cuerdas a muchas comunidades autónomas, pues solo ocho abonaban sus facturas dentro del plazo legal de 30 días, siendo Galicia la región que antes paga a su proveedores, en un periodo medio de 14 días. Por detrás, con 22 días, se sitúa Andalucía, y le siguen Canarias, País Vasco, Madrid, Murcia y Navarra. Todas las demás regiones son morosas, la que más, Cantabria, que duplica el PMP legal establecido al tardar en desembolsar sus facturas nada menos que 65 días. De media, las CCAA pagan con 9 días de retraso.

Los datos oficiales para los subsectores de la administración pública reflejan además que solo la Seguridad Social respeta la ley y cumple el plazo legal de pago. Mientras, con datos del septiembre pasado, las corporaciones locales se desfasan nada menos que 33 días sobre los 30 legales, es decir, los ayuntamientos tardan, de media, 63 días en responder económicamente a sus proveedores. Por su parte, la administración central es la segunda más morosa, al superar en 17 días el plazo legal y demorarse de media unos 47 días.

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