El expresident de la Generalitat, Artur Mas, no es el único cargo o ex cargo público al que el Tribunal de Cuentas ha obligado a responder con su patrimonio por los recursos públicos dilapidados de forma irregular. El órgano fiscalizador de las actuaciones contables de las Administraciones Públicas ha levantado en lo que va de año 16 actas de liquidación a cargos y entidades públicas por el empleo irregular de los fondos públicos gestionados bajo su responsabilidad, según un informe interno difundido por la agencia Europa Press.
Esta línea de actuación del Tribunal de Cuentas ha saltado a la primera plana de la actualidad después de que el pasado 12 de noviembre trascendiera la condena del órgano fiscalizador al expresidente catalán Artur Mas y a los ex consellers, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega a devolver el gasto aplicado por la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre 2014, en una cuantía estimada en 4.946.788,16 euros, según la información a la que tuvo acceso Efe.
El Tribunal de Cuentas los consideró responsables contables directos y, por tanto, los condenó a reintegrar a la Generalitat la suma en que se cifra el alcance de sus respectivas responsabilidades. Así, por ejemplo, a Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros y, al resto, se les van imputando importes en función de su papel en la consulta ilegal.
En lo que va de año, el órgano presidido por María José de la Fuente ha tramitado 16 actas de liquidación provisionales por importe de 12,27 millones de euros por mala gestión de recursos públicos, lo que supone un incremento del 50% respecto al ejercicio de 2017.
Además de sus informes de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de enjuiciamiento contable con la que puede exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público. También se ejerce sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público.
Esta función es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, pero es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.
En todos caso, la cuantía económica de estas actas de liquidación está creciendo exponencialmente pues estos 12,27 millones superan con creces los recaudado en cada uno de los dos últimos ejercicios completos. En 2016 se instruyeron actas de liquidación por un importe total de 6,57 millones en 36 reclamaciones positivas, y el pasado año ya subió a 8,20 millones en 35 expedientes. En dos años son 14,7 millones, mientras que en este ejercicio ya van 12,27 millones en diez meses, un 49,63% más que en 2017 y un 86,52% más que en todo 2016.
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