La negativa de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a implantar en la legislación española un régimen sancionador que castigue económicamente a las empresas que incumplan la obligación legal de abonar los bienes que adquieran o los servicios que se les presten en un plazo inferior a 60 días amenaza con entorpecer la tramitación de una de las leyes más emblemáticas que ha presentado en los últimos meses, la conocida como Ley 'Crea y Crece' que aspira a impulsar el crecimiento empresarial permitiendo la creación de proyectos empresariales de forma rápida, por vía telemática y con tan solo un euro de inversión inicial.
Economía pretende utilizar este proyecto legal para dar respuesta a la preocupación manifestada desde Bruselas con la gestión que en España se hace de la morosidad en las operaciones comerciales. La Comisión Europea dio un ultimátum al Gobierno de España el pasado mes de julio para poner bajo control los retrasos en los pagos de las Administraciones Públicas, bajo amenaza de sanción, pero también ha deslizado en sus informes su preocupación por los elevados plazos medios de pago registrados en España, los mayores de Europa si se atiende a las denuncias planteadas desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Calviño pretende que la Ley 'Crea y Crece' afronte el problema con un paquete de medidas punitivas que van desde restringir el acceso a los fondos europeos y al resto de subvenciones públicas a las empresas que no cumplan los plazos legales de pago o establecer la posibilidad de resolver los contratos que mantengan con el sector público, y otras de carácter más administrativo, como la creación de un Observatorio de la Morosidad y la generalización de la factura electrónica para garantizar la trazabilidad de las transacciones comerciales entre empresas y disponer de un diagnóstico más fino del comportamiento de pagos de las empresas.
Sin embargo, Unidas Podemos y ERC, los socios parlamentarios preferentes del Partido Socialista y las fuerzas cuyo apoyo ya se ha demostrado necesario para sacar adelante cualquier proyecto legislativo en esta legislatura, ya han dejado bien claro a la vicepresidenta que esas medidas les parecen insuficientes y que su planteamiento pasa por la implantación de un régimen sancionador que penalice económicamente a las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la ley en su relación con sus proveedores. La falta de sintonía de ERC y Unidas Podemos con la vicepresidenta en este punto se visibilizó de manera muy clara en la última comparecencia de Nadia Calviño ante la Comisión de Economía.
Los argumentos de Calviño de que implantar un régimen sancionador sería una solución más costosa, excesivamente burocrática y más ineficaz fueron rechazados de plano tanto por los portavoces de ERC y Unidas Podemos que instaron a la vicepresidenta a escuchar más a los afectados. "Si el 92% de las pequeñas y medianas empresas solicitan la creación de un régimen sancionador para acabar con este problema igual es que algo puede ayudar implantar un régimen sancionador", le espetó el portavoz de Unidas Podemos, Txema Guijarro, que recalcó que el sistema de impagos favorece a las grandes empresas frente a las pymes.
Tanto desde Podemos como desde ERC se reclama la instauración del régimen sancionador respaldado de forma mayoritaria hace meses por el Congreso y que se incluye en una proposición de ley para reformar la ley de morosidad que lleva más de un año paralizada en el Congreso. El proyecto establece una escala de sanciones para las empresas que incumplan la ley de morosidad que va desde los 3.000 euros por una infracción leve hasta el millón de euros en caso de una infracción calificada como muy grave. ERC aboga también porque se hagan públicos los nombres de las empresas morosas con sus proveedores, del mismo modo que se hace con los contribuyentes morosos con Hacienda, para castigar socialmente un hábito, que según las principales organizaciones de pymes y autónomos está detrás de buena parte de los problemas de supervivencia de las sociedades de pequeño y mediano tamaño del país.
El ejemplo del transporte
Las ambiciones no satisfechas de las miles de pymes y autónomos que sufren este problema y de los partidos que defienden este esquema son ya una realidad tangible en el sector del transporte. Hace apenas unos días el BOE publicó la ley que modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y que implanta el primer esquema legal en España que sancionará económicamente el incumplimiento de los plazos de pago en operaciones comerciales. Las multas previstas van desde los 601 a los 30.000 euros y se modulan en función de los días de retraso en el pago, el daño causado al proveedor y la reincidencia a la hora de caer en estas prácticas.
Los estudios sobre el problema de la morosidad realizados por Crédito y Caución revelan que dos de cada tres empresas reconocen haber tenido problemas significativos a causa de la morosidad, cerca de la mitad admiten que esos procesos han acabado traduciéndose en pérdidas de ingresos y más del 10% subrayan que ha amenazado la continuidad de sus negocios. Hablamos en este último caso de cientos de miles de empresas.
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