Iba a durar solo tres años y a cerrarse en 2016, pero ha funcionado tan bien y ha sido tan rentable que ahora hasta la nueva titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido darle un poco más de carrete. El Procedimiento de Regularización Catastral puesto en marcha por Cristóbal Montoro allá por 2013, que en principio iba a tener una vigencia de solo tres años y que después se prorrogó por dos ejercicios más hasta el 1 de julio de 2018 ante los positivos resultados obtenidos, vivirá una segunda prórroga hasta final de año, según acaba de resolver el nuevo equipo del Ministerio de Hacienda.
A través de una resolución de la Dirección General del Catastro, el Ministerio ha decidido mantener el programa de rastreo de inmuebles con características no declaradas al Fisco bajo el argumento de que el periodo de doce meses fijado para actualizar la fotografía catastral de los 1.272 municipios fijados como objetivo "resulta insuficiente para garantizar la adecuada tramitación" del proceso y "para comprobar la adecuación de la concordancia de las descripciones catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos y rústicos de los municipios indicados con la realidad inmobiliaria".
La búsqueda sistemática de irregularidades inmobiliarias por parte de los cerca de 1.500 efectivos que el Catastro dedica a estas tareas - con apoyo aéreo por parte de drones, incluido - continuará, por tanto, al menos hasta el 31 de diciembre y podrá continuar engrosándose la lista de más de dos millones de inmuebles regularizados reportada por Hacienda hace ahora un año y que constituye la última cifra oficial proporcionada sobre los resultados de este programa.
Según la información oficial del Ministerio de Hacienda, hasta el pasado verano el Catastro había rastreado 4.612 municipios, una masa inmobiliaria de más de 35 millones de fincas tanto urbanas como rústicas y había regularizado la situación de en torno a dos millones de inmuebles, que ya con sus nuevas características reflejadas en la información catastral habrían generado a los ayuntamientos 125 millones de euros de recaudación extra en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Aunque no solo los ayuntamientos han sacado tajada de este plan de inspección, también Hacienda se ha llevado su parte. Lo ha hecho a través de una tasa de 60 euros (la tasa por regularización y acreditación catastral), creada al principio de todo el proceso con el objetivo declarado de compensar "los costes derivados de la expedición de certificaciones y documentos en los que consten datos catastrales que no se obtengan directamente por medios telemáticos" y que le ha generado más de 100 millones de euros en ingresos a las arcas del Fisco estatal.
Viviendas no controladas, reformas clandestinas, piscinas sin declarar...
El plan de inspecciones del Catastro ha permitido aflorar situaciones de lo más rocambolescas. Especialmente célebre ha sido el caso del pueblo madrileño de Casarrubios, donde los servicios del Catastro se encontraron con más de un millar de piscinas que no aparecían por ningún lado en sus registros. Uno de cada cuatro vecinos del pueblo disponía en su vivienda de una piscina sin declarar.
El de Casarrubios es uno de los casos más llamativos, pero la casuística es interminable, según admiten fuentes del Catastro. Graneros convertidos en provechosas casas rurales, viviendas enteras levantadas a espaldas de los registros oficiales y exentas, por tanto, de la correspondiente tributación en el IBI, pequeñas obras para aprovechar mejor el espacio disponible que no se declaran, pisos troceados y convertidos en apartamentos turísticos sin la oportuna comunicación al Catastro, el catálogo de situaciones es interminable.
El único informe oficial que el Catastro ha proporcionado hasta ahora de este proceso de regularización, que se puede consultar en este enlace, identifica las construcciones de nueva planta no declaradas como el principal nicho de fraude inmobiliario en España. El 37,5% de las regularizaciones totales practicadas responden a la detección de viviendas que no existían en los registros oficiales (ver gráfico). La situación es particularmente grave en la cornisa cantábrica, donde protegidos por la dispersión de los núcleos de población y por las dificultades de acceso el porcentaje de irregularidades relacionadas con este tipo de prácticas se acerca al 50%.
Por motivos diferentes, en la Comunidad de Madrid y en Canarias la irregularidad con que más se han topado los funcionarios del Catastro ha sido la existencia de rehabilitaciones o ampliaciones de la vivienda sin declarar. Las reformas y cambios de uso realizados a espaldas del Fisco son especialmente relevantes en comunidades autónomas de interior, como Castilla y León y Aragón, aunque también es dominante en la Región de Murcia.
En cuando a las piscinas, suponen más del 10% de las irregularidades detectadas en Baleares, Cataluña y la Región de Murcia. En el conjunto del territorio, suponen el 5% de las irregularidades detectadas, lo que implica que en España había antes de este plan de inspección en torno a 100.000 piscinas sin declarar.
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