En el contexto actual de alza de precios de la electricidad como consecuencia de la invasión de Ucrania, cada vez son más los que se interesan por las opciones de autoconsumo en un intento por reducir la factura de la luz a final de mes. En España, optar por la energía solar resulta especialmente atractivo, no solo por el gesto que supone para el planeta, sino por las altas tasas de radiación que hacen que la inversión sea muy rentable en el medio plazo. La instalación de placas solares destinadas al autoconsumo en el domicilio, podrían suponer un ahorro de entre el 50 y el 80% de la factura eléctrica. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las instalaciones fotovoltaicas para particulares requieren un desembolso inicial importante. Desde la empresa instaladora Solfy indican que el promedio es de 7.000 euros, aunque en función del tipo de instalación puede ir desde los 4.500 hasta los 10.000 euros.
Por ello, las administraciones públicas cuentan con diferentes bonificaciones para incentivar que más hogares opten por esta energía verde. Muchos ayuntamientos ofrecen bonificaciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que están prácticamente garantizadas al llevar a cabo la instalación, ya que son automáticas. No obstante, la ayuda que más impacto tiene en la recuperación de la inversión inicial proviene de los fondos Next Generation EU y fue aprobada por el Gobierno central en junio de 2021, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España presentado a Bruselas, aunque su gestión recae sobre las comunidades autónomas.
Sin embargo, las empresas del sector Otovo, Solideo, Solfy y Powen afirman, en conversación con La Información, que un año después no tienen constancia de que ninguna de estas ayudas europeas haya sido abonada a los titulares de la instalación. Es por esto que todos los instaladores hacen una diferenciación en los periodos de ‘payback’, en función de si finalmente se cuenta con la transferencia europea o no. En Powen estiman que sin tener en cuenta esta ayuda, el desembolso inicial de un particular podría recuperarse en cinco años, frente a los siete u ocho años de 2020, debido al aumento de los precios de la electricidad. No obstante, de contar con la transferencia de los fondos Next Generation, el periodo de amortización se reduciría hasta los cuatro o incluso tres años, dependiendo del consumo y del tipo de instalación. En Otovo se muestran preocupados porque estas ayudas "demasiado generosas para unos pocos" puedan contribuir a crear una burbuja en el sector que no le ayude a medio plazo, cuando se acaben las subvenciones, dado que el autoconsumo "ya es rentable de por sí".
Con todo, es importante tener presente que al tomar la decisión de llevar a cabo una instalación de este tipo, el ciudadano no tiene ninguna garantía de que vaya a recibir esta subvención, puesto que a diferencia de las otras bonificaciones, esta debe ser tramitada por el particular y recibe la concesión una vez llevado a cabo el proceso. Inicialmente, se estableció un plazo de seis meses en el que el ciudadano debía ver tramitada su solicitud, sin embargo, el notable retraso de las CCAA ha llevado a las administraciones a aclarar que la extensión del trámite más allá de ese periodo no implica el rechazo del expediente, como explican desde Powen. En este sentido, fuentes de la Comunidad de Madrid aclaran que no existe ningún plazo en el que deban ser abonados “los incentivos económicos”, por lo que todas las solicitudes recibidas se encuentran en plazo. Por eso, en Solideo entienden que la ayuda debe ser considerada “como algo adicional y no la motivación para convertirse en autoconsumidor de energía”, sino atender a su rentabilidad para tomar la decisión.
El retraso en la tramitación de las solicitudes se da de manera generalizada en todo el país, como confirma el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. Desde la asociación apuntan a que el problema reside en que se trata de subvenciones nuevas y las CCAA “van con mucho retraso en poner en marcha la infraestructura que tiene que resolver los expedientes” como consecuencia de la lentitud de los procesos de refuerzo de personal. Además, el volumen de solicitudes es muy elevado, la UNEF apunta a que si se cumple todo según lo previsto, se podrían conceder entre 300.000 y medio millón de ayudas con los fondos europeos. Aunque, por el momento, las pocas comunidades que han empezado con la tramitación solo han resuelto un pequeño porcentaje, como es el caso de Murcia, que ha revisado entre 200 y 400 expedientes frente a los cerca de 7.000 totales.
Este elevado volumen de solicitudes ha llevado a varias comunidades a solicitar una nueva partida de los fondos europeos, como es el caso de Madrid, que ya ha comprometido el 85% de los fondos de un total de 87.349.111 euros. Sin embargo, al ser preguntados por este medio, señalan que el retraso responde al “exhaustivo proceso de justificación y verificación minuciosa de las actuaciones subvencionables” fijados en el Real Decreto 477/2021. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), que depende del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya ha autorizado esta partida que permitirá que la Comunidad doble el presupuesto destinado a este fin. Por ello, desde la UNEF confían en que en esta y en el resto de comunidades, se conceda y abone la ayuda a todos los ciudadanos que cumplan los requisitos fijados en las bases reguladoras, a pesar de la demora.
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