Las últimas víctimas han sido Deloitte y PwC. El Boletín Oficial del Estado publicaba este miércoles la sanción impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a ambas auditoras por la comisión de infracciones graves en los informes de auditoría realizados en 2012 al Banco Popular, en el caso de PwC, y en 2011 a ACS, en el caso de Deloitte, dos muescas más en una escalada de sanciones por parte del supervisor que ha desencadenado el descontento de las auditoras.
El asunto ha llegado a tal punto que el sector se ha decidido a actuar. La gota que ha colmado el vaso ha sido el borrador de la Memoria de Actuaciones del ICAC de 2017, en la que se refleja que el organismo supervisor de las auditoras ha detectado algún tipo de anomalía en el 100% de las auditoras evaluadas, según aseguran las fuentes consultadas.
Las cuatro grandes de la auditoría (PwC, EY, KPMG y Deloitte) ya no esconden su disconformidad con el tono de las actuaciones del ICAC, como demostró el presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, en su reciente comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera en España, y en círculos políticos y empresariales ha empezado a circular un pequeño dossier sin sello alguno, que fuentes próximas al mundo de la auditoría atribuyen al sector, en el que se exige una reforma en profundidad del ICAC que pase por su vinculación funcional a la CNMV.
La Información ha tenido acceso a ese documento que, en resumen, plantea cuatro cuestiones básicas. En primer lugar, exige garantizar la total independencia del ICAC del poder político, para lo que plantea su desvinculación orgánica del Ministerio de Economía. En el documento nada se dice de la CNMV, pero fuentes conocedoras del proceso de elaboración del dossier aseguran que la cuestión de fondo es reivindicar la ejecución del esquema de reforma de los supervisores incluido por Ciudadanos en sus acuerdos de gobierno con el PSOE (no nato) y con el PP y que, además de la escisión de la CNMC, planteaba la integración del ICAC en la CNMV como ya ocurre en otros países desarrollados.
El segundo principio que defiende el documento es la reforma integral del funcionamiento del organismo. El informe destaca que el ICAC no cuenta con los recursos suficientes para cumplir adecuadamente con sus funciones y cuestiona abiertamente que profesionales que no han realizado una auditoría de empresa en toda su trayectoria estén valorando y, en su caso, sancionando los trabajos de auditoría de compañías de trayectoria más que acreditada.
El documento exige una mayor transparencia en los criterios que aplica el ICAC a la hora de evaluar los trabajos de auditoría de las empresas privadas. Sostiene que las sanciones se refieren a cuestiones formales y nunca a aspectos de fondo, y que una mayor transparencia sobre los criterios utilizados podrían evitar muchas sanciones.
El grado de indignación del sector es medible a partir de la cuarta petición que sostiene el documento: el cese inmediato tanto del actual presidente del organismo, Enrique Rubio, como de sus tres subdirectores generales. De la actual cúpula del organismo, vaya.
"Creemos que la situación no es sostenible. La actuación del ICAC está poniendo en cuestión la reputación de las auditoras, de los informes de auditoría que se realizan en España e incluso del rigor contable de las empresas auditadas. Estamos ante una situación que puede afectar a la actividad económica del país", señala una fuente cercana al sector.
"El ICAC seguirá sancionando si se vincula a la CNMV"
"Hace años ya que desde ciertos sectores se presiona para que el ICAC se vincule a la CNMV, pero lo que hay que entender es que los funcionarios del ICAC van a seguir siendo los mismos y van a imponer las mismas sanciones ahora que cuando estén vinculados a la CNMV", asegura un ex alto cargo del supervisor de las auditoras contactado por La Información.
Desde el entorno del ICAC se rechazan las críticas del sector de las auditoras. "Es imposible que se hayan detectado anomalías en el 100% de las auditorías realizadas. El ICAC supervisa anualmente 200 o 400 procedimientos por auditora y el porcentaje de procedimientos en el que se detecta alguna anomalía suele ser marginal, de entre el 2% o el 3%", aseguran este ex alto cargo del organismo.
Tampoco comparte las críticas a la capacidad de los auditores del ICAC. "Muchos de ellos vienen de trabajar en grandes auditoras antes de superar la oposición y, en cualquier caso, los que vienen de la carrera funcionarial tienen que acreditar tres años de ejercicio de auditoría en la IGAE, auditando cuentas públicas y de grandes empresas estatales, antes de acceder al organismo. Son profesionales de gran nivel".
Para este ex alto cargo del ICAC las quejas de las grandes sobre la presión sancionadora del organismo tampoco son entendibles. "El ICAC inspecciona a las auditoras y cuando aprecia alguna anomalía realiza sus recomendaciones, porque ése es su papel. Para que se abra una investigación que derive en sanción tiene que mediar una denuncia, que normalmente llega del Banco de España, de la Dirección General de Tributos y, sobre todo, de la CNMV".
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