Cs exige a Sánchez los informes jurídicos que avalan no dar nombres de la amnistía

"Ya me gustaría, pero no puede ser". Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le quedó más remedio que explicar en sede parlamentaria las razones por las que después de pasarse meses y meses en la oposición prometiendo que publicaría los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal, una vez en el Gobierno no podrá cumplir ese compromiso. 

Se refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP pero también advirtió sobre la imposibilidad de revisar con carácter retroactivo los actos administrativos firmes ejecutados bajo su amparo, y finalmente citó un misterioso informe de la Abogacía del Estado, fechado al parecer el pasado viernes 13 de julio, pero que ni fue mencionado por la ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ni era conocido en el área económica del Gobierno, desde donde se reconoció a La Información que se había solicitado opinión a varios funcionarios pero no se había solicitado informe a la Abogacía del Estado.

Ciudadanos quiere conocer más sobre el contenido del misterioso informe jurídico citado en el atril del Congreso por Pedro Sánchez y una vez finalizado el Pleno registró formalmente una petición al Gobierno, a través del diputado Francisco de la Torre, en el que solicitaba el "informe de la Abogacía del Estado de fecha 13 de julio de 2018 sobre la imposibilidad por inconstitucionalidad de publicar los nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal citado por el presidente del Gobierno en su comparecencia de 17 de julio".

Hasta ayer, el discurso oficial del Gobierno, acuñado desde el Ministerio de Hacienda, hablaba de consultas jurídicas y no de un informe jurídico de la Abogacía del Estado. El asunto no es irrelevante. Las consultas a departamentos para obtener informes motivados sobre diversas cuestiones son habituales en la dinámica cotidiana de los ministerios, particularmente para dar respuesta a cuestiones concretas de empresas, otros ministerios, particulares o para sostener respuestas parlamentarias del Gobierno.

Los informes a la Abogacía del Estado se solicitan cuando se quiere chequear la viabilidad jurídica real de una nueva ley o de una modificación legal, o se quiere chequear que una iniciativa gubernamental se ajusta al marco jurídico. Que el Gobierno hubiera solicitado opinión a la Abogacía del Estado implicaría una voluntad real de publicar los nombres de los beneficiarios, más allá del conflicto interno generado en el Consejo de Ministros por el asunto.