Nicolás González Casares. Un nombre común como otro cualquiera y que probablemente no le venga a la memoria. Nacido en A Coruña el 20 de julio de 1972 y con casi 20 años de profesión como enfermero (diplomado por la Universidad de Santiago), tiene por delante muchas horas de trabajo. El eurodiputado por el PSOE ha sido elegido por su grupo como ponente para liderar la propuesta de reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea (UE). En su opinión, la propuesta que la Comisión Europea (CE) es "poco ambiciosa" y el político ha sorprendido con 186 enmiendas.
Políticamente siempre ha estado vinculado al PSOE y ha ocupado diferentes cargos orgánicos a nivel local y regional, además de haber concurrido en diferentes listas electorales a lo largo de 15 años. Ha sido Teniente de Alcalde de Lalín y, en 2019, inició su andadura europea dentro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D). Algunos piensan que es la principal baza de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero él mismo asegura que no solo trabajará por los intereses de España y que defenderá los de todos los estados miembro.
“Mi objetivo fundamental con el 'cap' es tener un elemento predecible. Este 'cap' entraría en vigor solo cuando lo decida la Comisión y cuando se superen ciertos límites de precios, es decir, no entra en funcionamiento cuando esté en 180 euros/MWh, sino cuando se den varios meses con un precio superior. Quiero hacer una reforma desde el punto de vista social, en vista de la crisis de precios que hemos tenido. Esto supone proteger a las personas ante posibles subidas de precios. También hay que hacerlo por el bien de la transición energética. Si la gente entiende que las renovables son más caras, vamos a fracasar. Sin embargo, si damos una señal equilibrada de precios a medida que entran más renovables en el sistema, también la ciudadanía verá que son un éxito en la lucha contra el cambio climático y desde el punto de vista económico”, señala González Casares en conversación con La Información.
La CE presentó su propuesta el 14 de marzo y en ella rechazó la idea de imponer precios regulados para la electricidad generada por instalaciones nucleares o hidráulicas, tal y como pide España. "Por fin tenemos una reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, bienvenida sea. Creo que, de algún modo, va bien encaminada, pero no es lo suficientemente ambiciosa, sobre todo en lo que respecta a las medidas de emergencia. Creemos que con estas medidas que ustedes proponen no se resolvería la pasada crisis de precios", dijo al día siguiente de conocerse el documento de Bruselas (y cuando todavía no había sido designado como ponente).
Pide más mano dura
Para el eurodiputado, los precios de la electricidad competitivos "son imprescindibles" y, en este sentido, los socialistas insisten en que la propuesta no recoge "medidas contundentes para abordar otra crisis de precios". "Tenemos medidas de emergencia positivas que han conseguido desacoplar el precio del gas de la electricidad. Pueden ser valiosas para ayudar a reformular el diseño para hacerlo resiliente por defecto a situaciones de alta volatilidad. Las centrales inframarginales seguirían obteniendo rentas excesivas en los casos de crisis de precios", señaló.
España es la principal defensora de acabar con el actual diseño marginalista del mercado mayorista eléctrico ('pool' en la jerga), mientras que una coalición de siete países, liderada por Alemania, aboga por un ligero ajuste ahora y una reforma más profunda con más tiempo. La Comisión, que trabajó su propuesta con las capitales y tiene que negociar la versión final con los Estados miembro y con el Parlamento Europeo, rechaza así acabar con el sistema actual de fijación de precios marginalista en el mercado intradía, de forma que la tecnología más cara, generalmente el gas, siga marcando el precio del resto de formas de generación. No obstante, promueve que se reduzca la exposición a ese mercado volátil, facilitando que, de facto, se pueda desacoplar el precio del gas del de la electricidad.
El 11 de abril, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas confió a González Casares liderar la propuesta de reforma. El político gallego, que no se declara gran enemigo del sistema marginalista como tal, dijo que los consumidores y las pymes estarán en el centro de su iniciativa y aseguró (en una entrevista con el Faro de Vigo) que "los beneficios caídos del cielo en las energéticas no pueden ser estratosféricos". En España, el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, introdujo una minoración de los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.
Tras el revuelo de las compañías eléctricas, el Ejecutivo rectificó un mes después dejando exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo de antes del 16 de septiembre de 2021. Además, dejó fuera a los nuevos que también mantuvieran un precio fijo, mientras que si tenían indexado el precio al mercado, se minoraría la parte proporcional. En los demás supuestos se aplicó la misma regla de minoración. Ya en marzo de 2022, el Ejecutivo puso un límite específico y dijo que se aplicaría la minoración -hasta diciembre de 2023- a todos los contratos bilaterales que tuvieran un precio de cobertura superior a los 67 euros el megavatio hora (MWh). Por su parte, Bruselas planteó establecer el límite en 180 euros/MWh al dinero que recibe la generación eléctrica a partir de renovables, nuclear y lignito.
En este sentido, González Casares propone que se mantenga dicho tope como una "válvula de escape" y como un instrumento al que recurrir cada vez que los precios de la electricidad se disparen por encima. "Será más difícil una tramitación tan rápida como la que pretende. Con estas enmiendas se otorga una mayor discrecionalidad a los Estados miembro, lo cual es la estrategia de España, pero con el consiguiente riesgo de que cada país vaya por libre", señalan fuentes del sector.
El objetivo de Teresa Ribera es que la reforma salga adelante antes de que finalice la presidencia española del Consejo de la UE. En cuanto a los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPAs), el político propone incrementar la transparencia del mercado mediante una base de datos europea, la entrada de pequeños actores, bajar los costes de transacción mediante la estandarización para su uso de forma voluntaria y crear una plataforma para el comercio. Actualmente, se limitan a grandes empresas y a energéticas verticalmente integradas. El ponente, que en Bruselas se conoce como 'rapporteur’, ha mantenido medio centenar de reuniones con agentes del sector (entre patronales y empresas) y espera llegar a acuerdos para que en el mes de julio se vote en el Comité de Energía e Industria.
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